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Las protestas en el sector de la salud pública no paran debido a la precariedad en que se desenvuelven los centros sanitarios como por el descontento del personal del área por los salarios que perciben. En este momento quienes se movilizan son los pasantes rurales, que en verdad no son pasantes que tratan de ingresar en una oficina pública, sino médicos ya recibidos tras varios años de estudio que van a ejercer su profesión como tales en hospitales del interior del país. La propuesta del Ministerio del ramo era pagarles alrededor de 5.000.000 de guaraníes, con variación según la distancia que existe entre la residencia del profesional y el lugar donde ejerce. Paradojalmente, la oferta que realizaron las actuales autoridades no mejoraba en absoluto el monto salarial vigente. Por el contrario, a muchos médicos les disminuía lo que deberían percibir, según denunciaron enérgicamente en masivas manifestaciones en hospitales escuela del país.
Llama así poderosamente la atención el interés –o desinterés– que demostraba el Gobierno, y en este caso las nuevas autoridades del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, al retacearles monedas a los médicos. Esto contrastaba con que, apenas comenzado su gobierno, el presidente Santiago Peña había solicitado importantes aumentos para sí mismo, para sus ministros y para otras altas autoridades, de los que tuvo que desistir debido al repudio generalizado de la gente. Posteriormente, el Ministerio de Economía y Finanzas, a cargo de Carlos Fernández Valdovinos, aprobó para sus funcionarios aumentos de hasta cuatro millones de guaraníes, mientras que los de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios recibieron a su vez aumentos de hasta 3,5 millones de guaraníes.
Mientras cobran estado público estas demostraciones de repudiable generosidad del Gobierno con el dinero de todos solo hacia ciertos funcionarios, los médicos deben realizar manifestaciones, en la práctica no ya para conquistar algún aumento, sino para que no se les disminuya aún más lo que venían percibiendo. Esta vergonzosa situación es todavía merecedora de mayor repudio si se compara la cifra que vienen percibiendo estos profesionales con los escandalosos salarios de los “nepobabies”, vástagos u otros parientes de funcionarios, especialmente de legisladores, que en muy poco tiempo ya reciben salarios cercanos a los 20 millones de guaraníes, como Montserrat Alliana, hija del vicepresidente de la República, Pedro Alliana. Destacan también Alejandro Ovelar, el hijo del propio presidente del Congreso, senador Silvio Ovelar (ANR, cartista), que se vio obligado a renunciar cuando su caso salió a luz y recibió mucho repudio. O el del hijo de la diputada Roya Torres, electa por el PLRA pero afín al cartismo, que después de deambular por distintas instituciones, le crearon un escritorio en la Municipalidad de Presidente Franco, donde su papá, Roque Godoy, es intendente, entre muchos otros ejemplares, que gozan de generosos salarios, la mayoría con escasa preparación profesional y sin tener mucho que hacer.
No resulta, pues, descabellado que una de las pancartas que exhibieron ayer médicos manifestantes en el Hospital Regional de Luque expresara: “Perdón por no ser nepobaby”, dando a entender que de esa forma estaría ganando mucho más de lo que hoy se les paga, después de varios años de estudio. “Estoy para hacer fotocopias”, decía otra pancarta, aludiendo a los cargos que, podría decirse, de fantasía, existen en el Congreso, para otorgárseles importantes salarios a los allegados de los políticos. Ante tan contundentes argumentos, la ministra de Salud, María Teresa Barán, informó más tarde que dejaba sin efecto la oferta inicial y anunció que los afectados van a recibir en adelante 10 millones de guaraníes, con un plus para quienes ejerzan en Alto Paraguay, Boquerón y la zona alta de Presidente Hayes.
Aún con este incremento, si se tratara de un encuentro deportivo, podría decirse que los “nepobabies” todavía les ganan por goleada a los médicos en materia de salarios.
Como se ve, más allá del justo reclamo de los médicos, la corrupción, el derroche y la indiferencia que distinguen al aparato estatal, hacen que ciertos servicios esenciales sean prestados de la peor manera. Al igual que la seguridad interna y el sistema educativo, la salud pública sufre de carencias espantosas, tanto que convierten en una burla cruel el mandato constitucional de que el Estado la promueva y la proteja “como derecho fundamental de la persona y en interés de la comunidad”. Debido a esta situación, también, numerosos compatriotas traspasan las fronteras para hacerse atender en países vecinos, unos de los cuales, la Argentina, comienza a cobrarles en sus hospitales. Seguramente dicen: “por qué nosotros tenemos que atenderles a los paraguayos, mientras sus autoridades hacen vito del Presupuesto para beneficiarse ellas mismas y sus allegados, y no equipan sus hospitales, carecen de medicamentos y pagan mal a sus médicos”. Es como para darles la razón. Además las altas autoridades y políticos tienen seguros vip a costa de la sufrida población, y cuando tienen problemas graves van a tratarse en el exterior.
Este es el drama eterno de la salud pública en nuestro país, que en estos últimos días al parecer descubrieron el presidente Santiago Peña y su esposa, Leticia Ocampos, y lo expusieron con caras compungidas. Pero estas actitudes ya no conmueven a nadie frente a la realidad que sale a la luz todos los días y es denunciada con firmeza por la gente, que ya no se calla. Es mucha la hipocresía que existe, pues es notoria la diferencia que se acentúa entre unos habitantes de primera clase y el común de la gente. Ignorar esta realidad puede ser muy peligroso.