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Es una historia de nunca acabar: los “empresarios” del transporte público de pasajeros de la Gran Asunción, hoy agremiados en tres organizaciones que llevan las siglas CETRAPAM, FETRAM y UCETRAMA, han vuelto a recurrir al chantaje de las “reguladas”, sometiendo a los usuarios a largas esperas para imponer sus pretensiones. La Ley N° 6789/21 penaliza esta práctica miserable con la cancelación de la licencia, del itinerario y del subsidio de las empresas involucradas; además, califica de “coacción y perturbación de servicios públicos” que los directivos, accionistas o representantes legales o gremiales amenacen o extorsionen a los órganos estatales, “por cualquier medio”, con respecto a la prestación de sus servicios, pudiendo ser denunciado el hecho punible por todo ciudadano. Pero por lo que se ve, estos empresarios no le temen a nadie, a ningún Gobierno, ya que acaban de asumir nuevas autoridades y ellos siguen con la misma actitud de siempre, seguramente muy seguros de que no recibirán castigo alguno, posiblemente por haber prestado generosos servicios a los políticos en las últimas elecciones. Los que pagan el pato son los usuarios sometidos a incontables sufrimientos, amontonados en las paradas a veces por horas, bajo el peligro de la inseguridad reinante.
La indignación que causa el chantaje aumenta cuando es indirecto, esto es, cuando el daño causado afecta a quienes no pueden satisfacer por sí mismos las exigencias de sus autores ni están en condiciones, por motivos económicos, de evitar recurrir a unos buses destartalados. Los “empresarios” aparentemente buscan que la opinión pública presione al Viceministerio de Transporte para que este acabe cediendo. Pasaron dos años desde la promulgación de la ley citada, sin que el atropello reiterado haya recibido una sanción penal; solo en octubre de 2021 y ante la inoperancia del Viceministerio, la Secretaría de Defensa del Consumidor multó con 44 millones de guaraníes a cada una de las 17 líneas que habían reducido la prestación de sus pésimos servicios, que debe darse cada veinte minutos, a lo sumo. La medida no tuvo ningún efecto disuasivo, como muestra la experiencia.
Quienes inventan pasajeros mediante billetajes electrónicos, presentan documentos de contenido falso para lograr subsidios o declaran a la autoridad tributaria erogaciones de al menos 10.000 millones de guaraníes sin constancias respaldatorias, reclamarían esta vez el pronto desembolso de los subsidios y la actualización de la tarifa técnica, que sirve para calcular el precio del pasaje, según el número de pasajeros y los gastos operativos. En junio de este año, el exviceministro de Transporte Óscar Stark informó que se estaba elaborando el pliego de bases y condiciones para licitar una consultoría de revisión de las cifras, pero resulta que, aunque el precio del combustible haya disminuido, los “empresarios” están muy apurados, así que vuelven a las andadas, confiando en la impunidad. Nos preguntamos: los numerosos abogados e ingenieros que tiene el MOPC, ¿no podrían realizar dicha revisión de cifras, en vez de la consabida contratación de una consultoría?
Las canalladas en perjuicio de los usuarios son cometidas rutinariamente por quienes en los últimos nueve años, según un reciente informe de la Contraloría General de la República, recibieron 645.000 millones de guaraníes, endeudando al país y, en última instancia, a todos los contribuyentes, o sea, también a aquellos que tienen la suerte de no verse obligados a utilizar sus lamentables servicios. Según un reciente informe del referido órgano, entre 2014 y 2022, el subsidio aumentó un 453%, sin que se haya renovado la flota de buses, requisito indispensable para el pago; en 2013, los caraduras habían recibido unos 56.700 millones de guaraníes para comprar 300 buses en reemplazo de otras tantas “chatarras”, con permiso vigente.
El Decreto N° 8886/18 suspendió para todo el año 2017, retroactivamente, el deber de que integren sus respectivos parques automotores con unidades nuevas, con el argumento de que iban a invertir en la implementación del billetaje electrónico, finalmente fallido; la obligación se mantuvo para los siguientes años. Es de recordar que el Código Penal castiga con hasta cinco años de cárcel o con multa la adquisición fraudulenta de subvenciones; en los casos graves, la sanción se eleva a hasta diez años. El Ministerio Público ya debe intervenir de oficio en esta cuestión que tanto daña al erario y a los pasajeros del área metropolitana de Asunción; también tiene que actuar la Defensoría del Pueblo, si una de sus funciones es “la canalización de los reclamos populares”, entre los que se cuentan desde hace años los relativos al transporte público.
Hace un par de meses, una consultoría encargada por el Ministerio de Hacienda de entonces estimó que, entre 2024 y 2034, el monto del subsidio ascendería a 1.154 millones de dólares, atendiendo las variables actuales, entre ellos los precios del pasaje. En respuesta, la Federación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas criticó la falta de transparencia en cuanto a los costos del servicio y demandó la mejora del servicio así como la revisión de la asistencia estatal al “cártel del transporte público”. Mientras se discuten tales y cuales propuestas, urge al menos poner fin a las “reguladas”, aplicando la ley con todo rigor: sus cínicos promotores no deben seguir ignorándola sin el condigno castigo. También será indispensable la movilización de los usuarios organizados, para que su silencio no sea interpretado como un signo de conformidad con el maltrato siempre recibido. Hay que decir basta a tanto desprecio. Si los “empresarios” tienen algo que reclamar al Estado, que lo hagan en las instancias pertinentes, en vez de seguir ensañándose con la gente.