Cargando...
La fiscala Sandra Ledesma realizó varios procedimientos y hasta el momento seis detenciones en relación con una rosca de venta de cargos en el Instituto de Previsión Social, mientras el gerente de Salud, Dr. Carlos Morínigo, señaló que ya había hecho la denuncia hace cuatro meses en relación con una de las personas detenidas ahora, pero que fue ignorada por el ente en esa oportunidad. No solamente los encargados directos omitieron darle el seguimiento debido y de hacer la correspondiente presentación oficial ante el Ministerio Público, sino que rápidamente recontrataron a los funcionarios involucrados, lo que generó una amarga y entendible queja pública del Dr. Morínigo.
Sin hacer claras individualizaciones, Morínigo dejó constancia de que se quiso cajonear el asunto dentro del IPS, algo que calificó de “asqueroso” y que denota que habría largas ramificaciones en el interior de la estructura del ente. Si bien exculpó al Dr. Jorge Brítez, presidente del instituto, y al asesor jurídico, José González, quienes lo acompañaron en aquella denuncia, no se puede soslayar que Brítez es el máximo responsable de lo que ocurre en la cadena jerárquica de la organización. Si no puede con sus subalternos, ¿qué poderes ocultos manejan realmente el IPS? ¿Y qué hace el Consejo de Administración, integrado por miembros que, en teoría, representan, con altos salarios y beneficios, a los distintos estamentos, incluyendo al empresariado? Sin duda tuvieron que haber tomado conocimiento de la mencionada denuncia y, por lo visto, no les importó demasiado.
Se estima que tiene que haber más implicados. Tenían hasta una oficina donde atendían a multitudes de interesados y ofrecían nombramientos, contratos o recategorizaciones a cambio de dinero, con formularios oficiales del IPS, máquinas de captación de datos biométricos y otros implementos. Según Morínigo, “tienen conexiones con gente multimillonaria y cercana al poder”, que no identificó.
Brítez, en cambio, cree que se trata de una estafa “por fuera” que utiliza el nombre del IPS, aunque prometió que “si hay responsables dentro de la institución ,les vamos a caer con todo”, lo que parece contradecir el sentimiento manifestado por el gerente de Salud, indignado y frustrado justamente por el escaso resultado de su denuncia de meses atrás, pese a incluir capturas de pantalla, nombres y otras sólidas evidencias. Como si faltara más, la Gerencia de Salud denunció que fueron eliminados archivos de una computadora y desapareció un legajo que contenía pruebas del caso.
Adicionalmente, Brítez hizo una preocupante revelación. Aseguró que desde que asumió el cargo no ha firmado ninguna nueva contratación y, al contrario, ha dado por terminados los contratos de 600 funcionarios “porque estamos sobrecargados”. Sin embargo, dijo que en los cinco años anteriores ¡ingresaron nada menos que 11.000 funcionarios a la previsional, una enormidad!
El IPS tiene 26.265 funcionarios, de los cuales alrededor de 11.000 son contratados, más que cualquier otra entidad pública o privada en el país, incluyendo todos los ministerios, la Municipalidad de Asunción, Itaipú, y hasta la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Este tremendo derroche del dinero de los aportantes se produce porque el 7% de todas las recaudaciones brutas del IPS se destinan a “gastos administrativos”, lo que no incluye al personal de blanco y de mantenimiento y seguridad del área de salud, que se financia aparte, con el presupuesto del Fondo de Enfermedad y Maternidad. Ese 7% está fuera de todo rango racional o internacionalmente aceptado. Para tener una idea, las administradoras de fondos de pensión de Chile, que son privadas, cobran una comisión de hasta 1,5% en total, de donde deben salir la administración y las utilidades.
Y no hay que olvidar que todavía no se ha aclarado fehacientemente cuál es el estado del insólito contrato colectivo firmado el año pasado, durante la presidencia de Vicente Battaglia, con los distintos sindicatos a espaldas de los asegurados, que contempla desaforados beneficios para esos más de 26.000, a costa del IPS. El mismo fue aprobado por el Consejo de Administración y hasta homologado por el Ministerio del Trabajo. El aumento salarial automático y el aguinaldo extra que pretendían no fue incluido (por ahora) en el Presupuesto 2024, pero el contrato sigue figurando como “validado” en el sitio oficial del Instituto, lo que supone, por ejemplo, que los funcionarios pueden acceder a licencias pagadas hasta por 266 días en el año, el doble que la “reposera” Lilian Angélica Troche, que se ausentó por 133 días.
Es de esperar que la fiscala Ledesma tenga éxitos en sus investigaciones y que se llegue hasta el final, no solo a la “punta del ovillo” de la que habló el Dr. Brítez. Independientemente de ello, este nuevo escándalo es una muestra más del total descontrol en una institución que percibe más de 1.000 millones de dólares al año de parte de 1.500.000 trabajadores y empleadores aportantes del sector privado.