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Solo 19 de los 439 aspirantes a ser agentes fiscales o jueces del fuero penal y de multifueros aprobaron el examen respectivo ante el Consejo de la Magistratura: el puntaje mínimo que debía alcanzarse era de 105 puntos, de un total de 150. El resultado alarmó bastante al Dr. Víctor Ríos, ministro de la Corte Suprema de Justicia y rector de la Universidad Nacional de Pilar. No es para menos, más aún atendiendo que muchos de los aplazados integran la judicatura o el Ministerio Público, es decir, ejercen una función para lo que no están capacitados, pese a lo cual obtuvieron sus nombramientos por motivos quizá inconfesables.
El ministro señaló que, en los últimos tiempos, quienes trabajan en la educación superior están observando “un preocupante deterioro del nivel académico de los estudiantes” y que no se debe “exponer a nuestra sociedad a tener en el futuro abogados que no tengan la mínima formación”. Ni médicos incompetentes, cabe agregar, entre otros que ostentan títulos académicos que no garantizan en absoluto su idoneidad en la disciplina en cuestión. Precisamente, la comunidad médica nacional está expresando también su grave preocupación por la proliferación de facultades de medicina, sin las condiciones mínimas para la preparación de los profesionales de esa área. Ante la insistencia en este sentido, el Cones resolvió ayer la suspensión temporal de habilitación de nuevas carreras de Medicina.
El Dr. Ríos cree que las facultades de derecho deben revisar sus planes de estudio y sus sistemas de evaluación, así como coordinar su labor con el Poder Judicial, que debe indicarles las áreas en las que se requieren profesionales bien formados. En verdad, ¿haría falta que se hagan tales indicaciones, como si hubiera áreas del Derecho en las que el saber no sería muy importante? Lo que ocurre en este campo se repite en otros, con el considerable aumento del estudiantado universitario y la correspondiente proliferación de universidades que expiden títulos que en el aparato estatal sirven para obtener una “bonificación” antes que para probar la capacidad del portador; el de “doctor” puede servir para formar parte de la máxima autoridad judicial.
Por obvias razones económicas, no hay muchos estudiantes ni profesores de tiempo completo, así que las horas de clase son reducidas: de hecho, la enseñanza y el estudio suelen ser actividades secundarias. La Ley N° 4995/15 ordena que al menos el 30% del plantel docente de cada institución de educación superior esté conformado por profesores de tiempo completo. Pasaron nueve años desde la promulgación de la ley y las viejas universidades aún no lo han cumplido, porque en este país las normativas suelen ser meras expresiones de deseos.
Desde luego, como se sabe, la notoria crisis del sistema educativo no se limita a las facultades de derecho ni a las universidades en general, sino que también afecta a la educación básica y a la media. Resulta imposible subsanar en la educación terciaria las deficiencias arrastradas desde la escuela primaria. Si, como bien se sabe, el 70% de los alumnos de quince años no comprende lo que lee, es improbable que ese porcentaje se reduzca a cero cuando lleguen a la universidad; seguirían siendo analfabetos funcionales, en buena medida, lo que no impedirá que se conviertan en abogados exitosos..., siempre que estén bien relacionados en los ámbitos judicial y político para conseguir cargos importantes.
La cuestión de fondo radica en que no se valora el conocimiento, sino, en todo caso, la astucia o lisa y llanamente el “mbarete”. Los aplazados en el examen ante el Consejo de la Magistratura se quejaron de que estaba “pedagógicamente errado”, tal como se quejan los docentes de la educación primaria que fracasan en las pruebas de evaluación: no les vendría mal una autocrítica que quizá les permita ser conscientes de sus limitaciones, generadas por un desastroso sistema educativo. Si el senador Hernán Rivas (ANR, cartista) finalmente tuviera un auténtico título de abogado, no desentonaría mucho en el gremio. También el meritorio Colegio de Abogados del Paraguay debería estar preocupado por el desenlace del examen comentado; al fin y al cabo, está en juego el prestigio de la profesión.
No se trata de que solo haya universidades elitistas, pero conceder títulos académicos que no certifican la idoneidad supone un serio riesgo para la sociedad. Si un juez incapaz puede ser tan nocivo como un prevaricador, un médico inepto puede causar la muerte. Tal como están las cosas, hasta se diría que el candidato presidencial Santiago Peña no estuvo muy descaminado cuando restó importancia a los títulos académicos que cubren paredes. La educación superior solo podrá mejorar si la básica está en mejores manos, es decir, si la formación docente deja de causar vergüenza ajena. La universidad no puede “acortar las orejas”.
Es necesario tomar en serio la educación para que, entre otras cosas, la vida, la libertad y los bienes de las personas no estén sujetos a la ignorancia diplomada.