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El Ing. Rodrigo Ferreira Campos –nuevo presidente de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), sociedad anónima de exclusiva participación estatal– informó que el Gobierno priorizará la búsqueda de capital privado para reflotar la empresa, también dueña de Hola Paraguay SA (Vox), operadora de telefonía móvil desde 2010. A fin de no alarmar a los estatistas de costumbre, creyó oportuno decir que no se intentará privatizarla, sino conseguir inversiones, haciendo “mucho lobby”. Conste que la “mesa de trabajo”, de ignorada composición, aún no sabría cómo ejecutar la idea, aunque el ingeniero recordó el sistema de “riesgo compartido”, aplicado entre 1995 y 1997, que “prácticamente se prolongó hasta el 2002″. Se buscaba la inyección de capitales del sector privado para renovar y ampliar la línea baja, así como los servicios de telefonía móvil e internet; se implementó lo primero, con la intervención de una empresa paraguaya, pero no así lo segundo, así que la cuota de Vox en el mercado no supera hoy un pobrísimo 4%. En 2019, la Copaco absorbió la deuda de 4.754.590 dólares que Vox tenía con una firma extranjera: aún no ha sido cancelada. En estas deplorables condiciones se quiere resucitar, además de Copaco, también la empresa de telefonía móvil.
El año pasado se frustró el proyecto de que la empresa norteamericana Rivada Networks gestione una parte del espectro radioeléctrico de Vox; llamó la atención que su representante de hecho en el país fuera hijo de Carlos Morel Martínez, uno de los directores de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, la entidad reguladora. El presidente de la Copaco admite que “será difícil llevar de lo negativo a lo positivo”, esto es, evitar que se repita la historia del año pasado, cuando la fallida empresa tuvo un déficit de 180.000 millones de guaraníes (26 millones de dólares), y pagar regularmente tanto a sus tres mil empleados como a sus pacientes proveedores, a quienes debe unos 193.000 millones de guaraníes (27 millones de dólares). Aún no ha revelado cómo hacerlo, “para no entorpecer” el trabajo, que será “duro”, según dijo. Felizmente, hasta hoy no se le ocurre sumarse a la exigencia sindical de que el Estado arroje a ese barril sin fondo nada menos que cien millones de dólares.
Por de pronto, el Ing. Ferreira Campos afirmó que habría sumas a cobrar a los usuarios, para “ir cubriendo el tema del salario” y que se va a “tratar de hacer un sistema de cobro para que podamos obtener esos ingresos”, lo que implica su inexistencia actual. Desde luego, la Copaco no solo necesita estar al día con sus excesivos funcionarios, sino también con sus múltiples acreedores. La empresa en quiebra técnica, que ya seguramente habría pedido un concurso de acreedores de haber sido privada, adeuda mucho más de lo que le deben y no está en condiciones de atraer capitales: demostrar que “está cambiando, dar señales de que estamos mejorando algo para conseguir esas inversiones que se necesitan”, implica confiar en el auxilio de inversores ingenuos, una especie que es bastante rara. ¿Deberían creer que se eliminará el prebendarismo y que es posible expandir el obsoleto servicio de telefonía fija, así como aumentar notablemente la participación en los ya rígidos mercados de internet y telefonía móvil? Asociarse con el Estado paraguayo, en este caso, supondría asumir un tremendo riesgo.
El presidente de la Copaco, un antiguo empleado de la firma, no es muy ambicioso, pues cree que mejorar “algo” ya sería suficiente para atraer capitales: lo más probable es que ni siquiera se logre ese modesto objetivo, dado el fuerte arraigo de las corruptelas. Entretanto, las deudas se irán acumulando, con intereses, haciendo que sea cada vez más difícil sanear las desde ya horrorosas cuentas. En 2015, bajo el Gobierno de Horacio Cartes, el Consejo Nacional de Empresas Públicas, inquieto por la fuga de clientes de la anacrónica telefonía fija a las tres grandes operadoras de la pujante telefonía móvil, solicitó a la Copaco un plan de negocios para arreglar sus finanzas y, en especial, reestructurar el área de recursos humanos, mediante un monitoreo de la actuación de cada funcionario. Si el plan fue concebido y ejecutado, no se logró absolutamente nada. En efecto, la situación financiera ha empeorado y se agravará aún más mientras no se tome la patriótica decisión de liberarse de este lastre, antes llamado Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antelco).
Con el paso del tiempo, y dada su desastrosa situación, la liquidación o la privatización de la Copaco resulta cada vez más imperiosa. El contribuyente paraguayo no tiene por qué seguir aportando para cubrir los agujeros que ha venido dejando esa malograda empresa pública, signada por la ineficiencia y la corrupción desde sus inicios. El Estado es un pésimo empresario, que derrocha tiempo y dinero en emprendimientos que lo distraen de atender la salud y la educación públicas, al igual que la seguridad interna, entre otras funciones de interés general.