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A estas alturas, ya es de sobra conocido que los pobladores del departamento de Alto Paraguay están librados a su suerte, aunque gocen de igual derecho que los de otras zonas del país. Claro que los servicios son muy limitados en todo el país, pero no tanto como en el paupérrimo extremo norte, donde son enormes las carencias de diverso orden debido a la indiferencia, la desidia y la corruptela de los sucesivos Gobiernos nacionales y departamentales.
El drama sanitario, así como el de la falta de caminos, son los que golpean con mayor fuerza a los pobladores, que son atribuibles, en primer lugar, a las autoridades nacionales, empezando –obviamente– por las del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y de Obras Públicas y Comunicaciones. De igual manera, las autoridades regionales poco o nada han hecho por sus comunidades como sí lo han hecho por su propio bienestar, a tal punto que algunos exgobernadores están hoy cuestionados por la Justicia por millonarios faltantes en sus administraciones.
En cuanto al suplicio referente a la salud, varias veces nos hemos ocupado de la aguda carencia de los centros sanitarios de la región, lo que obliga a trasladar a los enfermos, generalmente gente de muy escasos recursos, hasta Asunción –distante unos 800 km–, a Concepción, a Pedro Juan Caballero o a algunas localidades brasileñas, también lejanas, muchas veces falleciendo por el camino o tras llegar a destino. Fue lacerante el caso de la esposa de un indígena traída a Asunción, donde falleció, y el drama que tuvo que sufrir el esposo para llevar de vuelta el cuerpo de la difunta. Fue muy penoso observar las fotografías publicadas del afectado sentado al costado de los caminos, junto al cajón de su esposa, pues tuvo que regresar “haciendo dedo” hasta el Alto Paraguay.
Como si fuera poco, y para reflejar aún más la precariedad de los nosocomios de ese departamento, citamos aquí el reciente caso de nuestro corresponsal en la zona, Carlos Almirón, que en una caída sufrió la fractura de un brazo. Tras una placa que confirmó la lesión, y ante la falta de un traumatólogo en el hospital de Fuerte Olimpo –al parecer no existe en todo el departamento–, se decidió trasladarlo hasta Asunción, a donde llegaron tras una odisea de diez horas. En el trayecto, el corresponsal se pudo enterar de que ni la enfermera ni el chofer de la ambulancia que lo acompañaron recibieron viático alguno para el viaje. Es para no creer.
Estos hechos chocan fuertemente con la realidad que se vive en “el otro Paraguay”, el de los políticos, legisladores y altos funcionarios, que gozan de seguros VIP, y cuando sus males son graves no viajan por caminos de tierra sino que se trasladan por aire a hospitales de alto nivel de otros países para ser atendidos. La situación de los habitantes del Alto Paraguay choca también estrepitosamente, por ejemplo, con la de los “nepobabies”, hijos y otros familiares de legisladores y encumbrados funcionarios nombrados con altos salarios en las oficinas públicas, mientras que los esforzados choferes y enfermeras, que posiblemente ganan cinco o seis veces menos, viajan sin viáticos para cumplir sus difíciles misiones.
Al Hospital Regional de Fuerte Olimpo le faltan medicamentos, equipos y especialistas, hasta el punto de no poder ocuparse de lesiones leves o de embarazos con alguna dificultad. ¿Cómo es posible que el caso no haya merecido enérgicos reclamos de los distintos gobernadores que pasaron por el lugar? Lo mismo podría decirse de las autoridades del propio Hospital Regional, aunque en este caso es comprensible, ya que una vez una médica del lugar fue destituida tras denunciar las carencias para realizar una intervención. El Hospital Regional de Fuerte Olimpo parece signado por el infortunio. En octubre del año pasado, se anunció que diez profesionales de la salud fueron enviados allí para mejorar la atención, pero en abril fueron despedidos, por supuestas causas políticas, tres licenciados en enfermería, uno de los cuales atendía en el puesto de salud de Carmelo Peralta.
Este nosocomio debe disponer de recursos humanos y materiales suficientes para cuidar la salud de unos 20.000 habitantes diseminados en más de 80.000 km ². La Constitución Nacional dice que “nadie será privado de asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades, pestes o plagas, y de socorro en los casos de catástrofe y de accidentes”. Pero las indignantes circunstancias mencionadas indican que dicha norma constitucional es letra bien muerta en el Alto Paraguay.