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El nuevo presidente de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones, Óscar Stark, “reveló” que Vox está en quiebra técnica y que Copaco “aún no, pero sigue el mismo camino”. Para empezar, llamemos a las cosas por su nombre. Vox no está en “quiebra técnica”, sino en quiebra, punto, lo mismo que Copaco. La única razón por la que ambas siguen “operando” es porque se financian con el dinero de los contribuyentes, quienes, a cambio, no reciben absolutamente ningún beneficio ni contraprestación. No necesitamos que nos digan lo que ya sabemos. Lo que deben informar es cuándo se va a dejar de meter la mano en el bolsillo de la gente para mantener este antro de corrupción, ineficiencia y descarado clientelismo político.
Stark acaba de asumir en reemplazo de Rodrigo Ferreira Cárdenas, quien apenas estuvo cuatro meses en el cargo y fue destituido, supuestamente por no presentar planes para reflotar la compañía, después de reportar una pérdida de 28 millones de dólares en el ejercicio 2023. No existe tal “plan para reflotar” Copaco, de la misma manera que no se puede resucitar a un muerto. Cualquier empresa privada paraguaya, de cualquier índole o sector, que registre una pérdida de 28 millones de dólares en un año estaría procediendo a su liquidación. Si no es el caso de Copaco, es sola y sencillamente porque el único accionista es el Estado paraguayo, a cuyos administradores no les importa perder grandes sumas de dinero, total no es suyo y ellos siguen cobrando sus altos salarios y sus multimillonarios planes de retiro.
Vox tiene un patrimonio negativo de 100.000 millones de guaraníes, dijo Stark, lo cual no solamente significa que la empresa vale literalmente cero, sino que, incluso si vendiera todo lo que tiene no le alcanzaría para cubrir sus pasivos. Obviamente, el feroz “mono” le queda a su infortunado dueño, es decir, el Estado, o sea, toda la ciudadanía.
Aun así, es mejor liquidar cuanto antes, porque lo contrario solo puede conllevar agrandar más el agujero. No existe ninguna posibilidad de que una empresa vetusta, sin clientes, sin cobertura pueda sobrevivir en un mercado tan competitivo y tecnológicamente demandante como la telefonía celular y la transmisión de datos. Para lo único que sirve es para pagar sueldos nada menos que a 250 empleados, que son prácticamente –cuando no directamente– planilleros, dado que tienen poco y nada que hacer en una empresa que virtualmente no funciona. En realidad, ni siquiera sirve para eso, ya que las recaudaciones son casi nulas y los sueldos los paga el Estado.
Pero Vox es solo una parte relativamente pequeña del problema. Stark dijo que Copaco no está en la misma situación por tener todavía patrimonio positivo, pero es algo bastante difícil de creer si se tiene en cuenta que, al mismo tiempo, admite que no se está pudiendo ni pagar los salarios a ¡3.000 funcionarios! que todavía quedan en la compañía y mucho menos las ingentes deudas, al punto de que tiene un centenar de propiedades embargadas.
Existen serias dudas sobre cómo se han venido realizando sus balances y cómo se han venido avaluando sus activos. Copaco tenía mucho valor hace treinta años, cuando todavía era Antelco, no porque fuera un ejemplo de eficiencia y rentabilidad, ni mucho menos, sino porque era el boom de las telecomunicaciones y el mercado pagaba cifras astronómicas por las compañías telefónicas. Se desaprovechó la oportunidad por política, por intereses creados, por sospechas de corrupción y hoy es una entidad obsoleta, desdeñable e inviable.
Tanto es así que el “plan” que tiene en mente su titular, según comentó, es achicar al máximo sus operaciones y “centrarse en brindar conectividad a instituciones públicas”. En otras palabras, obligar al Estado a contratar sus servicios, independientemente de la calidad y la conveniencia de los mismos, para continuar directa o indirectamente con la sangría en favor de la clientela.
Stark también dijo que “la corrupción es muy grande” y que “hay personas que deberían ir presas” por los múltiples negociados, entre los que mencionó “contratos sin lógica”, ejecutados “sin solvencia para afrontarlos”, suscritos con empresas “allegadas a funcionarios”. Sin embargo, no identificó a nadie. Solo señaló que están preparando una “denuncia penal innominada”, léase pasarle la pelota a la Fiscalía, lavarse las manos y, casi con toda seguridad, terminar en el típico oparei.
Lo primero que se debe hacer en Copaco –como también en otras empresas públicas– es un sinceramiento profundo de su contabilidad. Segundo, una evaluación profesional, técnica y muy realista de sus posibilidades, con la vista puesta en el verdadero interés del Estado, no de los que viven a su costilla, para actuar en consecuencia proteste quien proteste. Tercero, una exhaustiva investigación interna y denuncias con nombre y apellido. Si Stark asumió el desafío tiene que estar dispuesto a proceder en los tres frentes. De lo contrario, acabará como su antecesor y la gente común y corriente seguirá pagando la cuenta.