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El almuerzo y la merienda escolares, de los que se ocupan los Gobiernos departamentales y municipales, según directrices del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), son una fuente constante de graves irregularidades en cuanto a las erogaciones y a la rendición de cuentas, ya que se malversan o se amañan licitaciones con toda impunidad. Para peor, no solo reinan la corrupción y la negligencia, sino también la simple ineptitud administrativa. En efecto, en mayo de este año, la Contraloría General de la República (CGR) reveló que, en 2021 y 2022, once de las diecisiete Gobernaciones ejecutaron menos de la mitad de los recursos de los que disponían para la alimentación escolar y que estaban financiados por el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). En materia de ineficacia, sobresalió la de Caazapá, con una ejecución de solo el 26%, en tanto que la de Ñeembucú, con una del 94%, se llevó la palma en lo que respecta a la eficiencia, suponiendo que los gastos hayan sido correctamente realizados. El informe fue recibido por el Senado y por el Ministerio Público.
Y bien, quienes desperdician tanto dinero, sin cumplir con su obligación de proveer de alimentos a los educandos, han tenido el descaro de pedir más dinero a la Comisión Bicameral de Presupuesto, porque el déficit para cubrir los programas de almuerzo y de merienda llegaría a la friolera de 281 millones de dólares. Conste que la presidenta del Consejo de Gobernadores, Norma Zárate de Monges (Paraguarí), tuvo a bien reconocer que costaría obtenerlos para el próximo año, lo que hace presumir que no ignora que las finanzas públicas están siendo sometidas a múltiples exigencias, sobre todo en cuanto a creación de cargos y a aumentos salariales. Aunque fuera posible satisfacer las demandas de cada uno de los gobernadores, no tendría mucho sentido entregarles más fondos si no son capaces de gestionar hasta los que ya tienen, o si han malversado lo que se les han proporcionado.
Originalmente, en virtud de la Ley N° 4758/12 que creó el Fonacide, las Gobernaciones y las Municipalidades solo se ocupaban del almuerzo escolar para alumnos “ubicados en contextos vulnerables”; la N° 5210/14 encomendó a las Gobernaciones –y solo a ellas– la “alimentación escolar”, priorizando “las instituciones educativas situadas en zonas de extrema pobreza”: llegaron a encargarse, pues, tanto del almuerzo como de la merienda, siendo sus fuentes de financiamiento, entre otras, el Presupuesto nacional, el Fonacide, los royalties y las compensaciones por territorio inundado. Resulta así que, conforme a las leyes citadas, existe una inconveniente superposición de funciones en lo que atañe al almuerzo escolar, lo que obligaría de hecho a una división del trabajo entre los Gobiernos departamentales y los municipales, esto es, a una coordinación que requiere cierta idoneidad en unos y otros. Del informe de la CGR se desprende que en 2022 no hubo tal coordinación en el departamento de Caaguazú, pues el porcentaje de ejecución municipal del programa de almuerzo escolar en Santa Rosa del Mbutuy fue nulo: 0%.
En la fiscalización especial inmediata de una licitación pública sobre la provisión del almuerzo escolar para 2021-2022, hecha por la Gobernación del Departamento Central, encabezada por el hoy procesado Hugo Javier González, el órgano contralor observó deficiencias relativas a la planificación del llamado, a la programación de la microplanificación, a la comunicación oportuna de la apertura de sobres, a la remisión de certificados de origen de las firmas del consorcio ganador de una licitación, al informe del monitoreo de la única nutricionista designada, a los legajos de pagos y a la provisión del almuerzo escolar hasta el 30 de noviembre de 2022: fueron entregados solo hasta el 4 de noviembre. Es muy probable que observaciones similares puedan hacerse en torno a las actuaciones de las demás administraciones departamentales. En estas condiciones, ¿se justifica continuar entregándoles fondos a dichas instituciones?
Otro caso significativo fue el de la merienda escolar proveída por la Gobernación del Guairá, bajo la gestión de Rodolfo Friedmann, entre 2013 y 2018; el también exsenador y exministro de Agricultura y Ganadería fue acusado penalmente el 20 de junio último, junto con otras cinco personas, por los delitos de administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo. Entre otras cosas, habría autorizado y firmado un contrato de suministro con la empresa ESSA SA, dirigida por él mismo. Por su parte, en la provisión del almuerzo escolar en el Alto Paraná, siendo gobernador Roberto González Vaesken, el órgano contralor detectó 16 irregularidades, que habrían causado un perjuicio de casi 700 millones de guaraníes, en 2021-2022. Entre ellas figuran la falta de control de calidad, la descalificación irregular de oferentes en una licitación y la falta de coordinación con la Municipalidad de Presidente Franco en cuanto a las escuelas a ser beneficiadas.
No solo las Gobernaciones violan normativas. Según la CGR, también el MEC las ignora al restringir el número de eventuales oferentes en la construcción de comedores escolares o al no comprobar las condiciones sanitarias del almuerzo, ni en la firma proveedora del servicio ni en los centros educativos. Por esta razón, el MEC habría empezado en mayo a implementar un “plan de mejoras”, cuyos resultados aún se desconocen. Si los resultados no se advirtieran en breve, habría que someter el programa de alimentación escolar a una profunda revisión, lo que supondría modificar o derogar un par de leyes. No hay por qué seguir arrojando dinero a un barril sin fondo.