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Uno de los principios por los que se rige la Ley Nº 7021/22, de Suministro y Contrataciones Públicas, es el de “integridad y buena fe”, lo que significa que los oferentes y los contratistas, entre otros, deben “comportarse con los más altos niveles éticos y la debida diligencia en los procedimientos y contratos”, evitando el abuso de los derechos y garantías legales y brindando siempre información veraz y oportuna. Todo indica que el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), dirigido por el Ing. Juan Carlos Baruja, político colorado cartista, no lo ha considerado al incluir entre las 117 “desarrolladoras inmobiliarias” habilitadas para el programa Che Róga Porã a varias firmas cuyos antecedentes distan de ser impecables, como deben serlo cuando se trata de gestionar el dinero de todos. Por tanto, ignoró que el mismo principio dice que los servidores públicos tienen que realizar las contrataciones procurando el bien común, evitando conductas que puedan afectar la confianza ciudadana en “el desempeño imparcial de los mismos y de la institución a la que sirven”.
Esa confianza ha sido gravemente comprometida hasta el punto de generar el temor de que tal vez se esté gestando una corruptela de gran envergadura. Es cierto que el programa no se regirá por la ley antes citada, pues no supondrá contrataciones públicas, pero los créditos a treinta años de plazo, otorgados a los particulares a un interés del 6,5% anual, provendrán de la estatal Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) y el MUVH habrá de garantizar la calidad de las viviendas construidas, así como el acceso a los servicios básicos. Es más, este organismo tendrá que aprobar los proyectos de las empresas precalificadas, para lo cual debió haber atendido sus respectivos historiales, cruzando datos con otras entidades públicas. Y bien, no lo hizo, según lo confirmó el ministro, que recién ahora pide a la población que entregue información útil para asegurar que los trabajos sean bien hechos, como si no la hubiera podido recabar en el sector público. Algo huele mal.
Si la hubiera requerido a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, se habría enterado de que la “desarrolladora” Kuarajhy Inmobiliaria, del diputado suplente Enrique Chamorro Zárate (ANR, cartista), estuvo involucrada en 2015 en el escándalo de cuatro pozos que iban a ser abiertos en Canindeyú, por encargo del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Según informaciones publicadas, cobró 1.495 millones de guaraníes y el asunto llegó al Ministerio Público, donde quedó enterrado. Lo mismo ocurrió en el caso de Juan Enrique Rolón Garay, el “desarrollador” que en 2021 fue penalmente denunciado por el propio MUVH (¡!), porque se habrían falsificado firmas de supuestos aspirantes a subsidios del Fondo Nacional de la Vivienda Social. También llegó a dicha instancia –sin resultado alguno– la denuncia hecha en 2020 por la Contraloría General de la República en torno a una presunta sobrefacturación de la “desarrolladora” Planeta Construcciones, de Efraín Cadogan. Un año antes, los afectados revelaron a la prensa que la “inmobiliaria habilitada” Arquitectura, de Sebastián Pérez, entregó “viviendas sociales” inconclusas.
Estos ejemplos tan graves bastarían para afirmar que el ministro Baruja, que se rodeó de altos funcionarios comisionados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, no obró con la debida diligencia para precautelar los derechos de los particulares y, eventualmente, los de la AFD. Los interesados en una “bella casa” corren el serio riesgo de ser defraudados en varios casos, dada la falta de transparencia: el común de ellos ha de ignorar el “prontuario” de la inmobiliaria habilitada con la que se firma el contrato, confiando –erróneamente– en el aval brindado por el MUVH, sin un proceso licitatorio previo, porque las empresas en cuestión habrían cumplido con el reglamento operativo del programa. Por lo demás, ¿cómo podría garantizarse la calidad de las obras de unas inmobiliarias que nunca debieron haber sido habilitadas, debido a sus pésimos antecedentes? Y, sin embargo, el MUVH puede aprobar un proyecto que resulte un fiasco y comprometer fondos públicos, si el particular demandara al Estado por el engaño sufrido gracias a su garantía.
El programa Che Róga Porã ya huele a podrido: empezó muy mal, debido a una negligencia tan notoria que no es absurdo pensar que se está tramando algo aún más repudiable que, si se llevara a cabo, debería ser investigado por el Ministerio Público y no sepultado, como en los casos antes referidos. La buena reputación de una empresa es un capital muy importante, aunque el MUVH no lo crea así y prefiera cerrar los ojos, por alguna razón quizá inconfesable. Sería miserable montar un negociado so capa de satisfacer una necesidad social.