Cargando...
La evasión de los aportes obligatorios al Instituto de Previsión Social es del 63%, solamente en lo referente a la inscripción de trabajadores en comparación con los registrados en el Ministerio de Trabajo, según reveló Carlos Pereira, representante de esa cartera en el Consejo de Administración. Esto sin considerar la enorme elusión por la vía de la generalizada práctica de la subdeclaración, además de la superpoblación de funcionarios, los elevados costos administrativos, la mala gestión y la corrupción. A ello se le suma que, entre los que sí están inscriptos y sus empleadores, existe una alta morosidad, para lo cual, añadió Pereira, “se está preparando” un listado (¿no tienen ni la lista?) con el fin de “establecer plazos y flexibilidades”. Si estos problemas no se resuelven en el corto plazo, con un fondo de jubilaciones que ya ha entrado en déficit mucho antes de lo previsto y con un fondo de salud con una deuda de 850 millones de dólares, podemos ir despidiéndonos del mayor sistema de seguridad social del país. La ciudadanía no está dimensionando en su real magnitud lo grave que esto es.
El IPS tiene 630.000 cotizantes activos de los 1.700.000 que tendrían que estar haciéndolo a juzgar por los que figuran en la Dirección de Registro del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, de acuerdo con el porcentaje proporcionado por Pereira. Son más de un millón de trabajadores que están fuera del sistema, en contra de lo establecido en la Constitución Nacional y en la legislación vigente, lo que representa una evasión obrero-patronal mínima de 90 millones de dólares mensuales y de 1.000 millones de dólares al año.
Esto es solo en lo que respecta a asalariados formales o semiformales. En realidad, apenas un 10% de las empresas que se estima hay en el país están en el IPS, y como los aportes no los hacen directamente los trabajadores, sino los empleadores, esto tiene un impacto tremendo en términos de recaudación potencial no realizada.
Tan o más grave es la evasión indirecta. El 80% de los aportantes del IPS cotiza por el salario mínimo, en una gigantesca colusión entre patrones, empleados –que muchas veces prefieren que se les descuente solo por el básico, con lo cual ya acceden a los servicios de salud ellos y sus familias– y las autoridades del instituto, que hacen la vista gorda. Como la jubilación se calcula sobre los ingresos declarados en los tres últimos años de la vida laboral, lo que suele ocurrir es que se hace un blanqueo en el trienio final, con el doble perjuicio para el IPS de recibir menos aportes de los debidos y de tener que pagar jubilaciones mayores a las que corresponden.
La gran evasión al IPS tiene al menos tres serias consecuencias. La primera y más obvia es que le resta recursos para desarrollar su función. En cuanto a las jubilaciones, ya hoy, con 40.000 retirados por vejez, 4.000 por invalidez y 13.000 pensionados por fallecimiento del titular, el Fondo de Jubilaciones y Pensiones tiene un déficit en el flujo de caja (menos ingresos que egresos) de 160.000 millones de guaraníes al año con tendencia creciente. Ese saldo rojo lo cubre con las reservas técnicas, que son los ahorros acumulados, de los cuales ya se llevan gastados 400.000 millones de guaraníes desde 2020. En otras palabras, ya se está comiendo la cola y eso será cada vez peor. Si no se reequilibran las cuentas, se estima que esas reservas se agotarán en 20 o 30 años en el mejor de los casos.
En cuanto al Fondo de Enfermedad y Maternidad, o Fondo de Salud, la situación es todavía más agobiante, porque, al margen de la ineficiencia y la corruptela, ofrece servicios universales, medicamentos incluidos, para casi 2 millones de beneficiarios, de los cuales solo una tercera parte contribuye y el resto son familiares.
La segunda grave consecuencia es que, al ser un sistema “de reparto”, donde las jubilaciones de los retirados se financian con los aportes de los trabajadores activos, a este ritmo el día de mañana no habrá suficientes fondos para pagar a los que hoy están aportando. Literalmente, hay cientos de miles de trabajadores jóvenes que esperan jubilarse en quince o veinte años a los que no se les puede asegurar que tendrán la correspondiente contraprestación cuando llegue el momento, lo cual constituye poco menos que una oficializada estafa a una o más generaciones.
La tercera consecuencia tiene que ver con los incentivos. La ley es para todos o no es para nadie y, aunque se la quiera imponer, si la gente ve que muchos no la obedecen y terminan sacando ventaja, salvo excepciones, la mayoría siempre encontrará la manera de eludirla, que es precisamente uno de los grandes motivos de la propia evasión en el IPS. La determinación de hacerla cumplir, sea quien sea, es absolutamente clave y es lo que ha faltado. ¿Cómo se explica, si no, que, a 80 años de su fundación, el IPS tenga una evasión del 63% y todo siga como si nada?
Este escenario no puede continuar y es de esperar que las nuevas autoridades tomen de una vez por todas el toro por las astas. Más allá de las reformas estructurales que también hay que hacer, incluyendo un sistema de supervisión moderno y eficaz, hay que empezar por maximizar las recaudaciones que ya hoy están previstas en la ley y eliminar las principales y más injustas distorsiones. De lo contrario, el IPS va a quebrar irremediablemente.