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“A ABC le tengo preparado algo”, dijo en tono amenazante el exjuez de la Niñez y la Adolescencia y hoy miembro del Tribunal de Apelación Multifueros de Villa Hayes, Daniel Gómez Rambado, al concurrir al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) para dar explicaciones acerca de la ganga con que en 2015 fue beneficiado por la Municipalidad local, siendo intendente Ricardo Núñez, hermano del hoy senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista). No de otro modo puede calificarse el hecho de que haya comprado en “Jardines de Remansito”, incluido un mes antes dentro de la zona urbana, un terreno de 1.829 metros cuadrados por solo 8.517.500 guaraníes, es decir, a 4.656 guaraníes el metro cuadrado. Hoy, esa unidad de medida cuesta en dicha zona cerca de 350 veces más, es decir, el predio costaría la friolera de 2.946 millones de guaraníes.
Sin duda, el sagaz comprador, residente en Fernando de la Mora, hizo una excelente inversión, por decir lo menos; empero, tropieza con el serio problema de que compró un inmueble que no pertenecía al vendedor, sino al Ministerio de Defensa Nacional, como lo admitió el propio hermano del intendente al presentar en 2022, siendo diputado, un proyecto de ley que autorizaba a ese organismo a transferir a sus ocupantes una parte de la finca N° 916, situada en el lugar antes citado. ¿Sabía el por entonces juez que estaba adquiriendo una cosa ajena? ¿Se cometió un hecho punible de estafa o uno de reducción? El asunto tendrá que dilucidarse en el fuero penal. En consecuencia, la cuestión no es con ABC Color, que no ha hecho otra cosa que cumplir con su misión de investigar e informar.
Por de pronto, el JEM resolvió por unanimidad enjuiciar de oficio al camarista y pedir a la Corte Suprema de Justicia que sea suspendido en sus funciones. En el primer órgano se sostuvo, entre otras cosas, que “los hechos son notorios” (César Garay Zuccolillo), que “no hace falta análisis preliminar” (Manuel Ramírez Candia), que “el escándalo y hechos notorios no merecen acreditaciones” (Enrique Kronawetter) y que “la ocupación evidente ha sido reconocida por los autores” (Óscar Paciello).
El susodicho tendría que “preparar algo” para defenderse ante dicha instancia, porque la cuestión, repetimos, no es con ABC Color ni con ABC TV, sino con la Justicia. Nos tilda de “especialistas en ensuciar la vida de los demás”, cuando en realidad solo tratamos, entre otras cosas, de revelar las fechorías de quienes ensucian un cargo público para enriquecerse a costa de sus conciudadanos.
Todo indica que el Abg. Gómez Rambado tiene una gran visión para las operaciones inmobiliarias, un atributo elogiable si ellas son legítimas, aunque innecesario para integrar la judicatura; tendría que haberse dedicado a ellas, en vez de dictar sentencias, pues parece que no tiene mucha autoridad moral para impartir justicia; en efecto, no se vería muy bien juzgando a un presunto reducidor. Tampoco le sienta bien el papel de víctima, por lo que, en vez de rasgarse las vestiduras, debería tratar de refutar las evidencias publicadas, algo que le costará bastante. El Ministerio Público ya tendría que abrir una carpeta fiscal, incluyendo al exintendente Ricardo Núñez, quien, por lo visto, no trataba a su hermano con frecuencia; de lo contrario, tuvo que haberle informado que él ya había vendido un terreno ubicado en una parte de la fracción de la finca N° 916, que el legislador quería desafectar.
En esta nauseabunda cuestión se intentó, incluso por la vía legislativa, privar al Ministerio de Defensa de un bien de su dominio privado, para beneficiar a ciertas personas de altos ingresos: el “interés social” invocado fue muy particular. Hay quienes se especializan en ensuciar su propia vida, sin necesidad de terceros, por el amor al arte de acrecentar su patrimonio a toda costa. Un camarista debería ser más prudente, por así decirlo, sobre todo cuando está en juego un bien público.
Es plausible, en fin, que el JEM haya tomado cartas en el asunto, por propia iniciativa. Se espera que la máxima autoridad judicial adopte cuanto antes la medida solicitada, que el enjuiciamiento avance sin dilaciones, que el Ministerio Público haga desde ya cuanto le compete y que la Procuraduría General de la República recupere los predios usurpados. Hay que poner fin a esta canallada y sentar el precedente de que un magistrado no debe apoderarse con impunidad de parte alguna del patrimonio estatal.