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En la época de la dictadura de Alfredo Stroessner, algunos políticos y altas personalidades lucraron con grandes cantidades de las denominadas “divisas preferenciales”, establecidas por el régimen de entonces para beneficiar al sector productivo con dólares a un cambio más bajo que el vigente, pero que eran aprovechadas por los amigos del poder aunque estos no tuvieran ninguna actividad relacionada con la producción. Las divisas conseguidas a bajo precio eran negociadas en el mercado paralelo, con lo que conseguían sin esfuerzo alguno multimillonarias ganancias. Cuando era descubierto el sucio negocio, el autor de la estafa pasaba a la clandestinidad por un tiempo, hasta que sus abogados negociaban y acordaban con el Gobierno la devolución de lo estafado. Así, el ladrón público se presentaba e iba a la cárcel por muy poco tiempo. Por supuesto, la suma devuelta era ínfima, y el delincuente se quedaba con la mayor parte de lo escamoteado al Estado paraguayo.
Pues bien, algo similar puede ocurrir ahora, pues el Senado tratará mañana un infeliz proyecto de ley, ya aprobado por la Cámara Baja, que a iniciativa del diputado Yamil Esgaib (ANR, cartista) amplía el art. 67 del Código Penal, con lo que se favorecerá la corrupción, disponiendo que cuando el hecho punible haya infligido un daño patrimonial al Estado, el marco penal aplicable puede atenuarse hasta el 50% de la pena si el autor o partícipe repara el perjuicio voluntariamente. La circunstancia de que la notable atenuación sería improcedente cuando la víctima fuera un particular, en violación del principio de igualdad ante las leyes, muestra que el propósito de este engendro legislativo es beneficiar, sobre todo, a quienes desde el aparato estatal se apropian del dinero de los contribuyentes.
En otros términos, un ministro del Poder Ejecutivo que hubiera merecido una condena de cinco años de cárcel por haber perpetrado una lesión de confianza contra el erario, estaría entre rejas solo durante dos años y medio si tuviera la gentileza de devolver lo sustraído. Es lo que se llama “devolución premiada”, premio al que también se harían acreedores los hoy condenados o procesados en virtud del art. 192 del Código Penal, porque la ley que les favorece tiene efecto retroactivo.
Por lo demás, ya el art. 65 del Código Penal incluye entre las bases de la medición de la pena “la conducta posterior a la realización del hecho y, en especial, los esfuerzos para reparar los daños y reconciliarse con la víctima”. La ampliación propuesta es innecesaria y otorga un privilegio indebido a quienes defraudan el dinero de todos. Por cierto, un Tribunal de Sentencia extinguió en abril último la acción penal contra el exdiputado Tomás Rivas en el caso de “los caseros del oro”, al validar el acuerdo que él firmó en 2021 con el expresidente de la Cámara Pedro Alliana para reintegrar 121.208.000 guaraníes. En cambio, en la causa “agua tónica”, otro tribunal condenó el mismo día a la expresidenta de Petropar Patricia Samudio a cuatro años de prisión, pese a que el dinero había sido devuelto por su esposo a través de la firma Solumedic SA. “Eso no pudo ser usado a favor de ellos, porque ocurrió después de que se descubrió todo”, según el agente fiscal Silvio Corbeta. Como se ve, hay, pues, criterios dispares en nuestra Justicia.
El impresentable diputado proyectista Esgaib es muy agresivo con las mujeres periodistas, pero no así con los malversadores, ya que llegó a afirmar que el corrupto “no es peligroso criminalmente”, pues no arriesgaría vidas ajenas saliendo a la calle; más aún, sostuvo que su proyecto de ley apunta a que “la persona que comete el error” tenga la oportunidad de reducir su permanencia en la penitenciaría.
Resulta así que en su opinión, que sería compartida por los diputados que apoyaron su desgraciada iniciativa, los corruptos que privan de recursos a la sanidad no pondrían a nadie en peligro y los delincuentes de guante blanco que desvían fondos públicos hacia bolsillos particulares solo incurrirían en una equivocación. El legislador oficialista profirió esos despropósitos días después de que Santiago Peña y otras altas autoridades firmaran en noviembre de 2023, en el Palacio de López, el documento titulado Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción, lo que plantea la pregunta de si forma parte de ella el desatino aprobado semanas después en la Cámara Baja.
Lo que se pretende es recompensar con la libertad a los ladrones de fondos públicos que tengan la bondad de restituir lo robado, con el efecto de que se alentará a los rapiñeros de las arcas del Estado. Aparte del lamentable impacto que semejante sinsentido tendría en nuestra sociedad, también hay que considerar, por ejemplo, que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) no ocultaría su desacuerdo con una ley que irá de contramano con sus esfuerzos para que el Estado paraguayo castigue con rigor a quienes lo esquilman hasta más no poder.
Se diría que el primer mandatario está de acuerdo con la “devolución premiada”, ya que los diputados y satélites de su movimiento político se mostraron conformes en una sesión extraordinaria que duró menos de tres minutos. Resta ver si los senadores cartistas harán lo mismo, esto es, si están dispuestos a fomentar “el error” de delinquir contra el ejercicio de funciones públicas, entre otras corruptelas. En diciembre último, luego de que su hermano, el exgobernador Óscar Núñez, haya sido condenado a once años de cárcel, mientras la Cámara Baja decidía fomentar la corrupción, el senador Basilio Núñez (ANR, cartista) dijo que pedirá el rechazo de la iniciativa en cuestión y que “no estamos para apañar a nadie: la Justicia debe llegar a todos”. Queda, pues, la pequeña esperanza de que la Cámara Alta, en un baño de sensatez, ponga las cosas en su lugar, para que el saqueo no siga siendo estimulado desde las altas esferas.