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El presidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo Spalding, como alto exponente del equipo económico del Gobierno, realizó una “gira de promoción del país” –que no es su función, pero siempre sirve para justificar un buen viaje– y a su regreso destacó el gran interés demostrado por los inversionistas, a la par de asegurar que Paraguay está “en las puertas del grado de inversión”. Entre los factores más valorados mencionó “los avances en términos de institucionalidad”, la “eficiencia del sistema legal”, la “predictibilidad y certidumbre de las reglas del juego”, así como las reformas estructurales supuestamente emprendidas. Si ello es así, a la luz de los últimos acontecimientos, como se dice popularmente, estamos fritos.
En una medida sin precedentes, el oficialismo restituyó los fueros a parlamentarios que ya habían sido desaforados y que enfrentan procesos abiertos por presuntos delitos comunes en la Justicia, con lo cual demuestran que pueden otorgar impunidad a las personas que ellos decidan por simple mayoría. Un potencial inversionista legítimamente podría preguntar: ¿qué pasa si, por alguna razón, tengo que litigar con alguno de estos personajes protegidos por el poder? Sería interesante escuchar cuál sería la respuesta de Carlos Carvallo.
El “grado de inversión” al que se refiere tiene que ver con las calificaciones otorgadas al país, o más específicamente a sus títulos de deuda soberana, por parte de las consultoras internacionales de riesgo, especialmente las tres más importantes, que son Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service y Fitch Ratings, que evalúan la deuda paraguaya de largo plazo con BB+, Ba1 y BB+, respectivamente.
Aunque este y anteriores gobiernos se suelen jactar de esas “notas”, las mismas todavía corresponden al rango de “inversiones de riesgo o especulativas” y literalmente implican “gran incertidumbre”, según las descripciones de las mismas evaluadoras. Para avanzar a la parte más baja del rango de “inversiones estables”, la calificación debe ser de BBB- para S&P y Fitch, y de Baa3 para Moody’s, que es a lo que aluden permanentemente cuando hablan de estar “en las puertas” del grado de inversión.
Lo que no dicen es que, con muy ligeras variaciones, hace alrededor de diez años que el país está anclado en ese peldaño, y no solamente no se han concretado los progresos condicionantes para escalar a grados superiores, sino que la situación económica y política del país está significativamente peor que en la década pasada.
En aquella época el déficit se mantenía dentro del tope del 1,5% del PIB establecido en la ley de responsabilidad fiscal, la deuda pública era inferior al 20% del PIB y la crisis política había quedado atrás. A partir de entonces, pandemia de por medio, el saldo rojo en las finanzas estatales se desbordó y aún está lejos de ser controlado, y el endeudamiento ya bordea el 40% del PIB, pese a lo cual el país sigue estando entre los de peor infraestructura de América Latina.
En el ámbito político-institucional, después de una grave crisis provocada por intentos reeleccionistas al margen de la Constitución, las aguas parecieron calmarse con dos elecciones nacionales libres y relativamente pacíficas, pero con esta administración recrudecieron claras tendencias antidemocráticas, con episodios de amplia repercusión nacional e internacional, tales como la destitución de una senadora crítica ordenada por el poder detrás del poder y evidencias de maniobras con la fiscalía para vengar que salieran a luz informes de inteligencia financiera sobre nexos de las actuales autoridades con el grupo económico que las sostiene. A ello se suma este nuevo atropello imposible de justificar.
Adicionalmente, no se puede soslayar el hecho de que el verdadero hombre fuerte de este gobierno es una persona designada por organismos de seguridad de Estados Unidos, lo que lleva implícitas posibles sanciones de ese país a individuos o empresas que mantengan tratos directos o indirectos con él, algo sumamente sensible para cualquier inversionista serio.
Por su parte, las tan mentadas reformas son más teóricas que reales. Se aprobó la ley de supervisión previsional, pero no hay señales de implementación, al tiempo de que se agudiza de manera alarmante la crisis del IPS y absolutamente nada se hace con el hierro caliente de la Caja Fiscal. Lo mismo con la nueva ley de la función pública y la carrera civil, que no es más que un proyecto cajoneado mientras, en la práctica, se hace todo lo contrario a lo que ella postula, como lo ilustran los casos de los “nepobabies” o los autoaumentos en el Ministerio de Economía.
Aunque Paraguay esté generando una mayor curiosidad, los inversionistas finalmente no se guiarán por las lindas palabras de Carvallo Spalding, sino por lo que les indiquen las calificadoras y sus corredores. Hechos como los que están ocurriendo, antes que poner al país a las “puertas del grado de inversión”, lo que hacen es dar un portazo en la cara a aquellos que podrían estar considerando apostar más por el Paraguay.