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A principios de este mes el presidente de la República, Santiago Peña, se jactaba de la leve mejora en la calificación de la evaluadora de riesgos Standard & Poor’s y auguraba un pronto ascenso al “anhelado grado de inversión”. Desde entonces, en menos de quince días, se produjo el escandaloso atropello a la institucionalidad por parte del oficialismo con el caso de la senadora Kattya González, denunciado por todos los sectores ciudadanos excepto sus perpetradores, y ocurrieron hechos como el robo de un depósito de cambistas en Ciudad del Este donde había 30 millones de dólares en negro, producto de operaciones realizadas abiertamente, ante la vista gorda de las autoridades.
El episodio de Ciudad del Este puede parecer anecdótico, pero la sanción e implementación efectiva de las leyes de lavado de dinero es precisamente una de las precondiciones identificadas por las calificadoras internacionales para avanzar a categorías superiores. Lo que el suceso demuestra es que esas leyes rigen solo para aquellos que de por sí trabajan en la economía formal y para la gente común y corriente, a la que se le exige declarar cualquier movimiento superior a 10.000 dólares, pero no para grandes operadores que se manejan tranquilamente al margen sin ser molestados. Y este es solo un ejemplo de la vasta informalidad y el amplio mercado negro que aún imperan en el país, y no únicamente, como todos saben, en las zonas fronterizas.
Lo de Kattya es aún peor, porque es un grave paso atrás en la consolidación de la institucionalidad democrática, el Estado de derecho y la seguridad jurídica, así como un factor de inestabilidad política, aspectos cruciales a la hora de tomar decisiones sobre apuestas financieras o inversiones directas en un determinado país, sobre todo en uno pequeño como Paraguay. No existe ningún país no democrático en el mundo con categoría triple A, ni siquiera China o Arabia Saudita, y ningún país periférico no democrático en “grado de inversión”, por lo que la relación es muy evidente.
Paraguay todavía es visto en el mundo como un país con una democracia muy débil, con un “régimen híbrido”, según lo cataloga, por ejemplo, el Mapa de la Democracia Global de The Economist Intelligence Unit, una de las fuentes más respetadas y consultadas en el ámbito de los negocios. Si pretende realmente avanzar al grado de inversión, primero debe mejorar esa imagen, y está claro que hechos como el de Kattya González, alentado desde el mismo sector en el poder, percibido como parte de un plan autoritario, no ayudan para nada.
Las tres mayores calificadoras internacionales tienen a Paraguay exactamente en el mismo nivel de riesgo para su deuda soberana de largo plazo. Cada una con su propia nomenclatura, Moody’s Investor’s Service la califica con Ba1, Fitch Ratings con BB+, al igual que Standard & Poor’s Financial Services tras su último ajuste. Las tres “notas” están en el peldaño inmediatamente anterior al “grado medio inferior”, considerado el primer escalón del grado llamado de inversión (BBB- en el caso S&P y Fitch, y Baa1 en el caso de Moody’s), pero todavía dentro del nivel especulativo, definido como “riesgo crediticio considerable” o “gran incertidumbre ante condiciones económicas, financieras y de negocios adversas”.
Hace diez años que la calificación de Paraguay está anclada en esa categoría y no se moverá de allí a menos que se den señales convincentes de que se están dando progresos efectivos en las áreas recomendadas. Una es justamente el área política, otra la de las finanzas públicas y otra la relativa a reformas económicas y sociales que apuntalen el clima de negocios y el potencial de crecimiento.
Cada quien puede tener su opinión sobre estas calificadoras, pero la realidad es que sus rankings son los que siguen los inversores como referencia para tomar decisiones en relación con un país, especialmente los bancos y las casas bursátiles en nombre de sus clientes. Mientras Paraguay se mantenga en el grado especulativo solo captará una parte marginal de esos portafolios, y no la de mejor calidad, lo cual tiene impacto tanto en la tasa de interés que paga el Estado por sus bonos soberanos como en la posibilidad de atraer inversiones directas para emprendimientos que generen empleo, innovación y oportunidades.
Es por ello que es tan importante acceder al grado de inversión, aun en sus niveles más básicos, algo que en América del Sur han conseguido Chile, Uruguay y Perú. Implicaría una ventaja determinante para la economía nacional, tanto a nivel público como privado. Lamentablemente, los últimos acontecimientos alejan antes que acercar al país a ese objetivo.