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En la noche del 23 al 24 de abril de 2017, Ciudad del Este fue atacada por unos cincuenta criminales del Primer Comando da Capital, dotados de armas largas y explosivos, que tomaron rehenes e instalaron barricadas con vehículos quemados, en el marco de un gran asalto al local de la firma Prosegur: se llevaron un botín de casi doce millones de dólares, parte del cual fue recuperado en Foz de Iguazú, el día después. También en la capital del Alto Paraná, a principios de este mes, luego de que doce malhechores cavaron durante dos años un extenso túnel, se apropiaron de dieciocho a veinte millones de dólares, guardados en una bóveda por 148 miembros de la Asociación de Trabajadores Cambistas; dos de ellos ya fueron detenidos, en tanto que sigue prófugo el presunto jefe de la operación, Mario Pucheta Martínez. Este residía cómodamente en su lujosa casaquinta de Presidente Franco, pese a una orden de captura por narcotráfico originada en Brasil en 2012 y renovada en 2019. El 17 de febrero, tres portadores de reales que valían 450 millones de guaraníes, pertenecientes a cambistas encarnacenos, sufrieron un atraco aún no aclarado en una estación de servicio de la misma ciudad esteña. Estos son algunos de los grandes robos recientes más sonados, independientemente de la inseguridad que soportan pobladores y turistas en forma permanente. Ayer mismo al mediodía, las noticias hablaron del robo callejero a una mujer y su hijo, que fueron despojados de tres millones de guaraníes, por asaltantes que huyeron en su automóvil.
No resulta nada raro, entonces, que esta semana la Cámara de Empresarios de Ciudad del Este y Alto Paraná expresara en un comunicado su profunda preocupación por la inseguridad reinante en la región, al tiempo de pedir al Gobierno nacional urgentes y drásticas medidas para abordar la criminalidad desbordante.
Está visto así que Ciudad del Este es un peligroso emporio. En los casos referidos, los montos robados fueron considerables, porque en el escenario de esos hechos delictivos abunda el dinero sucio, desde hace largos años. Para no ir más lejos, en 2019 se supo que desde allí se transferían fondos a una firma de los Estados Unidos que exportaba vehículos y tenía vínculos con el fundamentalismo islámico, en tanto que en 2021 el Departamento del Tesoro de ese país informó que el “despachante aduanero” Kassem Hijazi, extraditado en 2022, lavaba dinero a través de bancos y de casas de cambio esteños; todo indica que lo hizo durante al menos diecisiete años, bajo la protección de políticos, de agentes fiscales y hasta de la Policía Nacional, cuya oficina Regional de Delitos Económicos ayudó a construir, razón por la que ¡hasta recibió un pergamino de reconocimiento!
Como uno de los pilares de la Triple Frontera, la capital altoparanaense tiene en todo el mundo una mala fama bien ganada, debido a la inoperancia o a la complicidad estatales. En la próspera economía subterránea circulan millones de dólares, sin que tomen debida nota el Banco Central del Paraguay (BCP), la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) ni la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). El saqueo de la bóveda de la Asociación de Trabajadores Cambistas, solo dos de los cuales denunciaron formalmente el perjuicio, es un buen ejemplo de que allí hay mucho que ocultar: hasta hoy se ignora la cuantía exacta de lo rapiñado, pues la asociación carece de un registro de los depósitos, que solo serían conocidos por los usuarios de los cofres. Su presidente, Walter Fernández, reveló que ¡los fondos entraban y salían sin la supervisión de la Seprelad ni del BCP! Esta última entidad, en la que está inscrita no más de una docena de los cambistas callejeros de todo el país, alega que solo controla a los formales, como si no debiera impedir, justamente, que la enorme mayoría de esos “trabajadores” opere sin ninguna traba.
Por su parte, el jefe de la DNIT, Óscar Orué, confirmó que la enorme suma sustraída de la bóveda era “totalmente informal”, pues ¡los cambistas tampoco están registrados en ese organismo! Más aún, descubrió la pólvora al suponer que esa informalidad, que implicaría evadir impuestos, puede servir para lavar dinero o financiar el contrabando y el narcotráfico, razón por la que, según dijo, la DNIT, el BCP y la Seprelad deben ocuparse de las operaciones irregulares de cambio de moneda. Por qué no lo venían haciendo es la gran pregunta. Si no hubiera sido por el túnel, nunca habría llegado a tan asombrosa conclusión.
Es de suponer que no son pocos los comerciantes honestos interesados en borrar la pésima imagen de la capital del Alto Paraná, aunque más no sea porque a este paso sus negocios resultarán más afectados. Les conviene insistir con fuerza en la necesidad de preservar la seguridad de todos y no solo la del turismo de compras, para que Ciudad del Este no se parezca aún más a la Chicago de Al Capone. Es preciso liberar a esta ciudad de las garras del crimen, organizado o no, para lo cual será imprescindible que la Policía Nacional y los organismos de control mencionados sean purgados para que cumplan realmente con sus obligaciones.