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La Cámara de Diputados se ha convertido en el “amparo y reparo” de la parentela de varios de sus miembros, a costa de los contribuyentes y en violación de las normas que regulan el acceso a la función pública. Resulta que, de hecho, los electos el 30 de abril conquistaron no solo un escaño, sino también prebendas para que sus familiares accedan como funcionarios sin someterse a un concurso público de oposición para demostrar sus méritos y aptitudes, o sean contratados sin que vayan a “atender necesidades temporales de excepcional interés para la comunidad”, como exige la ley.
Por ser absolutamente nulos, sus nombramientos y contrataciones irregulares son insubsanables por el paso del tiempo o por la emisión de un acto administrativo blanqueador. Los beneficiarios deben abandonar de inmediato el cargo ocupado ilícitamente gracias a que Raúl Latorre (ANR, cartista), presidente de los diputados, cedió al parecer ante el uso indebido de influencias por parte de ciertos colegas que concibieron ese organismo como un botín a ser repartido entre sus allegados tras el 1 de julio de 2023. No les bastó con percibir un ingreso mensual de más de 32 millones de guaraníes y de un seguro médico envidiable, entre otros privilegios: también les pareció oportuno que sus parientes cercanos le den un manotazo al erario, de la mano del titular de la Cámara Baja.
Vale la pena nombrar a los generosos diputados que ya ubicaron a sus consanguíneos en el Presupuesto, a expensas del pueblo que cometió el grave error de elegirlos: Cleto Giménez (PLRA, dionisista) instaló a una hija como funcionaria y a otra como contratada; Jatar Fernández (tránsfuga de Cruzada Nacional, hoy oficialista) tuvo la “suerte” de que un tío suyo sea nombrado jefe de Departamento, y Arturo Urbieta (ANR, cartista de nuevo cuño) fue también “afortunado” ya que se produjo la contratación de un sobrino. Se puede pensar que se fue ganando la adhesión de legisladores que no eran cartistas mediante cargos a ser solventados por quienes se ganan el pan trabajando.
Por regla general, los nuevos congresistas, muchos de ellos desconocidos, no suelen aportar honestidad ni talento al manejo de la cosa pública: su mandato de cinco años no puede ser revocado, de modo que solo están expuestos a la pérdida de la investidura, por decisión de una mayoría de legisladores, pero en esas Cámaras más bien suelen abroquelarse para defender a sus pares, en un tácito “hoy por ti, mañana por mí”. Quien llegó a “tomar en alquiler” cédulas de identidad para impedir el voto de los electores adeptos a otros partidos, Silvio Ovelar (ANR, cartista), preside hoy el Congreso y logró para un hijo el cargo de auxiliar administrativo en la Cámara Baja, en tanto que una hija del vicepresidente Alliana, cuyo patrimonio creció en dos años de 300.000 guaraníes a 177 millones, se convirtió en coordinadora de Liquidación de Personal de dicho cuerpo, antes encabezado por su padre.
Dicho sea de paso, el clan Alliana, dirigido por Pedro e integrado hasta hoy por una esposa diputada, una anterior (Corte Suprema de Justicia), una hija (Cámara Baja), un cuñado (Vicepresidencia de la República) y dos primos (Entidad Binacional Yacyretá), percibe cada mes un total de 201.203.573 guaraníes de dinero público. Sin duda, el clan pilarense tiene la muy fuerte vocación de servir a la patria –o a la familia–. Por su parte, los diputados colorados Benjamín Cantero y Germán Solinger, recientes satélites del cartismo, tienen a sus respectivas esposas como funcionarias del cuerpo que ellos integran, sin haber intervenido en un concurso público de oposición. Es obvio que en la Cámara Baja la familia propia está mucho mejor atendida que la del ciudadano común y corriente, que no goza de ingresos tan altos ni accede a servicios sanitarios y educativos de buena calidad.
El diputado Yamil Esgaib (ANR, cartista) dirá que sus colegas corruptos no son violentos y que, por ende, no conllevan un peligro social: es cierto que su voto a cambio de cargos o de dinero no les mancharía las manos porque serán delincuentes de guante blanco, pero son tan nocivos para el interés general como un proveedor de armas para el crimen organizado. Los fondos públicos destinados a la parentela inútil y superflua, enchufada en el Presupuesto en clara violación de la Carta Magna y de la Ley de la Función Pública, son parte de las multimillonarias sumas desviadas de los sistemas sanitario y educativo. De hecho, suponen un latrocinio que afecta sobre todo a los hogares de bajos ingresos, cuyos hijos no concurren a colegios “top” ni son atendidos por seguros vip, sino son obligados a asistir a escuelas y centros de salud carenciados.
En otros términos, la infame práctica en cuestión –inmoral e ilícita– como la que pone en práctica en la Cámara de Diputados su presidente Raúl Latorre, genera un tremendo daño al presente y al futuro del país, tanto desde el punto de vista cuantitativo, en lo que hace a las finanzas públicas, como desde el de la insensibilidad aún tolerada por los muchos compatriotas que aún creen que “así nomás tiene que ser”: no aprovecharse del cargo supondría ser un “výro”, un tonto.
Como se ve, hay muchas cosas que cambiar en este país, como cierta mentalidad retrógrada, que promueve o tolera la corrupción, como si fuera propia de la función pública y no un delito que acarrea graves consecuencias sociales. De lo contrario, solo los allegados al poder “estarán mejor” y el resto se repartirá las migajas que caen de la mesa de tan selectos comensales.