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El escandaloso juramento prestado ayer por la exvicepresidenta de la República y exministra de la Corte Suprema de Justicia Alicia Pucheta, nombrada por el presidente Santiago Peña como representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura (CM) antes de que expire el mandato de quien estaba en dicho cargo, Enrique Kronawetter, implica que el cartismo está dispuesto hasta a lo que parece una violación abierta de la Constitución para ir copando las instituciones republicanas. Así como el senador Basilio Núñez, actuando como un matón de barrio, se permitió expulsar del recinto a su colega Eduardo Nakayama (PLRA), es como si el oficialismo estuviera abocado a la tarea de recurrir incluso a la fuerza bruta para repetir la triste historia de hace un par de años, protagonizada por su líder, Horacio Cartes –con una consecuencia sangrienta– en el aberrante afán de continuar en el poder, ignorando la Ley Suprema con el mayor desparpajo.
De lo que ahora se trata es de ocupar espacios en un órgano extrapoder para lanzarse desde allí a la conquista o a la recuperación de la judicatura y del Ministerio Público, no tanto en beneficio del jefe del Poder Ejecutivo, sino más bien pareciera en el del “significativamente corrupto” Horacio Cartes, el poder que está detrás del trono. Desde luego, su condición que apunta a la de ser mero servidor, no le quita responsabilidad a Santiago Peña en esta aviesa maniobra que tiende a reforzar a un sector partidario cuya fuerza parece fundarse en el dinero. Si el Presidente de la República juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, con la decisión adoptada hizo exactamente lo contrario, confrontando a la Carta Magna al efectuar una designación a todas luces violatoria de dicha Ley Fundamental.
En estas condiciones, se podría pensar que Alicia Pucheta representará en el CM a Horacio Cartes, en primer lugar y, en consecuencia, que obedecerá sus instrucciones para que aumente el número de jueces y de agentes fiscales que tengan en cuenta los intereses del gran jefe y de sus allegados. En vista de su situación, en medio de una acusación de un país extranjero y de otros líos en que suele involucrarse su nombre, el presidente de la ANR tiene tal vez buenos motivos para querer dotarse cuanto antes de un mayor blindaje contra eventuales iniciativas desagradables para él, aunque no necesariamente para sus compatriotas. Si ese es el caso, debe estar apurado, tanto que no pudo esperar que el actual representante del Poder Ejecutivo concluya su mandato en 2026, así que el jefe de Estado le habría prestado el servicio requerido, mandando al tacho el art. 263 de la Carta Magna, referente a la duración en el cargo de los miembros del CM. ¿No le avergüenza a Santiago Peña el papel que ha creído necesario cumplir?
La ciudadanía, que ya sabe a lo que va a enfrentarse, debe incrementar su alerta y manifestarse públicamente contra todo lo que considera que no está correcto en la actuación de las autoridades. Es como para pensar que el Estado de derecho puede ser agredido cada vez más desde el Palacio de López y desde la calle 25 de Mayo. Aquí hay mucho más en juego que el cargo arrancado a Enrique Kronawetter.
Parece un chiste de mal gusto, pero Alicia Pucheta prometió dar seguridad jurídica desde el cargo que hoy ocupa, pero inicia su gestión con un decreto nulo de nulidad absoluta. El autoritarismo puede volver a pisar fuerte si el Congreso, la Corte Suprema de Justicia y sobre todo la sociedad civil organizada guardan un ominoso silencio. Hay que cuidarse de los inicios para que el desenlace no sea fatal.