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Envalentonados en lo que va siendo una acostumbrada aplanadora cartista a la que nada le importa el bien común, sino solamente la petulancia y la ostentación del poder mal entendido, la Cámara de Diputados honró ayer su categoría de Cámara Baja, probablemente una de las más bajas en la historia democrática del Paraguay: en tiempo récord sus legisladores vomitaron al pueblo paraguayo una preocupante ley que afecta nada menos que a los trabajadores, en uno de los días más nefastos en la historia legislativa del país. El camino estuvo previamente asfaltado por la Cámara de Senadores, donde un amasijo de cartistas y paniaguados opositores consumaron el primer paso que alentó la segunda fase del operativo. La cuestionada iniciativa ya solo aguarda el tramo final: la firma de Santiago Peña rubricará una de las más grandes traiciones a la voluntad popular, a la misma gente a la que se prometió que estaría mejor.
Ayer bastaron 11 minutos para aprobar el proyecto de superintendencia de jubilaciones y pensiones, un asunto que atraviesa diametralmente y toca el corazón del futuro económico de la gente que ha aportado toda su vida laboral para construir alguna certeza sobre su futuro.
La ley nacerá, de esta manera, dudosa, legislada para la gente, pero totalmente a espaldas de ella, sin abrir debates, sin poner a consideración de los afectados y sin dar tiempo para realizar los ajustes que requiere una norma que otorgará superpoderes y con licencia para disparar hacia donde se le ocurra al Gobierno actual y a los que vendrán. Esta ley llevará para siempre el sello autoritario y despótico del cartismo, y será el cuestionado “legado” del gobierno de Santiago Peña cuando apenas ha cumplido cien días y cada vez se muestra más distante de cumplir sus promesas, de marcar distancias de quien fue su mentor y, sospechas abundan, el verdadero poder: Horacio Manuel Cartes Jara.
Las compuertas que se abrieron confirman que el cartismo, con ayuda de un puñado de opositores cómplices en la Cámara de Senadores, y con mayoría propia cartista en la Cámara de Diputados, podrían incubar peores y más peligrosos proyectos que atenten contra nuestras instituciones y la calidad de vida del pueblo. Algunos engañosos opositores y obsecuentes cartistas se han convertido en una letal combinación legislativa. Y no es una sospecha: ayer se reconfirmaron repetidos atropellos donde demolieron las escasas murallas que se han levantado contra la corrupción. Cualquiera diría que ayer era imposible provocar y atentar más contra lo legítimamente establecido, pero en un par de horas demostraron que siempre se puede provocar y violentar más aún la voluntad popular.
Además de avasallar por la forma en que llevaron a cabo la creación de la ley de superintendencia de jubilaciones y pensiones, dieron una segunda puñalada a la transparencia y a la lucha contra la corrupción con la modificación del Código Penal. Gracias al proyectista y polémico diputado Yamil Esgaib, se abrieron las compuertas para favorecer a los corruptos que roban al Estado. Con el proyecto de “devolución premiada”, en caso de que autoridades o funcionarios públicos sean sorprendidos devorando bienes del Estado paraguayo, bastará con que devuelvan lo robado a cambio de reducir hasta el 50% de la pena. Este nuevo “descubrimiento” de Esgaib, apoyado por su cohorte de cartistas, abrirá las puertas al robo a mansalva ya que vivimos en un país donde la impunidad es la constante y la justicia la ausente. Si Santiago Peña promulga la ley puede esperar con total certeza que tendrá uno de los gobiernos más saqueados de los últimos tiempos. Todo será cuestión de apostar a una suerte de ruleta de la corrupción donde a algunos se les pillará y a todos se les perdonará.
En el mismo día de la desvergüenza en la Cámara Baja, el Senado terminó de sepultar lo poco de esperanzas que quedaban. En el mismo día de la tremenda degradación legal y moral, ese cuerpo legislativo modificó la Ley de Conflicto de Intereses, o de puertas giratorias. Con los cambios realizados terminaron de matar la ley, eliminaron las sanciones por ocultar datos en las declaraciones de interés, los que viven del sueldo público están habilitados a mentir, y si se les pilla, a corregir. Además, eliminaron todos los controles en vínculos con parentelas. Ningún funcionario o autoridad está obligado a declarar sus ligazones familiares, un detalle catastrófico para un país donde se ocultan bienes obtenidos ilegítimamente detrás de cónyuges, hijos, padres, abuelos y familiares políticos. Los cambios hechos a la Ley de Conflicto de Intereses o puertas giratorias tendrán en la promulgación que haga Santiago Peña la ostentación más farisea que pueda hacerse del “vamos a estar mejor”.
Si alguna guinda faltaba, el Senado ayer archivó cualquier posibilidad de quitar la investidura al polémico senador cartista Hernán Rivas, un supuesto abogado del cual poco se sabe sobre la carrera cursada, los profesores que lo instruyeron, los compañeros que frecuentó y la facultad de la cual egresó porque, simplemente, esta no existía al momento del egreso. Y es tan desvergonzado e insólito el caso que hasta ahora nadie sabe cuál fue el tema de su tesis: en unos documentos aparece la “Reelección presidencial” y en otros “Robo agravado”. Así como anda el nivel de instrucción superior es probable que hayan sido ambos, o ninguno de los dos, o algún raro revoltijo que terminó en “Reelección presidencial del robo agravado”.
En síntesis, un día nefasto para el Congreso Nacional y para el país.