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A poco de haber resuelto contratar por 7.100 millones de guaraníes unas consultorías que confirmen el mal estado de 316 locales escolares, se ha sabido que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) pagará este año 756 millones de guaraníes por el alquiler de catorce lujosos departamentos de un edificio céntrico de Asunción, para parte de sus diversas oficinas. Además, el ministro del ramo, Luis Ramírez, está contratando por la vía de excepción, por casi 4.000 millones de guaraníes, el alquiler de un edificio céntrico.
Llamativamente, este Ministerio posee en la capital dos locales vacíos: uno fue mal adquirido en 2009 y aún no ha sido puesto en subasta, lo que hizo que ya fuera saqueado y que su infraestructura sufra graves deterioros; el otro está ubicado en uno de los edificios construidos en la zona portuaria por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) por más de ochenta millones de dólares, para asiento de oficinas gubernativas. Pero según Amílcar Guillén, director general de Proyectos Estratégicos, será “difícil” ocuparlos este año, ya que recién en febrero concluiría el análisis del costo de equipamiento, a lo que se sumaría una nueva intervención estructural debido a ¡filtraciones de agua en el complejo edilicio todavía sin usar! Hoy está lleno de malezas, heces y telarañas, debido a la desidia del MOPC. Este Ministerio también malgastó, entre 2018 y 2023, más de 141.000 millones de guaraníes en “consultorías de apoyo”, pese a contar con unos cuatro mil asalariados. Entretanto, siguen también desocupadas desde junio del año pasado dos cárceles de Emboscada y una de Minga Guazú, construidas por encargo también del MOPC a un costo de casi 32 millones de dólares, porque los contratos respectivos no previeron el equipamiento ni la instalación de agua potable. Por supuesto, no hay responsables de tan voluminosas pérdidas para el país, lo que da para pensar que tales proyectos solo fueron encarados para las conocidas “tragadas” de fondos públicos. La corrupción, el amiguismo y la ineficiencia suelen ir de la mano, y concluyen en el irritante derroche que priva de fondos a servicios públicos esenciales. Las millonadas que el MEC destina a alquileres bien podría haber invertido, por ejemplo, para poner en condiciones de funcionamiento los edificios sin uso que posee, pero eso no sería rentable por alguna oscura razón.
Se pueden dar múltiples ejemplos de esta clase de prácticas desenfrenadas, a las que no ponen coto ni la Contraloría General de la República (CGR) ni la Secretaría de la Función Pública (SFP). Aparte del enorme despilfarro que conlleva el exceso de funcionarios y de contratados, que nada hacen porque sus servicios son innecesarios, hay cuantiosos gastos inútiles injustificables en un país con tantas carencias.
Siguiendo una nefasta tradición, la Cámara Baja contrató a fines del año pasado, a un costo de 15.289 millones de guaraníes, un seguro médico privado para 2024 y 2025, que cubre incluso a los funcionarios y a los familiares de los diputados, incluso a los suegros. Un abuso, frente a las necesidades de la gente “común.” Por su parte, la Corte Suprema de Justicia regaló a fin de año ponchos de 60 listas y guampas plateadas para tereré, entre otras finezas, a un costo global de 150 millones de guaraníes.
Es evidente que las autoridades públicas no tienen el menor sentido de la austeridad y la racionalización del gasto público les tiene sin cuidado. Dilapidan el dinero de los contribuyentes como si fuera suyo, ignorando que el art. 4° de la Ley N° 6622/00 prohíbe, entre otras cosas, el pago de seguro médico privado y/o medicina prepaga para la máxima autoridad de los organismos y entidades del Estado y para los miembros de sus órganos colegiados (inc. b), así como la provisión de alimentos terminados, bebidas, arreglos florales, obsequios, tarjetas de felicitaciones y de invitación para recepciones o eventos (inc. e). ¿No conocen estas disposiciones legales nuestros legisladores y autoridades? Podemos presumir que sí, pero les importa un bledo.
A este paso, no habrá reorganización del Estado que sirva si los responsables de los organismos priorizan sus intereses políticos y económicos al bien común. Esos alquileres innecesarios que mencionamos, por ejemplo, están contemplados en el Presupuesto nacional, por lo que habrá pasado indefectiblemente por el Ministerio de Economía y Finanzas, y luego por el Parlamento, donde cada Cámara tiene sus comisiones especializadas que bien podrían hacer las preguntas de rigor para evitar más despilfarros. Pero, repetimos, a nadie le interesa el dinero de todos.
A este paso, el Paraguay seguirá desangrándose en aras de la clientela, del amiguismo y del bolsillo de quienes mandan, mientras se llenan la boca de palabras como patriotismo y bien común. La ciudadanía debe rebelarse, dentro del marco de la ley, contra sus verdugos.