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El primer aniversario de la llegada de Emiliano Rolón a la jefatura del Ministerio Público se cumplió sin demasiados logros que exponer. El fiscal general, en una línea que no debería seguir, parece emular a su predecesora Sandra Quiñónez queriendo hacer pasar como “logros” las mejoras del aparato burocrático de la Fiscalía, actitud de por sí ya completamente sospechosa de intención de inacción.
El aparato burocrático de la Fiscalía no es, nunca fue y nunca será, un fin en sí mismo. Ese aparato lo paga el pueblo como uno de los pilares de la justicia y de la seguridad y lo cierto es que no está mostrando demasiado en favor de la primera ni de la segunda.
Es una trampa recurrente de los responsables institucionales de nuestro país pretender que su tarea se limita a mejorar el aparato burocrático de sus respectivas reparticiones. Eso es falso y no debe ser admitido, pues si fuera verdadero tendríamos el absurdo de que se establece un “contrato social” para alimentar a burócratas y no para lograr los fines definidos en los principios de tal “contrato”.
La Fiscalía no ha modificado ni una coma su espantosa política de liberar delincuentes de alta peligrosidad social pretextando el garantismo del sistema penal, mentira que se derrumba cuando se observa que al mismo tiempo mete en la cárcel, abusando de la privación preventiva de libertad, a personas por casos sin peligrosidad social que, como lo enunció y denunció la jueza Claudia Criscioni en el caso Ramón González Daher, son víctimas de fiscales y jueces con afán recaudatorio y procedimientos extorsivos… Para esas víctimas los fiscales no pretextan el garantismo del sistema.
La Fiscalía no solamente no ha modificado esa paradoja fabricada, sino que no ha dado ningún paso, ni pequeño siquiera, en la dirección de corregir la situación que es la mayor amenaza a la seguridad pública de las personas, el liberar a gente violenta, al mismo tiempo que la mayor amenaza a la idea de justicia al pisotear la presunción de inocencia de gente sin peligrosidad social.
A eso hay que sumar una cantidad de señales que no cabe más remedio que calificar de deprimentes, por decir lo menos, pues hay crecientes elementos para fundar la posición de que la Fiscalía tiene una doble vara para medir las cosas, que sigue con esa repugnante selectividad que la caracterizó en tiempos de Quiñónez.
En el caso de Hernán Rivas y de Orlando Arévalo, agentes del cartismo en el Congreso y sus delegados propuestos (uno de ellos en ejercicio aún) para los órganos de control judicial, la Fiscalía presentó raquíticas investigaciones que parecen preparadas para ir al basurero, asegurando la impunidad de los indagados. En el caso del expresidente Mario Abdo Benítez y sus colaboradores, una investigación que parece una enciclopedia, que busca lo contrario que en los casos anteriores. Un contraste que escandaliza y ofende.
En el caso de Marcelo Pecci emerge una larga lista de excusas que llevarán el caso al opareí, mientras en el de cualquier crítico del cartismo se observa una proactividad digna de mejor causa.
Todo lo anterior son hechos. No son opiniones ni análisis. Cualquiera puede comprobarlos simplemente buscando las notas de la propia Fiscalía sobre cada uno de los asuntos mencionados.
Si Emiliano Rolón cree que le queda crédito –y conste que tuvo como predecesores a dos pésimos fiscales generales, Sandra Quiñónez y Javier Díaz Verón–, probablemente necesite hacer un mejor análisis. Y, lo peor, debe estar confundiendo el respaldo del cartismo con el de la opinión pública, pero son cosas demasiado distintas. El respaldo del cartismo no salvará a Rolón de la ignominia, como no ha salvado de ella a Sandra Quiñónez. Una pena.