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En este caso específico de las ambulancias, una más de las permanentes deficiencias que saltan todos los días, se atribuyó el problema a que “no hay contrato vigente con un taller”, si bien a la vez señalan que solo se necesitan “ajustes mínimos de mantenimiento” y que la flota es bastante nueva, con la mayoría de las unidades con poco más de un año de uso. No se entiende cómo, con 26.000 funcionarios, grandes depósitos, supuestamente todo lo necesario en gran escala, no haya nadie que les pueda cambiar el aceite a los vehículos, y tal vez parte de la explicación esté en que se contrata un servicio tercerizado, quién sabe a qué precio. Pero, al margen de ello, la cuestión es más de fondo, y es que evidentemente ya no alcanzan los recursos ni para lo más básico.
Por un lado ello se debe al despilfarro, los malos manejos, la corrupción, la ineficiencia, la falta de adecuada supervisión, pero en realidad hay que buscar las verdaderas causas en la misma viabilidad de todo el IPS en general, y muy en particular del Programa de Enfermedad y Maternidad, más conocido como Fondo de Salud, que, en las condiciones actuales, de la manera como está concebido y aplicado, es, para decirlo sin vueltas, absolutamente infinanciable.
Supuestamente, el equivalente al 23% del salario de cada trabajador en relación de dependencia va al IPS, a lo que se suma otro 2,5% que va a programas tales como el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral, el Servicio Nacional de Promoción Profesional y el Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo. El empleador actúa como agente de retención, descuenta un 9% directamente del sueldo y a eso le agrega otro 16,5% en concepto de carga social para transferirlos conforme a lo dispuesto por la ley.
Del total de las recaudaciones que corresponden al IPS, el 54% va al Fondo de Jubilaciones y Pensiones, el 7% a “gastos administrativos” (lo que, dicho sea de paso, es muchísimo) y el 39% al Fondo de Salud. Por ley, estas segmentaciones son estrictas y no se pueden mezclar. Es decir que el Fondo de Salud se tiene necesariamente que financiar con el 39% del 23% de cada salario, o sea, el 8,97% de los salarios, ni un centavo más, lo cual representa unos 35 millones de dólares mensuales.
Ahora bien. De los aproximadamente 650.000 trabajadores aportantes que tiene el IPS, más del 80% cotiza por el sueldo mínimo, debido a una generalizada práctica de subdeclaración ante la cual se hace olímpicamente la vista gorda. Eso quiere decir que ocho de cada diez asegurados tiene un servicio de salud universal por 240.500 guaraníes mensuales, ya con el aporte patronal (al trabajador se le descuentan 94.000 guaraníes).
Con esos 240.500 guaraníes mensuales el asegurado tiene acceso a un abanico amplísimo de especialidades médicas, desde consultas hasta tratamientos e intervenciones para patologías de alta complejidad y costo, internaciones y terapia intensiva sin límite de tiempo, con medicamentos incluidos, para ellos y sus familiares dependientes, con lo cual el universo de potenciales usuarios llega a por lo menos 1.500.000 personas. Por supuesto que no da abasto, y si a ello se le agrega el derroche y la evasión, mucho menos.
El Fondo de Salud del IPS requiere urgentes reformas estructurales que lo adecuen a la realidad y a su verdadera capacidad de financiamiento. Pero todos, incluyendo a gobernantes, políticos, empresarios y sindicatos, prefieren mirar hacia otro lado mientras se desmorona el castillo de naipes. El lógico resultado de no hacer nada es que las cosas no solo no mejoran, sino que empeoran geométricamente. En algún momento se va a llegar a un punto de no retorno y hechos como que ya ni siquiera se puedan poner a andar las ambulancias son sonoras sirenas de alarma de que se está muy cerca de ello.