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El intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista), sigue sin aclarar el destino de 502.480 millones de guaraníes obtenidos mediante la emisión de bonos para construir obras. El descomunal faltante en las cuentas bancarias se viene acumulando al menos desde 2020, cuando el susodicho asumió el cargo por primera vez. Ese año, habría alcanzado la suma de 78.000 millones de guaraníes. Desde entonces, una mayoría de concejales ha venido aprobando sus balances generales a ojos cerrados, sin advertir la descomunal diferencia o, de lo contrario, sin pedirle explicación alguna. La última vez pretextaron que “la cantidad de documentos era inmensa”. El intendente aún no se ha dignado en responder a los pedidos de informe sobre el tremendo agujero negro, presentados por la Contraloría General de la República (CGR), por el edil Álvaro Grau (PPQ) y por la Cámara Baja, a iniciativa de la diputada Johanna Ortega (PPS). Esta última anuncia ahora la presentación de un recurso de amparo colectivo, entre las personas que solicitaron informes a través de la ley de acceso a la información pública. Pero Nenecho no se inmuta. Tal vez está muy seguro de su actuación al frente de la Intendencia, o tiene un padrino muy poderoso que le garantiza impunidad.
Nenecho no debe seguir haciéndose el desentendido, ganando tiempo para intentar quizá ocultar que el dinero fue empleado para pagar sueldos o deudas, o tal vez para acrecer el patrimonio de ciertas autoridades municipales, o todo ello a la vez. Ciertamente, fraguar documentos podría llevar algún tiempo, pero el silencio del intendente refuerza la impresión de que los bonos han venido sirviendo para una corruptela en gigantesca escala, con el visto bueno de la Junta Municipal. Así se puede pensar que el dinero que debió haber servido para mantener y ampliar la infraestructura capitalina habría sido desviado sistemáticamente durante años, sin que ningún órgano se percatara –o no quisiera percatarse– de la corruptela.
En este contexto, resulta irónico que la Municipalidad tenga toda una Dirección de Contraloría Interna que, por lo visto, confía ciegamente en la honestidad de la administración. Si así fuera, Nenecho no debería tener dificultad alguna en poner de inmediato sobre la mesa todos los papeles que avalen la correcta inversión de los recursos en cuestión. Su mutismo es sumamente sospechoso. Por su parte, el presidente de la Junta Municipal, César Escobar (ANR, cartista), no habría creído oportuno pedir, como lo hizo, que conste en acta que él se había abstenido en la votación que aprobó el último balance general, porque tenía “dudas”.
Hoy vence el plazo para que el intendente entregue a la CGR la lista de los bonos emitidos en 2022 y 2023 y la de las obras que debían ejecutarse gracias a ellos, con los saldos respectivos y los antecedentes que sustentan la información requerida. Se espera que, si fueran entregadas, esas listas contengan datos verdaderos y sean examinadas con el rigor que corresponde, para bien de los vecinos de Asunción, que ya sufren lo bastante residiendo en una ciudad estropeada por la ineptitud, la desidia y la corrupción municipales. Se necesitan cuentas claras, mal que les pese a Nenecho y a sus concejales amigos: todo debe salir a la luz, porque así lo exigen la ley y la moral. Si se confirmaran la malversación y/o el desvío de fondos, se estaría ante una de las mayores corruptelas de las últimas décadas, y no solo a nivel comunal.
El hecho de que el principal sospechoso se mantenga callado desde el 7 de mayo, día en que estalló el escándalo, es atribuible quizá a que no halla el modo de responder a la simple pregunta de dónde está el dinero. Es intolerable que el intendente siga ignorando el derecho de los asuncenos a saber qué se ha hecho de los 502.480 millones de guaraníes, que hasta hoy al parecer no aparecen por ningún lado, como si los hubiera tragado la tierra.
La inconducta de Nenecho alienta la opinión de que tiene mucho que esconder, esto es, de que no puede justificar el uso de un dinero que los contribuyentes de Asunción deberán devolver a los tenedores de bonos, con intereses. Confiamos en que la CGR y, eventualmente, el Ministerio Público cumplan con sus respectivas obligaciones.