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El caso del título del senador Hernán Rivas, y de otros políticos, cuya validez está siendo cuestionada, pone la mira sobre las casas de estudios universitarios que han proliferado en nuestro país, sin que las numerosas instituciones y organismos que deben poner orden en la materia hayan tomado medidas firmes para solucionar tan bochornosa cuestión. Esta situación hace que se los ponga en la misma bolsa a los profesionales que se han esforzado para conseguir una buena preparación y los que han entrado a la educación superior por la ventana, y algunos al parecer directamente han saltado sobre las rejas. Los resultados de esta chapucería son desastrozos.
En un reciente caso, ocurrido el último sábado, se presentaron 686 funcionarios del Ministerio Público para ocupar 111 cargos de asistente fiscal: el 75% reprobó un examen de conocimientos generales, específicos y de redacción, es decir, la gran mayoría de esos abogados fue incapaz de responder correctamente preguntas sobre la Constitución, los Códigos Penal y Procesal Penal y la Ley Orgánica de la entidad donde trabajan, aparte de redactar un texto sin cometer faltas ortográficas ni gramaticales. Se ha vuelto a constatar así que en el Paraguay de hoy un título universitario no garantiza en absoluto la idoneidad de quien lo haya obtenido en uno de los 54 centros de educación terciaria, 47 de ellos privados, que empezaron a proliferar desde que una ley promulgada en 2004 permitió que el Congreso los creara sin atender el dictamen del Consejo de Universidades.
Puede pensarse que en dicha iniciativa intervinieron legisladores más interesados en los ingresos pecuniarios resultantes que en la calidad de la enseñanza a ser impartida: expedir títulos era buen negocio, no solo para los dueños de las “universidades de garaje”, sino también para los “estudiantes” que egresaban de alguna pequeña localidad como Vallemí, donde se abrió una carrera de Derecho bajo la dirección de un alumno del segundo año de esa especialidad, según denunció la senadora Blanca Ovelar (ANR). El festín era tan evidente que una ley de 2013 dispuso que la creación legislativa de una universidad presupone un dictamen favorable del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y que, tres años más tarde, al menos el 30% del total del plantel docente de cada institución de educación superior debía ser de tiempo completo: en lo que respecta a lo primero, se redujo la creación de “universidades”, pero el mal ya generado hasta entonces sigue causando estragos. En cuanto a lo segundo, es letra muerta.
Por cierto, desde 2021 sigue guardando polvo en el Senado un proyecto de ley que suspende por cinco años la habilitación de nuevas facultades de medicina, sugerida al Cones por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC): existían nada menos que 32, de la que solo 15 estaban acreditadas por la Agencia Nacional de Educación Superior, lo que explica que sean tan frecuentes los casos de mala praxis y que numerosos brasileños aquí recibidos no logren la revalidación del título en su país. El descalabro en el ámbito universitario iría mucho más allá de la calidad de la formación impartida, pues tendría tintes delictivos si fueran falsos los títulos expedidos, por ejemplo, por la Universidad Sudamericana, donde en 2020 el único abogado recibido según los registros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fue el senador Hernán Rivas (ANR, cartista). No obstante, la validez de este título, que está firmado por el entonces rector, el exlegislador y exministro del Poder Ejecutivo Euclides Acevedo, fue confirmada por el abogado de la citada casa de estudios, Hermann Weisensee.
La denuncia acerca de la presunta falsedad de los diplomas académicos fue hecha por los legisladores Raúl Benítez y Kattya González, ambos del PEN: 144 de los 400 abogados egresados de dicha universidad prestan servicios en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en el MEC y en el Congreso, entre otras entidades públicas, de modo que convendría que sus respectivos empleadores verifiquen la validez de los pergaminos académicos exhibidos. Esas indagaciones no deberían limitarse a los funcionarios egresados de dicho centro de estudios, salvo que resulte normal, por ejemplo, que el diputado Orlando Arévalo (ANR, cartista), presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, haya rendido el 15 de agosto de 2013 –día feriado en que Horacio Cartes empezó a presidir la República– un examen de Ética Profesional en la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de cierta Universidad Leonardo da Vinci, habiendo logrado la calificación máxima. Por de pronto, la agente fiscal Casse Giménez, involucrada en un caso con el JEM, hizo bien en solicitar sus registros académicos.
Tampoco estaría mal que se averigüe qué tan auténticos son los títulos de abogado expedidos por la Universidad Sudamericana en 2013 –¡solo tres años después de la habilitación de la carrera!– al concejal asunceno Nasser Esgaib –hijo del diputado Yamil Esgaib (ANR, cartista)– y al diputado Julio Rolando González (ANR, cartista), que reemplaza al legislador suspendido por inconducta. A estas alturas, hay motivos suficientes para realizar al menos una pesquisa aleatoria acerca de la validez de títulos expedidos por las “universidades” privadas en la última década, sobre todo a quienes ejercen la función pública, pues la compra de un título puede servir para lograr un ascenso o una bonificación.
Sería deplorable que, según fuertes indicios, siga teniendo vigencia el editorial que este diario publicó el 8 de enero de 2015, bajo el título “Se venden títulos universitarios”: pasan los años, pero el fraude continuaría, involucrando incluso a quienes hoy ocupan hasta cargos electivos y en varias entidades estatales. Todo indica que la impunidad continúa, pese a la presunta comisión de delitos que afectan no solo a la educación universitaria, sino también al funcionamiento institucional: si es de lamentar que un inepto “titulado” ejerza una función pública, la cuestión se agrava cuando se presenta un diploma académico fraudulento, generado por el descontrol reinante.
En marzo de este año, el Círculo Paraguayo de Médicos pidió al MEC que intervenga con urgencia el Cones, por habilitar carreras con carga horaria de cumplimiento imposible y por habilitar centros médicos asistenciales de educación superior, sin autorización del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. El Colegio de Abogados del Paraguay, el Ministerio Público y la CSJ, por su parte, deberían inquietarse bastante por el otorgamiento de títulos con tufo a truchos por facultades de Derecho de dudosa calidad.