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El próximo lunes vence el nuevo plazo para que el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista), informe a la Contraloría General de la República (CGR) adónde fueron a parar los 502.480 millones de guaraníes, provenientes de la emisión de bonos en los últimos años, que debieron haber sido invertidos en obras de infraestructura. Es la pregunta que la ciudadanía se viene haciendo desde el 7 de mayo, día en que nuestro diario sacó a la luz el presunto desvío de fondos de enormes proporciones, sin que hasta hoy haya sido respondida por el máximo responsable de la administración municipal. En particular, se la vienen haciendo, entre otros, la diputada Johanna Ortega (PPS), que pidió un informe a través de la Cámara que integra, y el edil Álvaro Grau (PPQ), que lo hizo tanto con acuerdo de la Junta Municipal como ejerciendo su derecho ciudadano de acceso a la información pública, en dos ocasiones.
Se aguardan cumplidas explicaciones del intendente, que sirvan para disipar los fuertes indicios de que el dinero fue destinado al pago de gastos corrientes, a la cancelación de deudas y/o al aumento de patrimonios particulares, con la presunta complicidad o el encubrimiento de la mayoría de los concejales. El jefe de Gabinete, Nelson Mora, quien tuvo el tupé de afirmar que la Municipalidad no está endeudada, anunció que con el demorado informe a la CGR, la gravísima cuestión “se va a aclarar más”, como si ya hubiera sido aclarada al menos en parte. Pues no, sigue tan oscura como desde hace tres semanas, quizá porque demande mucho tiempo ajustar a las circunstancias numerosos documentos.
Es que no sería fácil demostrar el buen uso de los 6.000 millones de guaraníes previstos en 2021 para reinstalar el mirador de Itá Pytã Punta: nada se hizo, pero el dinero ya habría desaparecido misteriosamente. También costaría justificar el empleo de los 360.000 millones de guaraníes obtenidos en 2022 para construir ocho “cuencas pluviales”: solo se ha dado inicio a la construcción de dos de ellas, mediante un pago de 27.000 millones de guaraníes, pero resulta que, según el balance general de 2023 aprobado por la Junta Municipal, en la cuenta bancaria respectiva figuran apenas 48 millones. Para la modernización de la estación de buses se emitieron bonos por más de 27.000 millones de guaraníes: la obra costó 7.000 millones, de los cuales 4.000 millones fueron aportados por el seguro: por ahora se ignora dónde está la suma restante. Estos elocuentes ejemplos, a los que pueden sumarse, entre otros, los trabajos de prevención de incendios omitidos en el Mercado N° 4, ilustran la probable existencia de unos tremendos baches financieros y la tentación de rellenarlos de algún modo, para evitar consecuencias penales, pero presumiblemente incurriendo en otras irregularidades.
A los ediles, encargados de sancionar el Presupuesto anual y controlar su ejecución, no se les ocurrió echar tan siquiera un vistazo aleatorio para verificar la realización de las obras, pese a que cuentan con 1.400 enchufados, algunos de los cuales podrían haberles servido para algo útil. Peor aún: dando muestras de una caradurez a toda prueba, el intendente y los munícipes pretenden emitir este año bonos por valor de 380.000 millones de guaraníes para invertirlos en otras supuestas obras de infraestructura, mientras en verdad aún no se han rendido cuentas de 502.480 millones de guaraníes. Sería indignante que las notorias carencias de la ciudad sirvan de pretexto para obtener, por la vía del endeudamiento, unos fondos presumiblemente a ser desviados hacia unos canales inconfesables.
Aunque la CGR constatara una “grave irregularidad” en la ejecución presupuestaria, sería improbable, por obvias razones políticas, que el Poder Ejecutivo interviniera la Municipalidad, previo acuerdo de la Cámara de Diputados. Menos mal que el órgano contralor tiene el deber legal de denunciar a la Justicia ordinaria y al Poder Ejecutivo todo delito del cual se entere en el ejercicio de sus funciones, “siendo solidariamente responsable, por omisión o desviaciones, con los organismos sometidos a su control, cuando estos actuasen con deficiencia o negligencia”. Más aún, tratándose de la presunta comisión de un hecho punible de acción penal pública del que tenga noticias, el Ministerio Público tiene la obligación de actuar de oficio cuanto antes, sin esperar el dictamen de la CGR ni la denuncia de un ciudadano. En otros términos, no todo gira en torno a que la Municipalidad sea intervenida o no, suponiendo siempre que la documentación que entregue la Municipalidad no llegue a dar cuentas del faltante presunto.
Con su actitud evasiva, el intendente ha contribuido en gran medida a reforzar la sospecha de que se ha cometido una malversación gigantesca, sin precedentes en el ámbito comunal. Por eso, urgen las debidas explicaciones, aunque a Nenecho le costaría mucho darlas por no poder exhibir las obras que tendrían que haberse ejecutado. Quien administra dinero público debe estar siempre en condiciones de demostrar que ha sido invertido de acuerdo al Presupuesto. En este caso, los asuncenos tienen el derecho de saberlo.