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Según el último índice bianual de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Internacional, el Paraguay figuró el año pasado entre los cuatro países con el mayor índice de criminalidad en todo el mundo y entre los tres primeros de América, después de Colombia y México. En lo que atañe al tráfico ilegal de armas, comparte con Jamaica el primer lugar en el continente, ya que surtiría de ellas a los grupos mafiosos brasileños; el espantoso informe dice que las armas provienen sobre todo de Estados Unidos, aunque debe recordarse, por ejemplo, que los dos fusiles incautados en 2022 en la casa pedrojuanina del “capo” Sergio de Arruda Quintiliano Neto (Minotauro), tenían el sello de la Dirección de Material Bélico (Dimabel), dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, así como las balas que acabaron con la vida de la hija del exgobernador Ronald Acevedo.
El referido informe, reproducido por la prensa internacional, agrega que esta floreciente actividad delictiva y el narcotráfico en auge estarían ligados al contrabando de cigarrillos al Brasil. Agrega que el Paraguay se ha vuelto un país productor de cocaína, así que ya no es solo uno de tránsito hacia puertos europeos, lo que resulta aún más inquietante. Si la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) destruye habitualmente plantíos de marihuana, cuyo mercado estaría bajo el “control de élites locales apoyadas por agentes estatales”, sus actuaciones contra los “laboratorios” del alcaloide blanco son mucho menos frecuentes. No se tienen noticias de la producción nacional de drogas sintéticas, también referida por la mencionada Iniciativa Global.
El impactante documento revela que en la “logística” del tráfico de cocaína participan granjeros, terratenientes, oficiales de policía y miembros de la élite política, lo que implica un espectro muy amplio, esto es, que el crimen organizado se halla inserto no solo en las entidades públicas, sino también en parte de la sociedad civil. La podredumbre no se limitaría, pues, al ámbito estatal: la corrupción “está tan arraigada en la sociedad, que es constante, sin importar quién gobierne”. Esta pavorosa afirmación, que sugiere la necesidad de “reconstruir el tejido moral de la nación”, como instó durante la dictadura la Conferencia Episcopal Paraguaya, lleva a recordar que muchas corruptelas acaecen con la imprescindible complicidad de los particulares. En cuanto a los partidos, el informe sostiene que estarían financiados “por poderosos contrabandistas y narcotraficantes”, a lo que se puede agregar que hay dirigentes que hacen algo más que recibir ese dinero sucio: lo generan ellos mismos, mediante operaciones “comerciales” o financieras ilícitas que no les resultan incompatibles con el ejercicio de altos cargos electivos.
Todo parece indicar que el lavado de dinero proveniente del narcotráfico está a la orden del día, como si el órgano encargado de combatirlo fuera impotente o no diera abasto: el problema radicaría en la nada sorprendente “falta de voluntad política”, dado que “los mercados criminales (...) tienen mucha influencia y apoyo” dentro del Estado. El documento pone el dedo en la llaga al mentar “la falta de independencia y la politización” de la judicatura, dos vicios que mucho tienen que ver con el índice de criminalidad que coloca al Paraguay casi en la cima mundial. Sin duda, una Policía Nacional podrida y un Poder Judicial genuflexo contribuyen a que se multipliquen los delitos de sangre y de guante blanco. En cuanto a los primeros, el informe indica un aumento de la violencia, debido al dominio que el Primer Comando da Capital ejerce en los mercados de drogas y de armas. En tal sentido, la ministra Carolina Llanes presentó a la Corte Suprema de Justicia un “mapa del sicariato”, según el cual entre 2018 y 2022 se cometieron 478 asesinatos por encargo: empezaron en la zona fronteriza con el Brasil y hoy cubren todo el territorio nacional, incluyendo la capital del país. De hecho, los vocablos “sicario” y “sicariato”, de uso común en Colombia desde hace mucho tiempo, ya se han incorporado al vocabulario paraguayo, debido a la notoria inserción del crimen organizado.
Las constataciones de esta investigación demoledora para nuestro país distan de ser asombrosas; su mayor valor, quizá, consiste en que sirven para conocer el vergonzoso lugar que ocupa el Paraguay en el contexto mundial, en materia de hechos punibles. No se trata de un asunto de imagen, ni mucho menos, sino de que los ciudadanos tomen conciencia de que es menester hacer algo para no terminar acostumbrándose a las iniquidades reinantes, como si fueran inherentes a nuestro modo de vida. Por de pronto, hay que exigir a las autoridades actuales que, simplemente, cumplan y hagan cumplir la ley. Para ello fueron elegidas o nombradas, y para ello se les paga.