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El último asalto tipo comando con explosivos a la sucursal del Banco Nacional de Fomento (BNF) en Natalio (Itapúa), cometido el sábado por unos treinta delincuentes que huyeron con un botín de nada menos que 100.000 dólares y 300 millones de guaraníes, acaba de demostrar que la delincuencia campea y cada vez más goza de buena salud.
En las prisiones, desde donde se encargan fechorías diversas, se introducen armas blancas y de fuego, aparte de teléfonos móviles y estupefacientes, sin que nadie se entere a tiempo: son una zona liberada para planificar y ordenar la comisión de graves hechos punibles mediante el uso de teléfonos móviles, nunca bloqueados pese a los planes oficiales de larga data. No sería raro que allí se enseñen nuevas modalidades delictivas, como las operaciones “tipo comando” para saquear cajeros automáticos, con el uso de vehículos y hasta de fusiles, cuya difusión tendría que ver también con el auge del tráfico de armas hacia el crimen organizado brasileño: algo quedaría en poder de la delincuencia paraguaya, cada vez más violenta y “profesional”.
Retomando el ejemplo aludido, dado que la comisaría local cuenta con solo cuatro agentes, el intendente Marco Maidana (ANR, cartista) y el presidente del banco Manuel Occhipinti creen que las sucursales deben volver a ser custodiadas por efectivos militares, aunque el art. 172 de la Constitución diga que la misión de las Fuerzas Armadas solo es “la de custodiar la integridad territorial y la de defender a las autoridades legítimamente constituidas”; empero, el art. 56 de la Ley N° 1337/99, de Defensa Nacional y de Seguridad Interna, cuya inconstitucionalidad no ha sido atacada, autoriza al jefe de Estado a que dispone que en casos “de extrema gravedad”, cuando el sistema de seguridad interna sea claramente insuficiente, a “decidir el empleo transitorio de fuerzas de combate” militares, solo dentro del área definida por decreto y “por el tiempo estrictamente necesario” para que la Policía Nacional o la Prefectura General Naval puedan ocuparse “por sí solas de la situación”.
El hecho recuerda que en la madrugada del 8 de enero, una decena de malvivientes fracasó al intentar llevarse un cajero automático del BNF instalado en Carlos Antonio López (Itapúa), usando una camioneta robada y que en las primeras horas del 2 de abril, treinta delincuentes que vestían uniformes policiales ocuparon la comisaría de Yatytay (Itapúa), portando armas cortas y largas; tras encerrar en el calabozo a sus tres agentes, violentaron un cajero automático del mismo banco, sustrajeron 338 millones de guaraníes y huyeron en dos vehículos. Se trató, hasta entonces, de un robo tan espectacular como el cometido por una banda como la que en febrero vació la bóveda de la Asociación de Trabajadores Cambistas de Ciudad del Este.
De lo referido surge que la inseguridad creciente ya no tiene que ver solo con los “peajeros”, los motoasaltantes, el Clan Rotela, el Primer Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho: también está vinculada con la proliferación de grupos independientes que actúan con bastante profesionalismo, imitando modalidades delictivas brasileñas. La Operación Veneratio dispersó en diciembre de 2023 a unos 700 de los casi 2.900 reclusos: en su mayoría, integraban el Clan Rotela, que controlaba la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, cuya capacidad máxima sería de 1.530 reclusos: desde allí se impartían órdenes a los “soldados” en libertad, pero la necesaria medida para desarticular al grupo criminal, que sigue operando en el Bañado Sur capitalino, entre otros sitios, no ha servido para reducir la ola de graves hechos punibles. La Operación Purgatio –la expulsión de 25 reos brasileños que estaban por concluir sus respectivas condenas y tienen causas pendientes en su país– también fue oportuna, siendo de esperar que el Ministerio de Justicia tenga en cuenta la advertencia de la Policía Federal del país de que la lucha desatada en la cúpula del PCC podría trasladarse a nuestro país.
De hecho, las pugnas sangrientas entre miembros de una misma organización criminal así como entre los de signo contrario ya está instalada en nuestros país, dentro y fuera del colapsado sistema penitenciario. Se recordará la muerte de diez reos ocurrida en 2019 en la cárcel regional de San Pedro, tras un enfrentamiento entre criminales del Clan Rotela y del PCC; hace un par de días, se produjo un incidente similar con el uso de armas de fuego entre mafiosos de ambos bandos recluidos en la penitenciaría regional de Pedro Juan Caballero, con un saldo de cuatro fallecidos, lo que obligó a la intervención de la Fuerza de Tarea Conjunta y al traslado de treinta y cinco internos: el último noviembre ya habían sido trasladados cinco del PCC, tras descubrirse un plan de fuga. El hecho de que hayan actuado efectivos de la FTC, que deberían estar combatiendo al EPP, significa que los guardiacárceles están desbordados por ineptos o corruptos, sin que hasta hoy el Ministerio de Justicia se ocupe seriamente de limpiar y reforzar el personal penitenciario.
A estas alturas, dicho plantel, así como el policial, están siendo superados por el crimen organizado, dentro y fuera de las cárceles. La culpa del auge de la inseguridad no es solo atribuible al actual Gobierno, aunque Santiago Peña crea que el Paraguay es tan seguro como los países nórdicos, excepto en las zonas fronterizas: se está volviendo un verdadero drama, pues no resulta solo de la proliferación de “peajeros”, de motoasaltantes o de asesinatos por encargo, sino también de la actuación de bandas violentas, bien pertrechadas y quizá no necesariamente ligadas al narcotráfico. Ante la impotencia de la fuerza pública, los hechos criminales han ganado en “cantidad y calidad”, siendo de temer que el país llegue algún día a un drama como el que sufrió El Salvador, si no se toman desde ya medidas de fondo, radicales, dentro del marco de la Constitución y de las leyes. Evidentemente, hace falta algo más que dispersar a los reclusos ligados al crimen organizado.