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El rotundo fracaso del acueducto chaqueño, que entre 2012 y 2022 insumió la friolera de 130 millones de dólares, casi triplicando el costo previsto, ha obligado al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a reparar caminos vecinales para que camiones cisterna puedan llevar agua a comunidades de los departamentos de Presidente Hayes, Alto Paraguay y Boquerón, afectadas por una persistente sequía. Se dirá que no hay mal que por bien no venga, pero aquí el bien está muy lejos de compensar el enorme daño causado al erario y a los pobladores de la zona, debido a la ineptitud, negligencia o corrupción de ministros y funcionarios de la cartera referida.
En el tramo 1 de 203 kilómetros, entre Puerto Casado y Loma Plata, se malgastaron 50 millones de dólares en obras complementarias, así como en la compra y en la instalación de cañerías que resultaron inútiles, en el marco de la ejecución de seis contratos durante la gestión de los ministros Enrique Salyn Buzarquis, Ramón Jiménez Gaona y Arnoldo Wiens. Los 227 kilómetros de cañerías de los tramos 2 y 3, que costaron otros 50 millones de dólares para que el agua llegue a Filadelfia, Mariscal Estigarribia y otras poblaciones del Chaco central, no pueden funcionar debido a las fallas de la “fase 1″, donde solo operan la planta de tratamiento de Puerto Casado, las estaciones de bombeo y el reservorio de Loma Plata.
Aún se ignora cuándo volverá a fluir el líquido indispensable y cuánto costarán las nuevas reparaciones, pero no así que los costos del acueducto seguirán aumentando. Entretanto, los responsables del fiasco, en los diversos niveles administrativos, permanecen impunes, como si no hubieran causado o permitido un grave perjuicio al patrimonio público, al que se suma la diaria angustia de los pobladores carentes de agua. La ministra Claudia Centurión –exdirectora de proyectos Estratégicos del MOPC– dijo que “los responsables de haber faltado a su deber en este tramo crítico (...) tendrán que responder”, lo que está muy bien dicho, pero no así que haya limitado el “inconveniente más importante” a los cien primeros kilómetros del acueducto, pese a que el viceministro José Espinosa había afirmado que los 203 kilómetros de cañerías entre Puerto Casado y Loma Plata son inservibles. Es probable que su minimización haya sido influida por el hecho de que fue gerente general de la empresa Jiménez Gaona y Lima, del Grupo Cartes, dado que las cañerías con supuestos problemas secundarios fueron compradas siendo ministro su exempleador.
En cuanto a los responsables de las obras se pueden mencionar a los consorcios Otek Argentina, Edra Saneamientos, PS y Consorcio ABH SA-Taivo SA-Constructa SA. Los dos primeros proveyeron las cañerías y los dos segundos las instalaron.
Desde enero de este año, el elefante blanco en cuestión es objeto de un examen especial inmediato de la Contraloría General de la República, que concluiría en el mes en curso; si lo creyó conveniente, el MOPC ya debió haber formulado su descargo a las “observaciones preliminares”. Si el órgano contralor detectó la comisión de hechos punibles, deberá hacerla saber al Ministerio Público, para que impulse la persecución correspondiente. Esta nueva frustración chaqueña debe acarrear consecuencias penales y civiles para los eventuales autores, cómplices y encubridores del daño patrimonial infligido al fisco. No debe repetirse lo de las dos desalinizadoras de agua montadas en 2010 en Villa Choferes del Chaco y Teniente Irala Fernández, cuando el inefable Camilo Soares encabezaba la Secretaría de Emergencia Nacional: costaron en total más de 15.000 millones de guaraníes y hoy solo sirven de aljibes, en el mejor de los casos. Denunciado por lesión de confianza, debido a presuntas sobrefacturaciones, el Ministerio Público creyó innecesario investigar al citado personaje, como era su deber.
En la misma línea del Acueducto y las desalinizadoras, de grandes inversiones supuestamente para beneficiar a la población y que culminaron en enormes “tragadas” de dinero público, está el fallido metrobús. La similitud entre las tres obras está en que los responsables de tales fracasos no han recibido castigo alguno, reforzando aquella frase que viene de antaño: en Paraguay hay delitos, pero no delincuentes. Constituyen una invitación para seguir robándole al Estado, total nadie va a parar a la cárcel ni devuelve el dinero robado.
Los tres lamentables casos comentados demuestran, por si aún hacía falta, que las obras públicas se diseñan mal y se ejecutan peor, debido a la incapacidad y a la corrupción imperantes en el aparato estatal. Es inconcebible que, en el caso más actual, se tenga que estar gastando una fortuna para acarrear agua en camiones cisterna a lejanas localidades, que bien podrían estar siendo abastecidas por el acueducto, mientras quienes se habrían beneficiado ilícitamente de la obra están disfrutando de su dinero malhabido. Tuvieron como víctimas a todos los contribuyentes. Los culpables deben ser penal y civilmente sancionados, esto es, deben ir a la cárcel y reparar los perjuicios que causaron. Parece utópico, pero es lo que manda la ley que, lamentablemente, en nuestro país está por debajo de lo que mandan los padrinos poderosos.