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El diputado Raúl Latorre (ANR, cartista) fue reelecto por abrumadora mayoría para presidir la Cámara Baja, pese o debido a que ha fomentado allí el nepotismo feroz, violando la Ley N° 6622/20, que impone medidas de racionalización del gasto público, y su Decreto reglamentario N° 4899/21. Según la ley citada, en ningún caso se podrá designar en un órgano colegiado a un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de sus miembros, que cobre una remuneración presupuestaria, salvo el ingreso logrado a través de un concurso público de oposición. El decreto mencionado dispone que los asesores de cada uno de los miembros no podrán ser más de tres. Que solo ocho de los ochenta diputados se hayan abstenido de votar a favor del presidente transgresor dice mucho acerca de la conciencia jurídica y moral de la generalidad de ellos, mucho más atenta al interés familiar que al público. La Cámara tiene el tratamiento de “honorable”, pero evidentemente el común de sus integrantes no lo es.
Raúl Latorre fue el único candidato, ya que ninguno de sus colegas “opositores” se atrevió a postularse al alto puesto, aunque más no sea para dar testimonio de su rechazo al desmanejo institucional. Las tres bancadas del PLRA (!), más un “independiente”, habrían entregado sus votos a cambio de encabezar algunas comisiones asesoras permanentes, demostrando que el respeto a la legalidad de los liberales, por así llamarlos, está supeditado a los cargos que puedan conquistar mediante el enjuague politiquero. Claro que los cartistas Cleto Giménez y Roya Torres tuvieron, además, motivos personales para sentirse agradecidos con Raúl Latorre, pues mediante él lograron que los contribuyentes se ocupen del sustento de dos hijas y de un hijo, respectivamente. En cuanto a los colorados, las mismas razones tuvieron, con un vástago cada uno, Domingo Adorno, Pedro Ortiz y Héctor Figueredo. Goza también de un buen pasar, gracias al profundo bolsillo de Juan Pueblo, Silvia Noemí Vega, quien “trabaja” como “asesora” de su esposo, el diputado Benjamín Cantero (ANR, cartista).
Los casos mencionados, a los que pueden agregarse otros, le costaron al erario 200.195.858 guaraníes, entre septiembre y enero últimos. A ellos se suma uno especial: el de la comisionada Montserrat Alliana, hija del vicepresidente de la República y extitular de la Cámara, que en el mismo periodo cobró 59.391.470 guaraníes, triplicando su sueldo original en el Ministerio de Justicia. Huelga apuntar que ninguno de los beneficiados con el dinero público cada mes por su relación de parentesco participó en un concurso público de oposición ni fue contratado “para atender necesidades temporales de excepcional interés para la comunidad”, como manda la ley.
La Cámara de Diputados –cuya directora de Cafetería gana trece millones de guaraníes al mes– tenía en diciembre nada menos que 2.383 funcionarios, que consumen más de 16.401 millones de guaraníes mensuales. A ellos se agregan 571 contratados, de los cuales 280 ingresaron bajo la presidencia de Raúl Latorre, no habiéndose renovado los contratos de 346. Que haya 36 asalariados por cada legislador y que 532 funcionarios figuren como “asesores”, con un sueldo mensual de 4.200.269 guaraníes, es una costosa tomadura de pelo al país, a lo que se añade que el Senado cuenta con 837 funcionarios y contratados. Este notorio exceso del personal parlamentario no indujo a promover su drástica reducción, sino, por el contrario, hubo una propuesta para la ampliación del Palacio Legislativo a un costo de 5.000 millones de guaraníes, felizmente abortada tras la repulsa ciudadana.
En el discurso de agradecimiento a sus colegas, el diputado Latorre habló de modernizar la Cámara y de que “el trabajo dignifica”: él y sus oyentes deberían saber que la modernización se opone al nepotismo, al amiguismo y al clientelismo y que la dignificación de muchos de sus funcionarios y contratados resulta imposible por la simple razón de que no hay trabajo suficiente para darles: están de más y ellos mismos lo saben, razón por la que hacen oficina en los pasillos. El reelecto titular de la Cámara Baja dijo a la prensa que impulsará una ley sobre la carrera del funcionario legislativo, que tendrá en cuenta el mérito y la antigüedad, y una modificación del organigrama que apunte a reducir el número de “jefaturas que no tienen razón de ser”. Menos mal que se dió cuenta, pero cuesta creer que cumplirá con lo prometido, pues ya ha venido dando sobradas muestras de que reúne los vicios típicos de los politicastros nacionales, en cuanto a la gestión de fondos públicos. Por otro lado, en vez de esperar que entre en vigencia la ley que piensa impulsar, bien podría solucionar las cosas simplemente cumpliendo las normas que están plenamente vigentes.
Solo la sociedad civil indignada y organizada podrá poner coto a tamaña anomalía, demostrando a los autores en los lugares públicos, dentro de lo que permite la ley, que sus abusos no pasan desapercibidos y que tarde o temprano rendirán cuentas de sus actos.