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En la madrugada del 1 de abril de 2017, uno de los agentes policiales que irrumpieron en el local del Directorio del PLRA, sin previa orden judicial de allanamiento, ultimó de un balazo al joven Rodrigo Quintana, en el marco de las protestas ciudadanas contra el intento de promover la reelección presidencial de Horacio Cartes y Fernando Lugo, mediante una simple enmienda constitucional. Hasta hoy, nadie ha sido condenado por ese hecho criminal, sin precedentes en la historia política del país: nunca antes la fuerza pública había asaltado la sede principal de un partido, dando muerte a uno de los presentes.
El suboficial Gustavo Florentín –presunto autor del disparo fatal– salió en libertad ambulatoria tras cinco años de prisión, sin haberse realizado tan siquiera la audiencia preliminar, pues ya había compurgado la pena mínima prevista para el homicidio doloso del que se le acusa; el proceso estancado puede reanudarse, siempre que el Ministerio Público se muestre mucho más diligente que hasta la fecha. A tanto llega su inoperancia que aún ignora quién ordenó atropellar a sangre y fuego el edificio partidario, salvo que crea que la iniciativa provino solo de los efectivos intervinientes, en cuyo caso todos deberían haber sido procesados. De entrada, el Ministerio del Interior, dirigido por Tadeo Rojas (ANR, cartista), hoy ministro de Desarrollo Social, habría incurrido en la vileza de culpar del asesinato, que sigue impune, a los propios correligionarios de la víctima.
Dada su gravedad, es presumible que el operativo, cuyo brazo ejecutor habría sido el comisario principal Abel Cañete, hoy “blanqueado”, fue dispuesto o autorizado por instancias superiores. Como también el comisario principal Tomás Paredes Palma, por entonces subjefe de Investigación de Delitos, fue desligado del caso a pedido de la Fiscalía, resta averiguar el papel cumplido por el comisario general, hoy retirado, Críspulo Sotelo, destituido tras el suceso: entre el 31 de marzo y el 1 de abril, el por entonces comandante de la Policía Nacional intercambió numerosas llamadas telefónicas con, entre otros, José Ortiz y Luis Canillas, gerente del Grupo Cartes y asesor de la Entidad Binacional Yacyretá, respectivamente.
Al Ministerio Público nunca le interesó conocer el contenido de esas conversaciones, que no tenían por qué haberse realizado, dadas las funciones ejercidas por los particulares referidos, aunque hayan estado o estén estrechamente vinculados con quien ejercía la Presidencia de la República. No es aventurado suponer que, en forma indebida, le pidieron informes o le transmitieron órdenes por encargo de Horacio Cartes; ninguno de ellos ha sido investigado, siendo de temer que la impunidad persista hasta que se opere la prescripción de la causa, dada la notable influencia del poder fáctico.
Se han sucedido tres fiscales generales del Estado, incluido el actual, sin que se haya emitido condena alguna, pese a que el asalto mortal fue filmado y a que los diálogos telefónicos realizados tuvieron que ver –muy probablemente– con el procedimiento ilícito. Pasaron siete años, pero el suboficial Florentín goza aún de la presunción de inocencia y no se sabe quién o quiénes ordenaron tomar por asalto una sede partidaria; como el o los posibles autores intelectuales ni siquiera han sido interrogados, todavía hay mucho que hacer en esta causa inaudita, que no pesaría en la conciencia de quien o quienes la generaron al permitir u ordenar una incursión delictiva. No importaron la Constitución primero ni el Código Penal después: la cuestión era seguir mandando, a toda costa.
La ambición de poder segó una vida joven; el supuesto autor material está en libertad en tanto que la autoría intelectual del atropello no ha sido develada hasta ahora. Sería indignante que este trágico episodio termine en la nada; si la resistencia ciudadana logró frustrar que se consume el quebrantamiento del orden constitucional, ahora corresponde bregar para que no quede impune ningún responsable directo o indirecto de la muerte atroz de Rodrigo Quintana. De lo contrario, la historia podría repetirse, pues la sed de poder de algún patrón podría resultar insaciable.
Duele que después del 3 de febrero de 1989 se haya perpetrado un atropello grosero, con un desenlace luctuoso, al que no se atrevió ni siquiera la última dictadura. Por eso, la ciudadanía debe mantenerse siempre vigilante, para que no se llegue al extremo de que alguien pierda la vida en defensa de la Constitución: el autoritarismo debe ser combatido desde sus inicios, por todos los medios legales al alcance.