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En una sesión extraordinaria convocada a tambor batiente, que entrará en los anales de la historia parlamentaria paraguaya como uno de sus peores y más lamentables capítulos, la Cámara de Senadores resolvió ayer devolver sus fueros a sus miembros Erico Galeano (ANR, cartista), Hernán Rivas (ANR, cartista) y Rafael Filizzola (PDP), procesados respectivamente por los delitos de lavado de dinero y asociación criminal, producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso y lesión de confianza.
La insólita medida tomada por mayoría simple, que mucho dice de la bajeza moral y la catadura de un gran número de senadores, con todo derecho puede ser interpretada como una venganza perpetrada por el líder de Honor Colorado por el hecho de que el cartismo y sus aliados no lograron la mayoría de dos tercios para desaforar al expresidente y ahora senador vitalicio Mario Abdo Benítez.
El senador Filizzola, que había pedido antes su propio desafuero, al igual que sus otros dos colegas, hizo bien en oponerse con su voto a lo resuelto, luego de que se le haya negado el uso de la palabra. El resultado inmediato del despropósito sería la paralización de las actuaciones fiscales y judiciales en curso, aunque el art. 248 de la Ley Suprema, “De la Independencia del Poder Judicial”, establece en forma inapelable que “en ningún caso” los miembros de otros poderes pueden paralizar los procesos existentes.
La canallesca decisión que ha logrado poner en peligro nuestra democracia y en vilo nuestras instituciones carece de precedentes; solo se recuerda el caso inverso del exsenador Víctor Bogado, cuando el cuerpo que integraba lo suspendió en sus fueros tras haber revocado una resolución contraria que lo mantenía en ellos. Más allá de las cuestiones de orden constitucional, lo que desde ya importa subrayar es la ruindad de responder con una vendetta al más puro estilo de las mafias al fracaso del intento de poner al exjefe de Estado a disposición de la Justicia con la restitución de la inmunidad parlamentaria a los tres senadores.
Los abogados de Mario Abdo Benítez han repetido que este se aferra a sus fueros porque no confía en tener un juicio justo, lo que resultaría comprensible si se considera, por de pronto, el evidente sometimiento del Ministerio Público al denunciante particular con hechos que han tomado estado público.
Con el escándalo de los chats filtrados últimamente ha quedado en evidencia cómo el abogado de Horacio Cartes, Pedro Ovelar, junto con el fiscal Aldo Cantero han movido las piezas y preparado una imputación “a medida” que favorezca la denuncia presentada por el expresidente Horacio Cartes. Se presume por tanto y con justicia que el proceso está viciado de nulidad. La actuación de los senadores más bien se parece a la obediencia debida de algún poder fáctico que se regodea de manejar en forma absolutista los hilos del poder, atentando contra poderes del Estado.
La cuestión de fondo aquí es el manoseo de los fueros en función de los intereses personales del rencoroso “presidente de hecho” de la República y actual mandamás de la ANR. Si no se logra lo que él pretende, se devuelve el golpe reponiendo los fueros a dos cartistas y a un opositor a sabiendas de que este último no se prestaría a la jugarreta. Por lo demás, si los opositores se opusieron a desaforar a Mario Abdo Benítez, ¿por qué ellos tendrían que mantener el desafuero de los senadores Rivas y Galeano?
El senador Derlis Maidana (ANR, cartista), ni más ni menos que miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el único que se permitió argumentar en tal sentido, lo admitió impúdicamente y sin ruborizarse: no tienen que haber ciudadanos de primera (el exjefe de Estado) y de segunda (los tres senadores), pues la ley debe ser igual para todos. Cabe agregar, por lo demás, que como las pesquisas en torno a los cartistas imputados estarían arrojando resultados muy comprometedores para ellos, por el avance que han tenido, ya habría resultado oportuno protegerlos.
Lo cierto es que, como la Cámara Baja, el Senado se ha convertido en un dócil instrumento del cartismo, dispuesto a responder con la mayor vileza cualquier tropiezo que sufra el patrón en dicho ámbito. La institucionalidad republicana sería lo de menos: el Congreso debe someterse a sus designios. La conjunción de los poderes político y económico, al margen de la moral y de la legalidad, supone un atentado contra el sistema democrático, que debe ser defendido por la ciudadanía.
El Congreso, el Poder Judicial y el Ministerio Público, entre otras instituciones, no deben estar al servicio de una ambición desmedida, que supedita el interés general al particular.
La odiosa represalia que nos ocupa debe alentar aún más la resistencia cívica dentro de la ley: ya abundan las señales de que se está incubando un régimen autoritario que manipula los órganos del Estado, empezando por el Congreso, para asegurar la impunidad y ampliar una hegemonía fundada en el dinero puro y duro.
Las experiencias acumuladas a partir de 1989 enseñan la necesidad de que la ciudadanía se mantenga alerta cuando, como hoy, la Constitución y las leyes, así como el sentido común, están siendo atacados sin mucho disimulo. La democracia debe ser defendida ante las agresiones perpetradas por órdenes de quien anhela someter la República a sus caprichos. Lo ocurrido ayer en el Senado es una clara demostración de que la miseria moral es absolutamente compatible con la riqueza material. Pero además nos devuelve en forma inapelable la certeza de que están en peligro nuestras instituciones en particular, y en general, está en jaque nuestra democracia con atropellos que parecen ser solo el principio.