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De lo que conocemos como la época democrática en el Paraguay, desde la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner, en 1989, pocas veces como ahora se ha sentido una amenaza a las instituciones –como, por ejemplo, la que ha lanzado el diputado Yamil Esgaib (ANR, cartista) contra el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón– y a la libertad de expresión y de prensa.
En ese orden, en la causa abierta tras la denuncia de varios presuntos delitos que habrían sido perpetrados por personas innominadas para, supuestamente, reducir o anular la participación de Horacio Cartes en la vida política nacional, el Ministerio Público buscó amedrentar a nuestro diario mediante dos absurdos emplazamientos de 48 horas, dirigidos a su “gerente general” (¿?) con respecto a la autoría de otras tantas noticias que habrían sido publicadas el 6 de junio y el 13 de julio de 2022, bajo los respectivos títulos “Senadores buscan ir a Estados Unidos para reunirse con los congresistas locales (en realidad, “para tratar informes sobre lavado”) y “Lilian Samaniego habla de lavado de dinero en el Congreso de EE.UU.”, cuyas copias íntegras certificadas también requirieron.
Vaya por delante que los agentes fiscales Aldo Cantero, Rodrigo Estigarribia y Daniela Benítez ignoran que no hay un “gerente general” en nuestra gestión periodística. En cuanto al fondo de la inquietante cuestión, rechazamos con énfasis que las informaciones difundidas hayan implicado algún hecho punible cometido por un periodista, que se limitó a reproducir opiniones del senador Enrique Salyn Buzarquis (PLRA) o informaciones brindadas por la senadora Lilian Samaniego en una red social. De lo que aquí se trata, puede pensarse, es que averiguar quién o quiénes escribieron ciertas notas solo apuntaría a intimidar a periodistas para evitar el tratamiento de ciertos temas. Cuesta imaginarse qué podría preguntar el Ministerio Público al o a los redactores para seguir avanzando en la pesquisa iniciada: no podría exigir que se revele la fuente de información, pues ella resulta evidente en ambos casos, aparte de que la Constitución no lo permite. “Los periodistas de los medios masivos de comunicación social, en cumplimiento de sus funciones, no serán obligados a actuar contra los dictados de su conciencia ni a revelar sus fuentes de información”, dice un párrafo del Art. 29 de nuestra Carta Magna.
La denuncia “cartesiana” del 31 de julio de 2023 atribuye los supuestos delitos cometidos en su perjuicio desde 2018 a “personas en ejercicio del poder político, funciones públicas y/o participación en la vida política nacional”, pero, a este paso, el o los periodistas bien podrían ser tenidos por cómplices.
Agentes fiscales de esta índole ofenden el buen sentido y vulneran groseramente la libertad de información, que ABC Color seguirá ejerciendo con vigor para que las personas puedan gozar de su derecho a saber cuanto ocurre y emitir sus opiniones a través de nuestras páginas. Lo respaldan tanto la Carta Magna del país como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, según la cual el derecho a la libertad de opinión y de expresión incluye, entre otras cosas, el de “recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Términos casi idénticos se leen en la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José).
A este grosero ataque contra la libertad de prensa se suma el sufrido en simultáneo por el colega Última Hora, en el marco de la misma causa, curiosamente caratulada “Persona innominada s/ denuncia falsa y otros”: el Ministerio Público quiere una copia íntegra certificada de una nota sobre las firmas del exgobernante que habrían pagado multimillonarias sumas mensuales a Óscar Boidanich, el exjefe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, que se ocupó del escándalo del hoy condenado “hermano del alma” Darío Messer. También –y sobre todo– desea saber quién la escribió, quizá para obligarle a revelar sus fuentes de información, pese a que la ley suprema, como señalamos, lo prohíbe.
Es francamente intolerable que una denuncia genérica sirva de excusa para tomar por asalto la actividad periodística: en ambos casos, el supuesto agraviado no querelló por calumnia o difamación a los directores de los medios de prensa referidos ni exigió en su momento una rectificación o aclaración en sus mismas páginas, pero ahora resulta que el Ministerio Público pretende –¿por propia iniciativa?– amedrentar a quienes han publicado informaciones que habrían podido herir a Horacio Cartes.
El fallecido fundador y director de este diario, Aldo Zuccolillo, solía decir que la libertad de prensa es la madre de todas las libertades. Si es así, ahogarla mediante intervenciones de agentes fiscales o cualquier otro arbitrio conllevaría un gravísimo atentado contra el sistema democrático. Lo acontecido sugiere estar en guardia para prevenir atropellos aún mayores, ya que la tentación de valerse de las entidades públicas para saldar cuentas puede ser irresistible. El Ministerio Público debe estar sometido solo a la Constitución y a las leyes.
Lo más grave de todo es que estamos recién en el inicio del mandato del presidente Santiago Peña, cuyo Gobierno, de esta forma, no ha comenzado con los mejores auspicios. ¿Será que solo quiere gobernar con una “prensa amiga”? Dios libre al Paraguay.