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En general, la ciudadanía coincide en que nuestro sistema educativo es deplorable, tal como lo ha ratificado el último informe del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA), que ubica al Paraguay en la vergonzosa penúltima posición entre 81 países. No son pocas las voces que insisten en la necesidad de que se destine a la educación al menos 7% del producto interno bruto o entre el 15 y el 20% del gasto público. En el año que termina el presupuesto del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) ascendió a 10.224 billones de guaraníes (4.600 millones de dólares), siendo el más alto tras el del Ministerio de Hacienda y respondiendo en buena medida al mandato constitucional de que los recursos destinados a la educación no sean inferiores al 20% del total asignado a la Administración Central.
Nuestro diario ha venido insistiendo en que el drama educativo no responde tanto a insuficiencias presupuestarias como a la corrupción, el prebendarismo y el derroche. Los docentes mal formados y los centros educativos ruinosos son la consecuencia necesaria de tales vicios arrastrados desde hace largas décadas. Hay que invertir más, pero sobre todo mejor. En 2019, el entonces ministro de Educación y Ciencias Eduardo Petta culpó a la corrupción y a la politiquería de la pésima calidad educativa, dando claros ejemplos de sus respectivas incidencias. A esas lacras persistentes hay que agregar el gasto superfluo, que implica un desvío de recursos que deberían destinarse a paliar graves deficiencias de diverso orden.
Un buen ejemplo de esa práctica tan nociva como la malversación es que el MEC se propone contratar, por 7.100 millones de guaraníes del Fondo de Excelencia para la Educación y la Investigación, unas consultorías que confirmen dentro de cuatro meses que la infraestructura de 316 escuelas públicas se halla en mal estado. Las clases se reinician en febrero. Aunque el ministro Luis Ramírez, así como los funcionarios de las direcciones de Planificación y de Infraestructura, entre los que figuran arquitectos e ingenieros, ya deben de saber en qué condiciones están las instalaciones, se resolvió gastar el dinero público para descubrir la pólvora, en vez de destinarlo precisamente para reparar o equipar instalaciones ruinosas, de sobra conocidas.
Es de suponer que quienes dirigen los centros educativos –supervisores, directores– mantienen al MEC al tanto de la situación reinante en la materia. Se puede creer, entonces, que los que serán objeto de las consultorías ya fueron identificados por los responsables ministeriales, así que no se entiende por qué habría que gastar tanto dinero para constatar que, en efecto, esas escuelas están muy deterioradas. En particular, los encargados de la “microplanificación” ministerial, entre los que habría arquitectos e ingenieros, tienen que haber estado al tanto de la situación edilicia de los locales escolares a ser examinados a expensas de los contribuyentes. Estos profesionales, que cobran mensualmente sus sueldos, y si salieran al menos de vez en cuando de sus oficinas con aire acondicionado, deben poder evaluar las deficiencias y cuantificar el presupuesto necesario para repararlas, ahorrando a los contribuyentes el millón de dólares que ahora se quiere rifar alegremente.
El gasto irracional es una práctica tan común como la corruptela lisa y llana, en un país donde el déficit fiscal y el endeudamiento están alcanzando niveles inquietantes. En especial, la contratación de consultorías, un deporte muy popular en toda la Administración Pública, se constituye en una magnífica fuente de ingresos para supuestos expertos del sector privado, muchas veces amigos de los administradores, sin excluir, desde luego, que los contratantes lleguen a tener cierta participación monetaria en el emprendimiento.
Según la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, solo en los últimos tres años, veinte organismos desembolsaron en tal concepto la friolera de 521.509 millones de guaraníes (unos 70 millones de dólares). Tan copioso es el festín que se ha llegado al colmo de contratar consultorías para verificar los resultados de otras (!), mediante la figura de la Empresa Consultora de Apoyo Técnico y Fiduciario. Dejando de lado que las licitaciones públicas en esta cuestión bien rentable suelen estar direccionadas para dar el visto bueno a elefantes blancos, lo del MEC es una muestra elocuente de que el prebendarismo sale muy caro.
El derroche previsto por dicho ministerio agravia el sentido común y priva de recursos a la enseñanza. Aparte de pedir más dinero para la educación, las organizaciones civiles deberían preocuparse por el malgasto y la corrupción de costumbre, que pueden estar ligados y que conllevan un desvío de fondos en perjuicio de la infraestructura, del equipamiento y de la capacitación docente. El desastroso sistema educativo requiere algo más que un mayor presupuesto: también son importantes la honestidad y el sentido común.