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Uno de los grandes males de nuestra administración pública es el prebendarismo, estrechamente ligado al clientelismo. Más allá de la corrupción voraz, los cargos superfluos generan gastos innecesarios a costa de los que serían útiles para el bien común, siempre que sean ejercidos por personas idóneas y no por las que solo pueden ostentar su condición de amigas, parientes o correligionarias de la autoridad que las nombró o contrató, al margen de la Ley de la Función Pública. Tal como están las cosas, los alrededor de 340.000 funcionarios y 50.000 contratados insertos en 412 entidades son una carga muy pesada para el país.
Los legisladores deberían ser los más interesados en que el dinero de los contribuyentes, a quienes representan, sea bien empleado, pero ocurre que son ellos mismos los que, a través del Presupuesto nacional, crean puestos superfluos para alimentar a sus allegados o ejercen influencias indebidas para que los imprescindibles sean ocupados por ineptos. En otras palabras, el Congreso derrocha a manos llenas en lo que atañe a los “servicios personales”, sobre todo en función del calendario electoral: se retribuye el apoyo de “operadores políticos” instalándolos, por ejemplo, en el propio Palacio Legislativo.
Así se entiende que el senador Silvio Ovelar (ANR, cartista), presidente del Congreso, haya designado como “directora de Enlace” con el Poder Ejecutivo a la escribana Olivia Vega, funcionaria de la Junta Municipal de Asunción, comisionada antes a la Intendencia, donde se desempeñaba como directora de Auditoría, con un sueldo de 5.600.000 guaraníes. La feliz agraciada actuó en la campaña proselitista de la hoy senadora Lizarella Valiente (ANR, cartista), esposa del intendente Óscar Rodríguez (ANR, cartista), de modo que puede concluirse que fue premiada con un cargo mucho mejor dotado que el anterior, aunque la ley diga que el traslado debe ser hecho a otro “de igual o similar categoría o remuneración”. La funcionaria ya está “viviendo mejor”, a expensas de los contribuyentes, aparentemente sin más méritos que los de ser de la corriente gobernante y gozar de la confianza de una flamante senadora, colega y correligionaria de Fabiana Souto de Alliana, esposa del vicepresidente de la República.
El titular del Congreso admite que cada legislador puede traer consigo a “dos o tres” de los suyos, sin previo concurso público de oposición ni necesidad administrativa alguna. La Dirección de Enlace Legislativo del Congreso Nacional con el Poder Ejecutivo existe desde 2018, pero resulta que el vicepresidente de la República, cuya única función concreta es justamente la de coordinar las relaciones entre los dos Poderes, solo tiene a su cargo una Dirección de Relaciones Interinstitucionales, esto es, carece de una dependencia que se ocupe exclusivamente del “enlace” con el Congreso. Solo falta que ahora se invente una Dirección de Enlace del Congreso Nacional con el Poder Judicial, so pretexto de que la ley suprema habla de la “coordinación” entre los Poderes.
Una vez más, vale recordar que el Presidente de la República habló el 15 de agosto de “un conglomerado de instituciones paquidérmicas que acumulan licitaciones, generan clientelismo y despachan prebendarismo”. Nada indica hasta ahora que estas dos últimas lacras vayan a ser combatidas con energía, todo lo contrario. Es cierto que la administración del Congreso no está en manos de Santiago Peña, pero sí en las de uno de sus seguidores más compenetrados con las prácticas viciosas de la politiquería criolla: no es un cuerpo extraño en el actual Gobierno, sino un viejo defensor del modelo prebendario-clientelístico, que pervive gracias a la ignorancia y a la pobreza.
La diputada Rocío Vallejo (PPQ) lamenta que el proyecto del Presupuesto nacional para 2024 no contemple la reducción del Estado, sino más bien el crecimiento del funcionariado: no se buscaría optimizar los recursos humanos. De hecho, está previsto que los gastos rígidos, como los salarios y el servicio de la deuda, lleguen al 87% del total. El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, alega que “los salarios no se van a poder cortar” debido a problemas legales; no se podrán cortar, pero lo que sí se puede y se debe hacer es anular los nombramientos y rescindir los contratos que violaron la Ley N° 1626/00, así como bloquear el ingreso de nuevos “servidores públicos”.
En otras palabras, aparte de poner coto a la corrupción desaforada, es preciso achicar el Estado en el marco de una amplia reforma, para lo cual se necesita una firme voluntad política; no sería fácil enfrentar a un poderoso grupo de presión, que cuenta con numerosos aliados en el Palacio Legislativo, pero habrá que intentarlo si se quiere invertir en la sanidad, en la educación pública o en obras viales, sin aumentar la deuda interna y externa. ¿Tendrá Santiago Peña el coraje suficiente?