El país no se puede seguir endeudando

Solo en concepto de pago de intereses, el costo de la deuda pública paraguaya creció 40,5 por ciento en apenas un año, un dato alarmante que debería ser motivo de alta preocupación para los tomadores de decisión, para la ciudadanía en general y, sobre todo, para el Poder Ejecutivo, encargado de administrar el Estado. Sin embargo, el Gobierno de Santiago Peña y su mayoría parlamentaria no han dado señales de austeridad y de avanzar hacia el impostergable ajuste que necesita el país. Al contrario, han vuelto a abrir el grifo, han “pateado” la reducción del déficit fiscal y han propiciado una nueva ronda de fuerte endeudamiento.

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Solo en concepto de pago de intereses, el costo de la deuda pública paraguaya creció 40,5 por ciento en apenas un año, un dato alarmante que debería ser motivo de alta preocupación para los tomadores de decisión, para la ciudadanía en general y, sobre todo, para el Poder Ejecutivo, encargado de administrar el Estado. Sin embargo, el Gobierno de Santiago Peña y su mayoría parlamentaria no han dado señales de austeridad y de avanzar hacia el impostergable ajuste que necesita el país. Al contrario, han vuelto a abrir el grifo, han “pateado” la reducción del déficit fiscal y han propiciado una nueva ronda de fuerte endeudamiento.

La información proviene del “Informe de la Situación Financiera de la Administración Central” al mes de noviembre que acaba de divulgar el Ministerio de Economía. Da cuenta de que en once meses de este año se pagaron 4,8 billones de guaraníes de intereses, frente a 3,4 billones en el mismo lapso de 2022. Al tipo de cambio del BCP, son 657 millones de dólares de los contribuyentes que se han destinado exclusivamente a ese fin, una cifra que es casi el 70% de los recursos asignados a salud pública, frente a 467 millones del año anterior. Y eso es exclusivamente intereses, sin considerar todavía un centavo de amortización.

El saldo de la deuda ya asciende a 16.194 millones de dólares, más que todo el presupuesto público, lo que equivale al 36,8% del Producto Interno Bruto, que es el valor de todos los bienes y servicios producidos e intercambiados en el país, en el sector público y privado, durante un año. Esto representa un aumento de 1.140,5 millones de dólares en comparación con el cierre de diciembre del año pasado y todavía no están considerados los 600 millones de dólares contemplados en la reciente y cuestionada ley de medidas extraordinarias para las finanzas públicas, supuestamente para cancelar los vencimientos con proveedores y contratistas.

Nótese que se trata del saldo, es decir, sin incluir intereses y ya descontados los pagos que se hicieron de las cuotas del capital principal, lo cual significa, entre otras cosas, que es por encima del crónico “bicicleteo” que se hace varias veces todos los años, consistente en endeudarse para pagar deudas, colocar bonos para canjearlos por los vigentes.

Dicho saldo era de 4.174 millones de dólares, el 10,9% del PIB, hace tan solo una década, al inicio del gobierno de Horacio Cartes en 2013, en coincidencia con el ingreso de Paraguay al mercado internacional de bonos soberanos. La deuda se duplicó durante la administración de Cartes, con Santiago Peña como ministro de Hacienda, y se volvió a duplicar durante la administración de Mario Abdo Benítez, lo que significa que ha crecido a escala geométrica, algo a todas luces insostenible.

El endeudamiento no es necesariamente malo en sí mismo, si se utilizara para inversiones físicas o en recursos humanos para potenciar el crecimiento económico y el desarrollo nacional. Sin embargo, lamentablemente, no es nuestro caso. Paraguay está entre los países con peor infraestructura de América Latina de acuerdo con el Índice Global de Competitividad, la calidad de la educación es bajísima, como lo acaba tristemente de ratificar la última prueba PISA, y el sistema de salud sigue tan precario como siempre, por lo menos en relación a lo que cabría esperar con los ingentes recursos que se liberaron hipotéticamente para ello durante la pandemia.

Con algunas excepciones más teóricas que realistas, hay un amplio consenso entre los especialistas en cuanto a que el país necesita un urgente ajuste. Esta no es una mala palabra como la quieren presentar. Es como en cualquier familia donde se hacen las cuentas y se ve que el dinero no alcanza, que la soga está llegando al cuello, que hay que gastar menos y priorizar mejor.

Es lo que se había “acordado” después de la pandemia. A partir de 2024 el déficit fiscal ya debía haber vuelto al tope legal del 1,5% del PIB, pero este gobierno consiguió que se ampliara el de 2023 al 4,1% (casi el doble del previsto) y que se postergara esa meta para 2026. Y si ya mintieron una vez, cuesta creer que no lo volverán a hacer. Por lo pronto, además de los mencionados 600 millones de dólares, en el Presupuesto 2024 está prevista la toma de préstamos por otros 800 millones, y eso sin tener en cuenta las típicas ampliaciones que se suelen producir durante el año.

Hace rato que la deuda paraguaya se ha convertido en una bola de nieve y, como toda avalancha, comienza de a poquito y luego va tomando impulso, volumen y velocidad de manera exponencial. Es lo que ha pasado, por ejemplo, en la Argentina, con los resultados conocidos. Paulatina, pero consistentemente, Paraguay está siguiendo el mismo camino, y tamaña disparada del costo por intereses es un verdadero código rojo. Nadie quiere llegar a esos extremos, pero para eso hay que detener la inercia antes de que se vuelva incontenible.

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