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El 67% de los ingresos tributarios se destinan a salarios y bonificaciones de aproximadamente 300.000 funcionarios permanentes y contratados solo de la Administración Central y de algunos entes y empresas públicas que no tienen rentas propias suficientes, según actualizó el último informe de situación financiera presentado por el flamante Ministerio de Economía y Finanzas. El fisco recauda anualmente alrededor de 30 billones de guaraníes, de los cuales 20 billones se van en salarios y bonificaciones de acuerdo con la información. Ese dinero sale del bolsillo de las 3.300.000 personas que componen el 90% de la fuerza laboral que no percibe remuneraciones del Estado, pero que le paga el sueldo al otro 10%. En promedio, cada uno está aportando 6 millones de guaraníes al año para ese fin.
Obviamente, el Estado no puede funcionar sin personal, pero evidentemente el ratio no responde a un criterio básico de racionalidad. Y si se le suman otros gastos rígidos, como el servicio de la deuda, las jubilaciones y pensiones del sector público y las transferencias corrientes para subsidios y para tapar agujeros de entes públicos deficitarios, se llega al 90% de todos los impuestos aportados por la ciudadanía, con lo que resta muy escaso margen para mejorar la contraprestación de servicios y para invertir en áreas críticas para el crecimiento económico y el desarrollo nacional.
Es por esta razón que el Estado paraguayo no logra responder a elementales necesidades de la población. Eso pese a que el Presupuesto es de más de 15.000 millones de dólares al año, la deuda estatal se cuadruplicó en solo una década, el déficit se ha vuelto crónico y sigue en torno al 5% del PIB, tres veces por encima del tope de la bastardeada ley de responsabilidad fiscal, se acumulan altos vencimientos a proveedores, lo que, a su vez, encarece muchísimo la adquisición pública de bienes y servicios, la infraestructura es insuficiente, deficiente y carísima en comparación con estándares internacionales, las escuelas se caen a pedazos, los hospitales tienen permanentes problemas de abastecimiento de insumos y equipamiento. Pero, eso sí, nadie en el sector público, planilleros y haraganes incluidos, deja de cobrar religiosamente su sueldo a fin de mes ni sus múltiples extras a lo largo del año.
En los últimos veinte años, lapso que abarca los gobiernos de Nicanor Duarte Frutos, Fernando Lugo, Federico Franco, Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez, el gasto público de la administración central se duplicó en términos reales (ya descontada la inflación del período), lo que equivale a tener hoy no uno, sino dos Estados en comparación con el de principios de la década del 2000, y eso sin considerar los entes descentralizados, las empresas públicas, las gobernaciones y municipalidades, que demandan impuestos locales, otras contribuciones obligatorias, tasas y tarifas de servicios públicos monopólicos.
De más está decir que esa duplicación estatal no se refleja en mejoras para la población en una medida mínimamente proporcional. Una de las razones es que la invariable tendencia ha sido la de una combinación de alto y creciente porcentaje de gasto rígido corriente, por un lado, con bajo y decreciente porcentaje de inversión, por el otro.
La asignación de recursos se ha dirigido mayormente a aumentar la burocracia pública y el aparato estatal, en gran medida con fines prebendarios y clientelistas, y a subsidiar a grupos de presión y a sectores minoritarios, todo ello en un ambiente de alta corrupción, con planillerismo directo o soterrado en la mayoría de los entes, desvíos y sobrefacturaciones por doquier, antes que a responder a las verdaderas prioridades y necesidades de la gente.
Tomando un promedio del tipo de cambio por quinquenio, entre 2003 y 2023 solo la administración central consumió la estratosférica suma de 113.000 millones de dólares. Pero la cuestión no es tanto cuánto se gastó, sino en qué y cómo. A modo de indicador, de ese monto, solo 15.000 millones de dólares fueron a inversiones en esos dos decenios. El resto se esfumó en salarios, transferencias para subsidios y otros gastos más o menos superfluos.
El liberocartista Alejo Ríos dijo en plena sesión de la Cámara de Diputados que la restitución de vales de combustibles a los legisladores no es un derroche, sino, al contrario, es “para economizar”, porque muchos congresistas “están con la economía muy ajustada”. La tragicómica anécdota, una más para los frondosos anales de nuestra política criolla, ilustra perfectamente la opción que tiene en frente el nuevo Gobierno: ¿favorecerá la economía de ciertos grupos de privilegiados o, para variar, pondrá en primer lugar la economía de todos los paraguayos y habitantes del país? En poco tiempo comenzará el estudio del Presupuesto 2024. Allí se verá.