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En la última sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno de la ANR, el “autoconvocado” presidente de la República, Santiago Peña, exhortó a los otros poderes estatales a que se sumen a la “lucha frontal contra la corrupción”, tal como ya lo había hecho el primer fin de semana tras su asunción al cargo el 15 de agosto de 2023, cuando se realizó la primera Cumbre de Poderes en la residencia presidencial, donde días más tarde estuvo jugando fútbol Erico Galeano. Como resultado de dicho encuentro, revestido de la mayor seriedad, el 23 de noviembre salió a la luz la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción, en un acto celebrado en el Palacio de López, al que asistieron las más altas autoridades del país y en el que el jefe de Estado pronunció un discurso que repitió literalmente anteayer en gran parte. Si el orador no creyó necesario decir algo nuevo es porque en seis meses no se ha avanzado un solo paso.
Es que el espectáculo de las Cumbres de Poderes y los documentos emergentes sobre el viejo flagelo, como el anterior Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción (2021-2025), son meras palabrerías formales que apuntan a que la ciudadanía crea que se quiere limpiar la casa, una pretensión que a estas alturas ya puede calificarse de ilusoria: la gente no es tan ingenua. Santiago Peña habló de la necesidad de que exista una “coordinación” entre los poderes del Estado en la “lucha frontal” siempre invocada y nunca emprendida. El oficialismo debería empezar por coordinarse a sí mismo: tiene mayoría en ambas Cámaras del Congreso, pero resulta que en la de Diputados aprueba un proyecto de ley sobre la “devolución premiada” en los casos de corrupción y en la de Senadores lo rechaza. Debe admitirse que los diputados cartistas y sus satélites son coherentes, pues se opusieron –con éxito– a una iniciativa de su colega Daniel Centurión (ANR, abdista), que declaraba la imprescriptibilidad de los hechos punibles contra el patrimonio del Estado. No es descabellado pensar así que lo aprobado en la “Cumbre de Poderes” sea rechazado en el Congreso por los propios partidarios del Presidente.
Además, cuesta creer que a los legisladores cartistas les repugne la malversación, más aún considerando que uno de sus líderes es el senador Basilio Núñez, autor de un proyecto de ley que blanqueaba el despojo de un inmueble chaqueño del Ministerio de Defensa: aquí no hubo “coordinación” con el Poder Ejecutivo, que vetó la iniciativa. La “lucha frontal” exigiría, entre otras cosas, que los legisladores oficialistas no propongan leyes que fomenten la corrupción ni se opongan a los proyectos, a los pedidos de informes ni a las interpelaciones que sirvan para combatirla. Pero, sobre todo, no basta con sancionar normativas apropiadas, pues también es necesario hacerlas cumplir, función principal del Poder Ejecutivo.
Es obvio que la armonización con el Poder Judicial, cualquiera sea el propósito, no debe afectar su independencia, pero ocurre que la Junta de Gobierno de la ANR aprobó por unanimidad, según su presidente Horacio Cartes, una resolución en la que se lee que “se disponen los medios necesarios para que las correligionarias y los correligionarios sigan acompañando la gestión de Gobierno, en especial de aquellos quienes (sic) se encuentran en la función pública, y de los que ocupan cargos en los diferentes poderes del Estado, para que orienten su conducta en ese sentido...”. Dejando abierto el enigma de cuáles serían esos “medios necesarios”, lo resuelto puede entenderse como que también los jueces colorados deben apoyar la gestión de Santiago Peña, avalando cualquier ilicitud o asegurando la impunidad de sus colaboradores. La “coordinación” con el Poder Judicial no puede conllevar la subordinación. Por lo demás, bastaría con que en la “lucha frontal”, sus miembros apliquen la ley suprema y el Código Penal, sin someterse a los poderes fácticos.
Antes de asumir formalmente su cargo, el Jefe de Estado dijo que eliminaría la Secretaría Nacional Anticorrupción, porque en diez años no habría hecho nada; allí continúa, sin que su desempeño se haya modificado en modo alguno. Su existencia pasa bastante desapercibida, quizá porque refleja el verdadero espíritu gubernativo, más allá de la mera retórica. Cuanto Santiago Peña dijo esta semana en la sede partidaria es más de lo mismo y tiene las características de un engañabobos, a lo que contribuye el hecho de que su líder no sobresalga precisamente por su absoluta integridad moral: un zorro mal puede ser el cuidador más indicado de un gallinero. Puede suponerse también que si exabdistas, como el diputado José Domingo Adorno y la presidenta del Instituto Paraguayo del Indígena, Marlene Ocampos, han cambiado de bando es porque tienen buenas razones para confiar en que el cartismo les garantice la impunidad en sus procesos –por presuntos grandes faltantes cuando se desempeñaban como gobernadores del Alto Paraguay–, mediante el control que ejerce sobre la Corte Suprema de Justicia y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. He aquí un efectivo “ecosistema de control”, bien distinto del que sería generado por una nueva legislación, como la anunciada en aquella Cumbre de Poderes, tan estéril como todas las referidas a la corrupción.
En pocas palabras, falta la voluntad real de sanear la República, pues quienes encabezan los poderes del Estado carecen de credibilidad y no van a ganarla mediante una simple declaración de intenciones, aunque la repitan una y otra vez.