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El Ministerio Público reveló que el año pasado se registraron 3.543 denuncias de abuso sexual contra niños, lo que da un promedio de poco más de nueve casos por día. La frecuencia de este crimen imprescriptible es alarmante, más aún porque la enorme mayoría de los casos –diez de cada doce– no saldría a la luz por la triste razón de que ocurre en el ámbito familiar, según informó Walter Gutiérrez, ministro de la Niñez y la Adolescencia, al presentar una guía para prevenir ese flagelo, en el lanzamiento de la campaña “Todos somos responsables”.
Un ultraje reciente acaecido en Carlos Antonio López (Itapúa) ilustra el drama que afecta a no pocos hogares: la madre de una niña internada en grave estado, debido a un presunto abuso sexual, fue detenida porque habría sido cómplice del autor, su hijo mayor. Las indefensas víctimas, que no tienen a quién recurrir para pedir auxilio, o que a veces sencillamente no son escuchadas aunque lo pidan, podrían arrastrar las secuelas durante toda la vida si no recibieran un tratamiento oportuno, algo que resulta improbable atendiendo las notorias carencias en la salud pública y los bajos ingresos de muchas familias.
La prevención resulta imprescindible. De ella, así como de la “atención integral” de los damnificados, del sector educativo, de la participación ciudadana y hasta del “seguimiento victimológico”, se ocupa la Ley N° 6202/18, que prevé sanciones si fuera incumplida, sin que hasta hoy existan personas o instituciones que las hayan sufrido. Pero hay condenas en virtud de la norma del Código Penal que castiga con entre cuatro y quince años de cárcel a quien “realizara actos sexuales con un niño”, sanción que en ciertas circunstancias es de diez a quince años de prisión. En cambio, queda impune el incumplimiento del deber de denunciarlos, dentro de las 48 horas posteriores al conocimiento del hecho.
Como suele ocurrir, las leyes en este asunto de tanta relevancia no tienen vigencia real. Hasta se cuenta con una entidad que en la práctica solo existe formalmente: la rimbombante Comisión Nacional de Prevención y Atención Integral del Abuso hacia la Niñez y la Adolescencia del Paraguay, que debe diseñar una “ruta de intervención interinstitucional” a ser seguida por las entidades del aún más impresionante Sistema de Protección y Promoción Integral de la Niñez y la Adolescencia, también integrado por las Consejerías Municipales especializadas en esas dos franjas etarias. Las actuaciones del “sistema” distan de ser lo bastante habituales y efectivas para concienciar a la población acerca de un crimen aberrante que, por lo general, se oculta bajo la alfombra, sobre todo cuando involucra a parientes próximos con los que muchas veces las víctimas conviven en espacios reducidos, para su mayor desgracia. Como siempre, abundan leyes e instituciones, pero se tienen escasos resultados.
Puede que los vecinos sospechen algo, pero prefieren callarse para no meterse en problemas, con la consecuencia de que la sociedad cierra los ojos ante un cruel fenómeno, de vastas proporciones. Los niños expuestos a ser violados están desprotegidos. En gran medida, deben tratar de protegerse a sí mismos, para lo cual la ley prevé que en los centros educativos se enseñe, a más tardar cada treinta días, el material didáctico elaborado por el Ministerio de Educación y Ciencias, para prevenir y detectar el abuso sexual, así como incluir entre los temas sanitarios los relativos a los medios para pedir ayuda. Además, las escuelas y los colegios deben incluir elementos que contribuyan a la identificación temprana, prevención, autoprotección, detección y denuncia del abuso sexual de que puedan ser víctimas los educandos. ¿Pueden afirmar las autoridades del ramo que estas obligaciones legales están siendo estrictamente cumplidas?
Si muchas veces los niños no pueden contar con la protección familiar en este gravísimo asunto, ya que de hecho pueden estar “durmiendo con el enemigo”, es preciso que la sociedad trate de ampararlos denunciando todo abuso del que tenga noticia; no debería dejar en las solas manos del Ministerio Público el combate de oficio contra esta calamidad tan difundida, ante la que ninguna persona de bien puede permanecer indiferente. El comprensible silencio de las víctimas directas no justifica la pasividad de las indirectas, esto es, la de quienes prefieren cerrar los ojos como si su conciencia no fuera afectada por las atrocidades impunes cometidas en su vecindario. Y, desde luego: las entidades públicas deben cumplir y hacer cumplir las leyes que amparen a los menores, en vez de limitarse a lanzar de vez en cuando campañas que responden más bien al deseo de pulir la imagen institucional que al sincero afán de precautelar a la niñez.