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El Tribunal Superior de Justicia Electoral prevé entregar este año a las organizaciones políticas 55.880 millones de guaraníes, en concepto de subsidios y aportes. El primer concepto reembolsa los gastos electorales de los partidos, movimientos y alianzas, con el equivalente al 15% del jornal mínimo por cada voto logrado en los últimos comicios para el Congreso y para las Juntas Departamentales o Municipales. El segundo es anual y beneficia solo a los partidos reconocidos e inscriptos, con entre el 5% y el 15% del jornal mínimo por cada voto obtenido en las últimas elecciones para el Congreso. Deben entregarse en los primeros noventa días del año.
Según el Código Electoral, los partidos deben destinar al menos el 30% de los aportes recibidos a informar a los ciudadanos sobre sus “programas, propuestas, principios y valores”, a capacitar a sus simpatizantes y afiliados para ejercer funciones propias de los fines partidarios y a investigar la realidad nacional. Estas obligaciones resultan ilusorias, pues no se verifica su cumplimiento. En realidad, mal podrían los dirigentes difundir los programas y los valores del partido al que pertenecen, porque ni ellos mismos los conocen. Sería bochornoso someterles a un examen en tal sentido. Tampoco parece que capaciten a sus simpatizantes y afiliados para postularse a cargos electivos, dado que la mayoría de quienes llegan a ocuparlos dan la impresión de que nunca leyeron la Ley Suprema ni las cartas orgánicas de los Gobiernos departamentales y municipales. En cuanto a eso de “investigar la realidad nacional”, suena como un chiste: ¿conoce la opinión pública los resultados de semejante pesquisa o se reflejan ellos en el desempeño de quienes ejercen una función pública gracias al voto popular? Ha ocurrido que algunos de quienes fueron elegidos para ciertos cargos han revelado públicamente que nada conocen de sus próximas funciones, como por ejemplo el Parlasur.
La Constitución dice que los partidos deben “concurrir a la formación de las autoridades electivas, a la orientación de la política nacional, departamental o municipal y a la formación cívica de los ciudadanos”. ¿Conoce alguien de las actividades partidarias en tal sentido? Probablemente no. Las disposiciones antes referidas responden a los atinados objetivos mencionados; el problema es que, de hecho, son letra muerta.
Suponiendo que no sean empleados para fines particulares, los aportes estatales son destinados en una proporción mucho mayor al 70% al cuarto objetivo previsto en el Código Electoral, esto es, al “funcionamiento ordinario del partido para solventar sus necesidades operativas y administrativas, no siendo consideradas como tal los gastos para solventar actividades y publicidad electoral” (sic). (Las negritas son nuestras).
Conste que ni aun así alcanzarían, por ejemplo, para sostener al PLRA, que desde 2018 arrastra deudas que hoy llegan a 27.000 millones de guaraníes; sus activos no superan los 17.000 millones, según reveló su vicepresidente Alba Talavera. En la rendición de cuentas consta que la principal fuerza opositora “prestó” del Instituto José Patricio Guggiari 890 millones de guaraníes para cubrir gastos administrativos. Como el instituto se dedicaría a la capacitación y a la investigación, ¿no debería ser al revés? Es decir, el PLRA debería destinar fondos a dicha entidad, en vez de pedírselos prestados. Algo no funciona aquí.
Es evidente que algunos políticos ignoran –o se hacen como que ignoran– que los fondos estatales tienen asignaciones y porcentajes específicos, que no pueden ser dejados de lado por los receptores. Ahí está el líder del partido Cruzada Nacional, Paraguayo Cubas, que siempre se habría opuesto a que los partidos reciban dinero del Estado, quien expresó su interés en construir un hospìtal en el Chaco con el subsidio electoral. Nada de esto se puede hacer mientras el Código Electoral establezca claramente el destino de los recursos. Lo que corresponde es que la Justicia Electoral y la Contraloría General de la República examinen de cerca el uso correcto de los fondos públicos, algo que están muy lejos de hacer.
El dinero que va a los partidos sería defendible siempre que los gastos sean bien controlados. Pero todo parecería indicar que los objetivos de las asignaciones previstas son incumplidos sistemática e impunemente. En estas condiciones, cabe pensar que los partidos deben financiar sus actividades con el dinero de sus propios afiliados y no con el de todos los contribuyentes, muchos de los cuales no están afiliados a ninguno.
Es hora de acabar con esta sangría que solo beneficia a los politicastros, a quienes, desde luego, les tienen sin cuidado la formación de la ciudadanía así como conocer la realidad del país para orientar las políticas públicas: muchos están en otras cosas, más o menos inconfesables, que se resumen en la mera satisfacción de ambiciones personales de poder y de riqueza.