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La libertad de prensa molesta notablemente a los poderosos que tienen algo o mucho que ocultar, razón por la que buscan coartarla por la fuerza o manipulando las leyes y las instituciones. El primer método es propio de las dictaduras, como las que hoy reinan en Cuba, en Venezuela o en Nicaragua, en tanto que al segundo suele recurrirse en países como el nuestro, en el que formalmente rige el sistema democrático, pese a la vocación autoritaria que suelen exhibir quienes ejercieron o ejercen un alto cargo estatal. Uno de estos que parece ser de los incurables prepotentes es el señor Horacio Cartes, titular del Partido Colorado, en el Gobierno, a cuyo servicio aparenta haberse puesto el Ministerio Público para imputar al expresidente de la República Mario Abdo Benítez y a ocho exfuncionarios, por la supuesta comisión de varios delitos cometidos para desprestigiarlo como político y empresario, en perverso contubernio con periodistas innominados de este diario y del colega Última Hora, así como de medios de prensa extranjeros, como el portal argentino Infobae.
Pedro Ovelar, abogado del vengativo denunciante, sostuvo cuanto sigue: “Medios poderosos fueron parte de esto; periodistas fueron parte de esto; ellos saben quiénes son y qué hicieron (?), y probablemente serán citados a rendir cuentas (!)” (las negritas son nuestras). Agregó que los nombres irían surgiendo en el curso de la investigación, lo que implica que el susodicho ya sabe cuanto harán los agentes fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti. Más que una presunción, parece una orden impartida al Ministerio Público para que descubra a los periodistas, les llame a “rendir cuentas” y eventualmente los impute. Esta posibilidad cobra fuerza luego de que tuvieran estado público textos de WhatsApp de conversaciones entre Ovelar y Cantero, de los que puede presumirse la sumisión de este último, a quien el abogado le “sugiere”, por no decir le “ordena”, que prepare a todos los integrantes de su equipo para reunirse con ellos. ¿Para darles instrucciones de cómo presentar la imputación contra Marito y sus excolaboradores?
El art. 29 de la Constitución dice que “los periodistas de los medios masivos de comunicación social, en cumplimiento de sus funciones, no serán obligados a actuar contra los dictados de su conciencia ni a revelar sus fuentes de información”, de modo que mal podrían ser compelidos a identificar al proveedor de cualquier dato sobre las actividades de Horacio Cartes. Se supone que el abogado conoce nuestra Carta Magna. Además, la última parte del artículo transcripto coincide con el tercer principio de la Declaración de Chapultepec (1994), emitida por la Conferencia Hemisférica de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Por lo demás, el art. 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), proclamada por las Naciones Unidas, dice que el derecho a la libertad de opinión y de expresión incluye el del periodista de “no ser molestado” a causa de las informaciones y opiniones investigadas, recibidas y publicadas.
La burda iniciativa del Ministerio Público evidentemente apunta a atemorizar a la prensa libre, aunque ello suponga ignorar también la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, 1969), cuyo art. 13 prohíbe restringir el derecho de expresión por vías indirectas tendientes a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones, como sería la de que el Ministerio Público convoque a un periodista para “rendir cuentas”.
En este indignante caso también se quiere “matar al mensajero”, como una prestación adicional a quien ejerce un considerable poder fáctico, siendo además propietario de medios de prensa, para mayor escarnio. Este diario, que, como siempre, no se dejará intimidar por esta ni otras amenazas, convencido de la legitimidad y honestidad de su tarea, comparte la “profunda preocupación” del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), generada por los dichos del abogado Ovelar, porque, entre otras cosas, “plantear la judicialización del ejercicio periodístico representa un grave retroceso para la convivencia democrática de nuestro país”.
Como en la época de la dictadura, la libertad de prensa resulta amenazada en el Paraguay. Así, pues, conviene que la ciudadanía esté siempre atenta, pues los ataques contra la prensa pueden provenir no solo de matones como los que ultimaron a nuestro corresponsal Pablo Medina, entre otros valientes periodistas, sino también de quienes pretenden valerse del Ministerio Público y de la judicatura para atentar contra el derecho de todos a informarse. Un pueblo amordazado es un pueblo sometido.