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Atendiendo la negra historia del Instituto de Previsión Social (IPS), podría concluirse que los representantes actuales del sector privado en el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) –Miguel Ángel Doldán, Gustavo Arias y Roberto Brítez– son presuntamente corresponsables de la corrupción, del derroche y de la ineficiencia que distinguen a la entidad desde hace largos años. Esto significa que el presidente y los dos representantes ministeriales no han venido siendo los únicos culpables de la deplorable gestión administrativa y sanitaria que castiga a los aportantes. El titular mencionado es designado motu proprio por el jefe del Poder Ejecutivo, en tanto que los dos consejeros citados lo son a partir de unas ternas propuestas por los Ministerios de Salud Pública y Bienestar Social y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Los tres consejeros aludidos representan a los empleadores, a los trabajadores y a los jubilados y pensionados, por cuyos intereses, se supone, deberían velar.
El presidente tiene un salario neto mensual de 34.125.000 guaraníes, mientras los consejeros gozan de la bonita suma de 30.650.000 guaraníes, por reunirse al menos una vez a la semana. Disponen además de generosos cupos de combustible y cuentan con unos 30 asesores, en total. Pese a esta impresionante cantidad de colaboradores, al parecer la pelota de las irregularidades les pasa entre las piernas sin que lo noten, o cómodamente miren para otro lado. En verdad, no se debería necesitar tantos asesores, pues la Carta Orgánica ordena que los consejeros tengan “reconocida versación en las ramas de Ciencias Médicas, Económicas, Financieras, Administrativa o de Seguridad Social”. Como según parece no la tienen, los asegurados deben financiar a sus consultores, entre los que figura hasta un fisioterapeuta. También convendría que sus antecedentes fueran intachables, así que al parecer resultó errónea la reciente decisión del presidente Santiago Peña de nombrar al doctor Aníbal de los Ríos, en representación del Ministerio encargado de la sanidad. Este tuvo que renunciar en 2022 a la jefatura del área de Traumatología del Hospital Central, luego de una presunta mala praxis en esa área con la amputación equivocada de la pierna de un paciente.
Evidentemente, no se puede esperar mucho de los consejeros provenientes de los Ministerios, dado que el sector público es propenso a desdeñar la idoneidad y la honestidad. Empero, se podría pretender que el privado sea mucho más cuidadoso a la hora de proponer las ternas, ya que los aportes obrero-patronales son la principalísima fuente de ingresos del IPS. Ocurre que la salud y el dinero de los aportantes son gravemente afectados cuando se roba, se malgasta o se cometen torpezas, como suele aparentemente ocurrir con la indignante complicidad o el vergonzoso silencio de quienes deberían defender los intereses de sus representados. Resulta que, en el mejor de los casos, hacen como que no se enteran de nada: no sabrían de licitaciones amañadas, de groseros despilfarros de combustible, de cuantiosas deudas con empresas farmacéuticas, de absurdos pagos sin comprobantes ni de irritantes carencias de medicamentos e insumos, entre otras calamidades continuas. Toman por idiotas a los asegurados y a los jubilados. En verdad, sobre estas cuestiones sería interesante conocer la opinión de las entidades empresariales, de los sindicatos y de las organizaciones de jubilados y pensionados, que se supone son los que elevan los nombres de quienes deben integrar las ternas de las que saldrán electos quienes integrarán el Consejo de Administración.
Ocasionalmente, algún consejero aclara ante la prensa que no votó por llevar adelante el negociado de turno, remitiéndose al acta de la sesión correspondiente. Aquí se plantea la cuestión de la transparencia: ¿se espera acaso que los trabajadores, los empresarios o los jubilados pidan al IPS la copia de cierta acta para constatar si sus respectivos representantes apoyaron o no la comisión de un delito? Lo que deberían hacer los consejeros es llevar sus quejas a sus respectivas organizaciones para que estas expresen su pública oposición contra determinadas decisiones que afectan a sus intereses. Pero no es esto lo que viene ocurriendo. Los presuntos negociados salen a la luz ya una vez consumados.
Así las cosas, la opinión pública tiene derecho a meter a todos en la misma bolsa inmunda. En la práctica, esos consejeros solo se representan a sí mismos y, por ende, solo velan por los privilegios anexos al muy bien remunerado cargo que ocupan. En suma, hacen y dejan de hacer lo que les da la gana. Por esta razón es que el Consejo de Administración del IPS no se justifica, y debe recordarse que en el pasado se han anulado, por ser inservibles y costosos, los de varias instituciones estatales. Es momento de pensar en alguna medida similar, o de lo contrario, que al menos las entidades privadas nombren a personas idóneas y honestas, y no calentasillas que avalen los amaños de los que mandan.