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El fomento de la educación debe ser prioritario en un país donde siete de cada diez alumnos de quince años no comprende lo que lee. Empero, el Ministerio competente ha anunciado que este año no invertirá en la ejecución del programa Jornada Escolar Extendida (JEE), financiada mediante un crédito de 20 millones de dólares otorgado en 2016 por el Banco Interamericano de Desarrollo. La viceministra de Educación Básica, María Gloria Pereira, dijo que las escuelas que desean mantener dicha modalidad, que supone ocho horas de clase en vez de cuatro, deben reunir algunos requisitos básicos como un “enfoque pedagógico que justifique la extensión horaria”. La verdad es más prosaica y tiene que ver, en gran medida, con el rotundo fracaso del almuerzo escolar, solventado desde 2013 con recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), administrados por los Gobiernos departamentales y municipales.
El Sindicato Nacional de Directores propuso –lisa y llanamente– la eliminación de la JEE porque la falta del almuerzo escolar obligaría a los alumnos a ir a sus casas para comer y retornar luego, poniendo en serio riesgo su seguridad, sobre todo en el departamento Central. Si a ello se suma que muchos provienen de hogares carenciados y que en las zonas rurales suelen recorrer grandes distancias, resulta que su permanencia ininterrumpida en las instituciones de enseñanza es indispensable. Sería lamentable que un programa tan importante sea enterrado por culpa de la corrupción, de la ineficacia o de insuficiencia de dinero para que los alumnos se alimenten en los centros educativos.
Valga como ejemplo de la pobrísima cobertura que solo seis de las más de veinte escuelas públicas de Lambaré ofrecen dicho servicio, indispensable para el imperativo de extender el horario escolar, dada la desastrosa situación educativa. Hasta ahora, el almuerzo escolar ha servido en buena medida para engordar a intendentes y gobernadores, así como para evidenciar su ineptitud o indolencia, bien reflejada en el hecho de que el jefe comunal de San Antonio, Santiago Aguilera (PLRA), aún no ha llamado a una licitación pública para la provisión del almuerzo en el año lectivo en curso: los padres de los alumnos de una escuela local en la que rige la JEE protestaron hace unos días por el desabastecimiento.
La escasez de fondos resulta indignante en vista del derroche estatal desenfrenado, en el que incurren el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) cuando alquila departamentos en un lujoso edificio para asiento de sus oficinas o contrata consultorías para comprobar el ruinoso estado de centenares de escuelas, el Ministerio de Economía y Finanzas cuando concede aumentos salariales de hasta cuatro millones de guaraníes al mes, la Cámara de Diputados cuando instala como “asesora” a la hija del vicepresidente de la República, Montserrat Alliana, con un sueldo cercano a los 20 millones de guaraníes mensuales –y como ella otros numerosos “nepobabies con buenos salarios”–, y el Congreso cuando modifica una ley para que, aparte de los presidentes y de los vicepresidentes de los poderes del Estado, también puedan volar en clase ejecutiva los ministros de la Corte Suprema de Justicia, los legisladores y los jerarcas de los organismos y entidades estatales. Habría así plata para semejantes dispendios, pero no así para que los educandos almuercen en los lugares de enseñanza, derruidos en su mayoría.
En un reciente editorial, sostuvimos que “es inadmisible que el almuerzo escolar se sirva en escuelas destartaladas, es decir, ‘hambre cero’ en pésimas instalaciones”, pero eso no significa que haya que renunciar a dicha prestación y por ende a la JEE, sino solo que se debe abordar de inmediato el grave problema de la infraestructura. El del almuerzo escolar tiene mucho que ver no solo con las falencias de las municipalidades y de las gobernaciones, sino también con la falta de transparencia: en enero de este año, la Contraloría General de la República reveló que 81 de las 263 municipalidades no le habían informado en los últimos cuatro meses de los procesos de compra para el almuerzo escolar, como era su deber legal; a ello se suma la debilidad del control ciudadano, pese a que no sería difícil detectar en el lugar de los hechos, sobre todo en las localidades pequeñas y medianas, el mal empleo de los recursos del Fonacide o su desperdicio. Es preciso que aumente la vigilancia de los pobladores porque está en juego el futuro de sus hijos, seriamente amenazado por los vicios antes referidos.
El MEC se lava las manos, dejando a criterio de cada una de las direcciones escolares la implementación de la JEE, de lo que resultarían dos regímenes educativos distintos: uno de cuatro horas diarias de clase y otro de ocho, con la consiguiente desigualdad entre los alumnos de uno y otro, así como entre los docentes, considerando la jornada laboral y la remuneración. En su discurso inaugural, el presidente de la República, Santiago Peña, se comprometió, entre otras cosas, a asignar recursos oportunos a las prioridades educativas, a dejar de hacer remiendos en infraestructuras obsoletas, y a usar la cooperación internacional en pro de nuestros propios proyectos educativos, en vez de “experimentar con ideas foráneas o enlatadas que solo distraen esfuerzos”. Pasaron siete meses, y hasta hoy nada ha hecho para mejorar la gestión educativa, tanto que el ministro Luis Ramírez decidió dejar la JEE en manos de los directores, cuyo sindicato propone eliminarlo, como si fuera una de esas “ideas foráneas” condenables. En verdad, los que “distraen esfuerzos” son la deshonestidad, la ineptitud y el despilfarro, vigentes como siempre, sin que el Gobierno se ocupe de enfrentarlos.