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El caso de la madre de la senadora liberocartista Noelia Cabrera, que percibe indebidamente una pensión de adultos mayores “en situación de pobreza”, es una burla descarada a toda la sociedad que dista de ser anecdótica. Al contrario, es una muestra concreta de algo mucho más generalizado que pone en evidencia el tremendo despilfarro –o robo, para decirlo sin vueltas– del dinero de los contribuyentes y que expone la principal razón del fracaso de las políticas de asistencia social del Estado. ¿Cómo se explica, si no, que siga habiendo tantos indígenas en condiciones de lacerante miseria, tantos niños de la calle mendigando en los semáforos, cuando en todo el país hay 240.000 personas en pobreza extrema y solamente dos programas diseñados supuestamente para combatirla distribuyen mensualmente más de 600.000 subsidios directos?
Si esto ya era inexplicable antes, lo es más ahora, luego de conocerse los resultados del último censo. Al margen de las polémicas sobre la exactitud de los datos, de lo que al parecer no cabe duda –números más, números menos– es de que la población paraguaya ha estado ampliamente sobreestimada. De acuerdo con el censo 2022, Paraguay tiene 6.109.144 habitantes, frente a los 7.350.000 que se tomaban como referencia para las estadísticas oficiales, sobre la base de proyecciones que se venían haciendo con premisas que no se actualizaban desde hacía veinte años, como la tasa real de natalidad, la migración y otras.
El número de habitantes tiene una preponderancia determinante en la cuantificación en términos absolutos de los grupos poblacionales a los que están, o deberían estar, dirigidas las políticas públicas. Las últimas mediciones de pobreza, realizadas mediante la Encuesta Permanente de Hogares de fines de 2021, arrojan que la pobreza general, medida con valores monetarios, afecta al 26,9% de la población, y que, incluido en ese total, la pobreza extrema aflige al 3,9%. Recordemos que, con la metodología utilizada en el país, son pobres aquellos cuyos ingresos no les alcanzan para adquirir una canasta básica de consumo, con una lista de componentes de primera y segunda necesidad, mientras que los pobres extremos son aquellos a quienes no les alcanza siquiera para una canasta básica de alimentos con aportes calóricos mínimos.
Combinando estos parámetros, en Paraguay hay aproximadamente 1.405.000 pobres y 238.000 indigentes, lo que representa alrededor de 280.000 y 48.000 familias tipo de cinco miembros, respectivamente. Si ya resultaba difícil de justificar que, con todas las altas y crecientes asignaciones presupuestarias dirigidas a combatir la pobreza, no se pudiera atender a estos segmentos, sobre todo a los más vulnerables, que no tienen posibilidades de salir adelante por sí mismos y requieren necesariamente una ayuda del Estado, con las cifras ajustadas es todavía peor.
El Estado paraguayo tiene una multiplicidad de programas establecidos y presupuestados para ese fin, dotados con recursos y personal para su ejecución. Por citar los más importantes, que no son todos, están Tekoporã, Tekoha, Tenonderã, Asistencia a Pescadores, el Proyecto de Apoyo a Comedores Comunitarios, el Programa de Asistencia Alimentaria a Adultos Mayores y el Programa Abrazo, “de prevención, intervención y protección a niños, niñas y adolescentes que realizan actividades económicas en espacios públicos, olerías, vertederos y agricultura”.
Para 2023, solamente Tekoporã y Adultos Mayores tienen una asignación presupuestaria de 370 millones de dólares, suficientes para otorgar un sueldo de 4.680.000 guaraníes mensuales a cada familia indigente, con lo que se podría, con creces, eliminar la pobreza extrema del país.
Específicamente el programa de adultos mayores, en el que fue incluida el pasado 21 de junio la señora Vicenta Petters, pese a ostentar un holgado nivel de vida en las redes sociales, con una hija senadora y un hijo que acaba de ser comisionado a Itaipú (sin concurso, por supuesto), cada mes destina 185.300 millones de guaraníes en “pensiones alimentarias” de 637.577 guaraníes mensuales para 290.000 beneficiarios. El monto es más del doble de lo requerido para adquirir una canasta básica de alimentos y salir de la pobreza extrema, de lo que se concluye que, si ese dinero se utilizara correctamente, no debería existir indigencia en Paraguay.
Pero sí la hay, y el motivo no solamente es que no se usan los fondos correctamente, sino que directamente se roban, como queda claro con el caso de la señora Petters y miles de otros. Los programas están mal focalizados, mal fiscalizados, mal evaluados, perforados por la corrupción, el clientelismo político y la ineficiencia.
Sin temor a equivocarnos podemos afirmar que la enorme mayoría de los contribuyentes y de la ciudadanía en general estará de acuerdo con que se usen sus impuestos para ayudar a los compatriotas que más lo necesitan, pero que el dinero llegue realmente a donde debe llegar y sirva para resolver los problemas estructurales del país, y no a los bolsillos de los ladrones y avivados, tal como ocurre actualmente a la vista de todos.