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En el año que culmina se produjo un relevo de Gobierno dentro del orden constitucional, que aún no ha empezado a generar los cambios que el Paraguay requiere para librarse de males de larga data que afectan el bien común. Es obvio que la corrupción, la inseguridad y las carencias sanitarias y educativas, entre otras desgracias, no habrán de eliminarse en breve, pero el punto es que faltan señales claras de que las políticas públicas apuntan a reducir notablemente su incidencia en la marcha del país. Para que la ciudadanía note que se quiere sanear la administración pública hace falta mucho más que publicar una Propuesta de Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción, elaborada tras una cumbre de Poderes en la misma residencia presidencial Mburuvicha Róga, donde el senador Erico Galeano (ANR, cartista) jugó al fútbol la noche antes con su colega Silvio Ovelar (ANR, cartista).
El Gobierno ha realizado importantes intervenciones tanto en la cárcel de Tacumbú como en el departamento de Canindeyú, pero la lucha contra la delincuencia en auge debe ir mucho más allá. Para esa batalla es indispensable depurar también los cuadros militares, si es cierto que altos oficiales de las Fuerzas Armadas estuvieron implicados en un intenso tráfico de armas, y los policiales, para expulsar a agentes como los cuatro que en los últimos días robaron veinte kilos de cocaína. Se nota así que hay mucho que hacer para limpiar estas instituciones de la influencia del crimen organizado.
Es plausible que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social haya habilitado horarios nocturnos para la atención médica en los centros sanitarios, lo mismo que el hecho de que el de Educación y Ciencias haya tomado las riendas del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), pero está claro que estos sectores están sumamente deteriorados, por lo que iniciativas como las mencionadas, si bien plausibles, no servirán para suplir la falta de medicamentos, de insumos o de especialistas, ni para lograr que al menos la mayoría de los alumnos del 9° grado entiendan lo que leen. Las medidas mencionadas no deben servir para dormirse sobre los laureles, porque son apenas paliativos de graves males que han hecho metástasis en nuestra sociedad. Así puede entenderse que las muy críticas homilías pronunciadas en el marco de la festividad de la Virgen de Caacupé hayan sido aplaudidas efusivamente por los fieles, lo que da buena cuenta del malestar social provocado por el latrocinio, la ineptitud y la ineficiencia.
Se dirá que la alternancia en el poder, inherente al sistema democrático, se produjo dentro del propio partido oficialista, de modo que las expectativas no podían ser muy altas, más aún atendiendo que el nuevo equipo gobernante proviene del mismo sector que condujo el país entre 2013 y 2018, sin haber alterado las condiciones aún vigentes. Con todo, se podía esperar de Santiago Peña que al menos no se limitara a instalar a sus “compañeros de ideales” y sus familiares en puestos de la administración pública, aparentemente más por razones de amistad o afinidad política que de capacidad y necesidad. Esta odiosa práctica que exhiben los cartistas afecta no solo la eficiencia gubernativa, sino también la institucionalidad, según surge de lo ocurrido en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), con el aparente objeto de controlar a la judicatura de acuerdo a sus propios intereses.
En cuanto al Congreso, han sido llamativos los proyectos de ley para cohonestar la ocupación de un inmueble chaqueño del Ministerio de Defensa y premiar la devolución de fondos sustraídos al erario mediante la reducción de la pena, lo que a todas luces beneficia a los ladrones de guante blanco. Fueron concebidos, respectivamente, por el senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista) y por el diputado Yamil Esgaib (ANR, cartista), que a estas alturas ya no necesitan presentación. Es bueno que la primera iniciativa haya sido vetada por el Poder Ejecutivo, pero no así que la segunda haya logrado media sanción en la Cámara Baja. La mayoría de los parlamentarios estuvo dispuesta a aprobar la versión original del proyecto de ley sobre la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, la que fue corregida en parte para precautelar los fondos del Instituto de Previsión Social, solo gracias a las protestas de la ciudadanía.
Santiago Peña no quiere acabar con el derroche, como lo demuestra su iniciativa de ley de aumentar los sueldos de altos jerarcas estatales, rechazado por el Congreso ante el repudio ciudadano desatado.
En resumen, la ciudadanía sigue sin tener motivos para enorgullecerse de los tres Poderes del Estado. Se impone que, por caridad cristiana, los gobernantes piensen en sus compatriotas antes que en sus privilegios y que, si no lo hacen, sus víctimas se movilicen, dentro de la ley, para frenar sus desmanes por acción u omisión. Parece que el Niño Jesús tiene que nacer con más frecuencia en nuestro país para ver si no conmueve el corazón de nuestras autoridades y políticos, para que dejen de alzarse con la cosa pública.