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Aunque incompleto por no revelar el destino de 502.480 millones de guaraníes en bonos emitidos en los últimos años, que no aparecen en las trece cuentas bancarias municipales, el balance general del ejercicio 2023 presentado por el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista) basta para ilustrar que su administración aparenta una verdadera calamidad, a la que no está ajena la mayoría de los concejales. En efecto, se mostró muy eficiente al gastar 726.000 millones de guaraníes en sueldos y bonificaciones, equivalentes al 84,9% de la recaudación tributaria, pero no así en cuanto a las inversiones en obras, en las que ejecutó solo 81.000 millones de guaraníes, es decir, apenas el 12,9% de lo presupuestado.
Esto significa que la Municipalidad está al servicio de unos nueve mil funcionarios, contratados y jornaleros, antes que de la población capitalina, que debe resignarse a vivir en una ciudad sucia, con plazas descuidadas, vías públicas en mal estado y semáforos descompuestos, entre otras desdichas que, sumadas al aumento de la presión tributaria, obligaron a unos nueve mil habitantes a abandonarla entre 2012 y 2022.
El lamentable intendente se queja de la evasión impositiva, pero ocurre que en los últimos tiempos la recaudación ha subido notablemente, llegando el año pasado a 855.600 millones de guaraníes, sin que ello se refleje en una mejor calidad de vida de los asuncenos. Los mayores ingresos no respondieron a una mayor eficiencia recaudatoria, sino más bien al auge inmobiliario en numerosos barrios de la capital: si en 2023 el impuesto a la construcción generó ingresos por más de 48.000 millones de guaraníes, se estima que esa suma se elevará este año a 58.000 millones. Mientras tanto, la ciudad bien gracias. Si te he visto no me acuerdo.
En efecto, dicho incremento no conlleva más y mejores prestaciones municipales: la voraz clientela seguirá llevándose la parte del león del Presupuesto de 2,4 billones de guaraníes (US$ 329.805.000), con el visto bueno de una gran mayoría de los ediles, cómplices del feroz prebendarismo, según se desprende de que la Junta Municipal tiene más de 1.400 asalariados, con solo 24 concejales, es decir, unos 58 funcionarios por cada concejal. De hecho, cada año la Municipalidad aprueba la emisión de bonos hasta para pagar (“bicicletear”) deudas, lo que implica que el Gobierno local se halla en permanente suspensión de pagos (“default”) y no en un “déficit temporal de caja”, como el intendente Nenecho tuvo el descaro de sostener ante los acreedores bancarios. En vez de acabar con el derroche, la corrupción y el plantel parasitario, que crece aún más con la importación de comisionados de otras instituciones, a la Municipalidad no se le ocurre más que vender inmuebles en el marco del Plan Regulador de la Franja Costera Norte, para devolver unos préstamos bancarios de 240.000 millones de guaraníes en total, contraídos en 2023 para atender los “servicios personales.”
El contubernio entre el intendente y la mayoría de los ediles –14 de ellos en esta ocasión– se reflejó de nuevo en la aprobación ayer de la rendición de cuentas del primero, sin que se aclare en absoluto a dónde fue a parar la sideral suma desaparecida. El presidente de la Junta Municipal, César Escobar (ANR, cartista), dijo que tenía “dudas” no disipadas por el intendente, o sea, no sabe dónde está la plata: “Preguntamos y no tenemos respuesta, pero faltante no hay en el informe” (!). El concejal Álvaro Grau (PPQ) anunció que pedirá los extractos bancarios respectivos para determinar si el dinero fue destinado a gastos corrientes, en cuyo caso se habría cometido una malversación de fondos. Por su parte, la diputada Rocío Vallejo y los concejales Paulina Serrano, Álvaro Grau y Pablo Callizo, todos del PPQ, pidieron a la pachorrenta Contraloría General de la República que fiscalice la situación financiera, en tanto que congresistas opositores, como la diputada Johanna Ortega (PPS) y los senadores Eduardo Nakayama (ex-PLRA) y Celeste Amarilla (PLRA), anunciaron pedidos de informes. La senadora sospecha incluso que hubo un lavado de dinero, lo que desde ya debería llamar la atención del Ministerio Público y de la Secretaría de Prevención de dicho delito.
Como el Palacete Municipal se parece a la cueva de Alí Babá, conviene que los asuncenos no se crucen de brazos y sean mucho más exigentes sobre el destino del dinero que aportan para que la ciudad cuente con obras y servicios de buena calidad. La Defensoría Municipal no da señales de existir, así que los propios pobladores –víctimas del latrocinio y de la ineptitud– deberían defenderse por sí mismos, manifestándose en forma sostenida, dentro de la ley, contra sus cuestionables victimarios y exigir la intervención de los órganos competentes: ni el intendente ni los ediles pueden hacer o dejar de hacer lo que les dé la gana.
Por de pronto, habría que preguntarles dónde están los 502.480 millones de guaraníes, esfumados por arte de magia, según fuertes indicios. Esa suma podría ser muy útil para poner fin a una serie de gravísimas carencias que hacen tan inhóspita la capital del país. Sus habitantes merecen “estar mejor”, para lo cual hace falta que Nenecho y los concejales que le apoyan rindan cuenta de cada guaraní que sale del bolsillo de los contribuyentes.