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El próximo 2 de enero, el consorcio Parxin empezará a ejecutar durante quince años un cuestionado contrato con la Municipalidad de Asunción sobre el estacionamiento tarifado, que violaría la Ley de Concesiones y de Servicios Públicos, así como el pliego de bases y condiciones de la licitación. De nada han servido las objeciones de la prensa, de organizaciones ciudadanas, de la Cámara de Diputados y de la Contraloría General de la República (CGR), acerca del emprendimiento en vista: el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista) y la mayoría de los ediles se han empeñado en llevarlo adelante a toda costa, sin importarles en absoluto la fatal irregularidad que implicaba ignorar las condiciones exigidas por las normativas antes citadas.
El fondo de la cuestión radica en que el consorcio, que se quedará con el 65% de los ingresos, debía estar liderado por una firma que al menos durante tres años haya gestionado tres mil lugares de parqueo, que generaron como mínimo veinte millones de dólares. Y bien, resulta que los antecedentes de la inexperta Geolatina SA, presidida por Francisco Maioli Díaz, que hoy tiene el 60% de las acciones tras haber comprado el 20% de las de Onix SA –que según funcionarios municipales sigue siendo la empresa líder–, no satisfacen dichos requisitos ineludibles, lo que además hace presumir que no podrá prestar un buen servicio.
En marzo de este año, los diputados instaron a la Municipalidad a rescindir el contrato irregular por los motivos indicados, aparte de estimar oportuno que la capital cuente antes con un buen sistema de transporte público de pasajeros para reducir el empleo de vehículos privados. Un mes más tarde, la CGR, que en 2017 había inducido al intendente Mario Ferreiro a rescindir el contrato por la falta de una póliza de fiel cumplimiento, reveló su incertidumbre con respecto a la firma que encabezaba el consorcio, pero se lavó las manos dejando la decisión a cargo de la Municipalidad. En julio, el intendente Rodríguez dispuso el inicio de los trabajos, luego de que los concejales hayan ignorado una iniciativa popular para suspender el estacionamiento tarifado irregular, que no librará a los conductores de los prepotentes “cuidacoches”, que probablemente no renunciarán a exigirles gastos adicionales.
La Municipalidad ha tratado de engañar a la ciudadanía aduciendo que la Justicia ya había fallado en contra suya en el caso de la rescisión contractual de hace seis años: la cuestión ahora es muy distinta, dado que el documento se volvió irregular más tarde, cuando Geolatina SA aumentó su participación en Parxin, sin previa autorización municipal ni contar con la experiencia indispensable en materia de estacionamiento tarifado, y de esta manera estaría violando el pliego de bases y condiciones y la ley de concesiones. Más aún, el exjefe de Gabinete de la Municipalidad Federico Mora y el edil Félix Ayala (PLRA) dieron a entender que si no empezaban las labores, el consorcio ejecutaría la multa de 15 millones de dólares impuesta en el fallo judicial relativo a la anterior rescisión, esto es, se consintió la infracción debido a un chantaje, aunque la otra parte haya dicho que no pretendía que se aplique la sanción pecuniaria.
El convenio a ser ejecutado se volvió inválido cuando el consorcio alteró su composición accionaria, violando la ley y el pliego de bases y condiciones. Debió haber sido rescindido cuando salieron a la luz ciertas oscuras maniobras, que suponían hechos nuevos contrarios a las condiciones pactadas. Parxin incumplió el contrato, sin que la Intendencia y la Junta Municipal de Asunción hayan defendido las normativas que lo regulan ni el interés general. Tolerar tamaño despropósito implica complicidad con la infracción, de modo que debe ser atacado en sede judicial, para lo cual sería oportuno que la CGR haya aprovechado el tiempo transcurrido para averiguar quién es el mayor socio de Parxin y si tiene la experiencia exigida, tanto en la ley como en el pliego de bases y condiciones.
Es deseable que también la Defensoría del Pueblo muestre interés en este sórdido asunto, al igual que el Ministerio Público, eventualmente: aquí hay mucho dinero en juego, que podría ser desviado hacia bolsillos particulares, por así decirlo. El intendente y los concejales están obligados a defender el patrimonio municipal: serán personalmente responsables si autorizan erogaciones con base en un documento que, tarde o temprano, sea declarado inválido. Si aquí se realizaron transacciones bajo cuerda y se trató de confundir a la opinión pública, es porque había mucho que esconder.
La cuestión ahora es no aceptar mansamente un hecho consumado a espaldas de la ley y del contrato, sino seguir insistiendo en que el estacionamiento tarifado padece de un incorregible vicio derivado de la nueva integración del consorcio: que la Intendencia y la Junta Municipal lo tengan en cuenta, para no entrar en la historia por haber convalidado un atropello que durará más de una década, mientras sigan cerrando los ojos o no se dicte una nueva sentencia.