Responsables del chapucero proyecto del acueducto deben rendir cuentas ante la ley

La ineficiencia técnico-administrativa del Estado es tan dañina para el bien común como la consabida corrupción. Suele criticarse su “ausencia” en ciertas áreas, pero ocurre que muchas veces el aparato estatal puede resultar un problema antes que una solución, sobre todo cuando se trata de gestionar proyectos más o menos importantes. Es lo que demuestra el tremendo fiasco del acueducto chaqueño, de casi 500 km de extensión, tanto o más escandaloso que el del metrobús. Los trabajos debían concluir en agosto de 2013, a un costo de 50 millones de dólares, financiado por el BID. Hasta hoy, habiendo irrogado ya más de 130 millones de dólares, nunca ha funcionado a plenitud.

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La ineficiencia técnico-administrativa del Estado es tan dañina para el bien común como la consabida corrupción. Suele criticarse su “ausencia” en ciertas áreas, pero ocurre que muchas veces el aparato estatal puede resultar un problema antes que una solución, sobre todo cuando se trata de gestionar proyectos más o menos importantes. Es lo que demuestra, por si aún hacía falta, el tremendo fiasco del acueducto chaqueño, de casi 500 km de extensión, tanto o más escandaloso que el del metrobús.

Los trabajos debían iniciarse en noviembre de 2012 y concluir en agosto de 2013, a un costo de 50 millones de dólares, a ser financiado mediante un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Hasta hoy, habiendo irrogado ya más de 130 millones de dólares, el acueducto nunca ha funcionado a plenitud, debido a reiterados desperfectos constatados en sus tres “fases”. En el caso actual, el agua fue bombeada por última vez el 23 de diciembre del año pasado. Es decir, pasaron los presidentes de la República Federico Franco, Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez, así como los ministros de Obras Públicas y Comunicaciones Enrique Salym Buzarquis, Ramón Jiménez Gaona, Arnoldo Wiens y Rodolfo Segovia, pero la muy encarecida obra no sirve hoy absolutamente para nada, más que para endeudar a nuestro país. La responsabilidad política por las demoras, los sobrecostos y los desperfectos es compartida por todos ellos, sin que hasta ahora se hayan tomado la molestia de dar cumplidas explicaciones.

Por de pronto, la fuente de financiamiento ya se ha agotado y el MOPC no ha anunciado tan siquiera su intención de que la chapucera obra sea arreglada. De hecho, funcionarios de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay SA (Essap), administradora del acueducto, afirman que seguir remendándolo implicaría “tirar dinero”, pues los repuestos son costosos y solo aguantan unos pocos días. En verdad, ya se dilapidó bastante en este elefante blanco que ya había nacido con un serio problema, oportunamente advertido por unos “Ciudadanos contra la Corrupción”. En efecto, más allá de que los fiscales de obra hayan recibido trabajos hechos con materiales de pésima calidad, resulta que el infeliz proyecto carecía de un estudio final de fiabilidad técnica, dado que entre Puerto Casado y Loma Plata existiría una pendiente negativa de 50 metros.

Según parece, el BID no es muy exigente a la hora de analizar la seriedad de un emprendimiento: ya no lo fue cuando financió alegremente el fallido metrobús; es probable que sí lo sea al requerir el pago del préstamo otorgado, a costa de una población que no se habrá beneficiado en absoluto del ruinoso emprendimiento. Es enorme el daño que los habitantes del Chaco central vienen sufriendo por carecer de agua potable y perder cultivos por falta de riego, pero ni el Estado ni las empresas contratistas tendrán a bien indemnizarles; desde luego, tampoco lo harán –personalmente– los funcionarios ministeriales que hayan cometido un delito, una falta o una transgresión en el ejercicio del cargo.

Ocurre que cuando la “presencia” estatal provoca graves perjuicios, nadie asume responsabilidad alguna. Ya es tiempo de que el Ministerio Público y la Contraloría General de la República se ocupen de este hediondo asunto que ya dura más de una década y que acaso no hubiera surgido si en 2010 el presidente de la República Fernando Lugo hubiera promulgado la ley que permitía construir acueductos por iniciativa privada, mediante la figura de la servidumbre de paso. Vale recordar que en aquella ocasión este diario señaló que al Gobierno le disgustaría tal iniciativa, porque puede revelar la ineficiencia y la corrupción estatales. Si los chaqueños hubieran podido elegir entre el acueducto privado y el estatal, es bastante probable que hubieran optado por el primero y que, por ende, ya habrían contado con el líquido vital desde hace años.

La corrupción y la incapacidad reunidas en los sucesivos Gobiernos son extremadamente nocivas para el país, aunque no así para quienes tienen la inmerecida suerte de integrarlos. El próximo tendrá que cargar con este “muerto”: ¿lo enterrará, finalmente, o preferirá resucitarlo “bombeando” más dinero? La experimentada futura ministra Claudia Centurión, exjefa de la Dirección de Proyectos Estratégicos del Ministerio en cuestión y exempleada del ingeniero Ramón Jiménez Gaona, tendría algo que decir. Claro que también tendrá que ocuparse, con el Ministerio de Hacienda, de la deuda de más de 360 millones de dólares, acumulada por la cartera. Así como están las cosas, ¿valdría la pena aumentarla, arrojando más dinero al barril sin fondo del malhadado acueducto? ¿O buscar alguna otra solución de fondo que no implique más sangría de las arcas públicas, es decir, del dinero de todos? En cualquier caso, quienes resultaren responsables en todo este tiempo de este chapucero proyecto deben rendir cuentas ante la ley.

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