Cargando...
El calvario de los usuarios del transporte público continúa sin parar. Las filas de pasajeros en las paradas y los ómnibus atestados, con gente viajando peligrosamente en las estriberas, ya se han vuelto normal, con lo que podría decirse que se han “oficializado” las perniciosas reguladas, sin que ninguna autoridad se anime a ponerle fin a esta tropelía.
La Ley N° 6789/21 no se limita a cancelar la licencia, el itinerario y el subsidio a las empresas del transporte público infractoras de la norma, ya que su art. 5° califica de “hecho punible de coacción y perturbación de servicios públicos” que sus directivos, accionistas o representantes legales o gremiales “realicen algún tipo de amenaza o extorsión a órganos del Estado, ya sea por cualquier medio”, pudiendo todo ciudadano denunciarlo ante el Ministerio Público. Dicha norma concuerda con el art. 218 del Código Penal, que castiga con hasta cinco años de prisión incluso la tentativa de impedir total o parcialmente el funcionamiento de una empresa que sirva al transporte público. Se trata del delito que el 6 de mayo habría cometido el Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam), presidido por César Ruiz Díaz, al notificar que el 20 de mayo ejercerá durante tres días su “derecho al paro” para exigir al Gobierno, entre otras cosas, el pago oportuno de los subsidios y la actualización de los coeficientes para determinar la tarifa.
Resulta plausible, pues, que la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana (Opama) haya denunciado penalmente a sus directivos por la amenaza lanzada en perjuicio directo de los usuarios, reiteradas veces utilizados vilmente como rehenes para presionar al Viceministerio de Transporte, hoy a cargo de Emiliano Fernández. Más aún, este órgano se mostró dispuesto a dialogar con quienes no ocultan su propensión al chantaje, es decir, a entrar en negociaciones con un grupo dispuesto a delinquir si sus exigencias no son satisfechas, en tanto que el inoperante Ministerio Público se abstuvo de intervenir de oficio ante el aviso de que se cometería un hecho punible de acción penal pública. Buen ejemplo es el que dieron los jóvenes de Opama, cuya acción merece todo el apoyo y más adhesiones de la ciudadanía.
El viceministro dijo que el Cetrapam, cuyas 25 empresas asociadas recibieron del erario 247.814 millones de guaraníes (US$ 33,4 millones) en los últimos dieciséis meses, “tiene sus intereses genuinos de elementos internos de llevar a cabo el paro”, como si esos supuestos intereses pudieran hacerse valer mediante la comisión de un delito. Es más, afirmó que se insistirá en el diálogo porque “no tenemos otra opción”, como si hacer cumplir la ley no lo fuera y sea aceptable sentarse a negociar tras una intimidación manifiesta. La Ley N° 6789/21 es innegociable, aunque tampoco lo crea así el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, promotor de la –en este caso– aberrante iniciativa del diálogo con los infractores, acaso atendiendo el derecho al trabajo, violado una y otra vez por los “empresarios” adictos a la extorsión impune. Ese derecho será efectivo en la medida en que quienes lo ignoren permanentemente con paros o “reguladas” sean castigados penal y administrativamente.
Los órganos competentes se muestran muy permisivos, así que corresponde que la sociedad civil se manifieste ante la prepotencia de ciertos “empresarios del transporte”, entre los que –felizmente– no se cuentan los aglutinados en la Única Central de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Ucetrama) o en la Federación de Transportistas del Área Metropolitana (Fetram).
Es de lamentar que no se hayan pronunciado las centrales sindicales de trabajadores, pues estos figuran entre los mayores afectados por el repugnante chantaje de las “reguladas” habituales; en cambio, es digno de elogio que sí lo haya hecho la Federación de Trabajadores del Transporte, oponiéndose al “paro”, denunciando la connivencia entre el Viceministerio y los dueños de buses y pidiendo la intervención tanto de la Contraloría General de la República como del Ministerio Público. También es loable, en fin, que la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios haya rechazado el “paro” y exigido al Viceministerio que garantice la continuidad del servicio y “una mejora real en la calidad del mismo”, ya que sería inadmisible esperar un ómnibus “durante horas” para “ir colgados”.
Se ignora cuánto tardará el viceministro Emiliano Fernández en instalar un nuevo sistema, según lo prometió, entendiéndose en nombre del Gobierno. Por de pronto, haría bien en empezar por cumplir y hacer cumplir la Ley N° 6789/21. Quizá sea mucho pedir, pero alguna vez habrá que intentar que las normativas tengan vigencia efectiva para que la diferencia entre el Paraguay legal y el real deje de ser tan abismal, como lo es en el transporte público. Aquí se siente un tufo apestoso de componenda que atormenta a los usuarios.