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Como era previsible, la suba salarial en beneficio del Presidente y del vicepresidente de la República, así como de los ministros y viceministros del Poder Ejecutivo, incluido en el proyecto de ley sobre el Presupuesto nacional presentado por el nuevo Gobierno, ya ha generado unos cuantos pedidos similares de otras entidades públicas. Es así que la Corte Suprema de Justicia solicitó a la Comisión Bicameral de Presupuesto que el sueldo de sus miembros aumente el 15%, el de los jueces de primera instancia y el de los camaristas el 31% y el de los jueces de paz el 41%. Ni corta ni perezosa, la máxima institución judicial propone también que los alrededor de 11.500 funcionarios del Poder Judicial –a los que se sumarían 1.552 a ser incorporados– merecerían ganar entre el 5% y el 10% más, según “metas de producción” (?).
En verdad, resulta agraviante para la ciudadanía que, en medio de un creciente déficit fiscal, se pretenda que los gastos en “servicios personales” tengan en la bochornosa Administración de Justicia un incremento de 340.352 millones de guaraníes (46,2 millones de dólares), lo que contribuiría a que el próximo Presupuesto llegue a más de 2,4 billones de guaraníes (329,3 millones de dólares): una injustificable adición de nada menos que el 64% con respecto al de este año. Puede decirse que la conocida morosidad y el prevaricato en favor de los poderes políticos y económicos no responden necesariamente a los bajos sueldos o a la infraestructura inadecuada, sino más bien a la ausencia de la fortaleza moral requerida para impartir justicia, aunque exista todo un Código de Ética Judicial.
Dice mucho de la calidad de nuestra judicatura que hayan sido ministros Miguel Óscar Bajac, condenado por soborno, y Antonio Fretes, el expresidente de la máxima autoridad judicial –de cuya titularidad se vio obligado a renunciar– que fue multado por no entregar su declaración jurada de bienes y rentas, al abandonar el cargo que deshonró. Similar impresión debe causar que, según dijo la jueza Claudia Criscioni en 2021, unos treinta jueces, camaristas y agentes fiscales hayan estado al servicio de Ramón González Daher: hasta hoy, la única consecuencia efectiva de este indignante caso, en el que también habría influido el peso político del difunto senador Óscar González Daher, ha sido el apercibimiento al agente fiscal Jorge Noguera. Por fin, el Jurado que lo sancionó con tanta blandura resolvió anteayer investigar preliminarmente la actuación de fiscales y jueces en otras once causas penales por estafa promovidas por el usurero. Ojalá que la pesquisa no termine en agua de borrajas.
A propósito, el Ministerio Público pidió para 2024 un aumento de 429.435 millones de guaraníes (58,2 millones de dólares), para financiar aumentos salariales y 1.266 nuevos cargos, que se sumarán a los 480 creados este año mediante una ampliación presupuestaria. No se trata de un plantel exiguo, pero ocurre que, según el contralor general de la República, Camilo Benítez, ninguna de las más de cien denuncias por corrupción presentadas desde 2019 hasta febrero de este año han llevado tan siquiera a un proceso penal. Se podrían dar muchos otros ejemplos recientes de la perversión de la Justicia y de que no todo depende del mayor o menor financiamiento público, pero los referidos ya deberían bastar para sostener que el problema radica esencialmente en quienes juzgan o representan a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales.
El art. 249 de la Constitución dice que se debe asignar al Poder Judicial una cantidad no inferior al 3% del Presupuesto de la Administración Central; esta norma, parecida a la que destina a la educación un mínimo presupuestario del 20%, revela que los convencionales de 1992 fueron conscientes de que el buen funcionamiento y la independencia de la magistratura son esenciales en un Estado de derecho. Empero, aunque no puede ser sometida por los poderes políticos mediante amenazas de recortes presupuestarios que vulneren dicho límite, muchos de sus integrantes son proclives a inclinarse de hecho por amor al arte de la sumisión o de la afinidad partidaria.
Ni el Poder Judicial ni el Ministerio Público, de tan deplorables desempeños, tienen autoridad moral para solicitar más fondos mientras no combatan con energía la corrupción y el prebendariamo que corroen el erario. Mientras no sean depurados, no habrá garantía alguna de que un incremento de los recursos sirva para que sus respectivas actuaciones mejoren considerablemente. El notorio desprestigio en que están hundidos conspira contra sus pretensiones. En este sufrido país, las garantías constitucionales de igualdad ante las leyes y de igualdad para el acceso a la Justicia no tienen vigencia efectiva, por culpa de quienes serían beneficiados por los aumentos requeridos. Por tanto, no habrían razones para recompensarlos.