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Las numerosas delegaciones extranjeras que llegarán para asistir al traspaso de la Presidencia de la República de Mario Abdo Benítez al electo Santiago Peña, este 15 de agosto, tendrán la nada envidiable ocasión de apreciar in situ el calamitoso estado de la “madre de ciudades”, la “muy noble y muy ilustre” capital paraguaya. Hallarán que sus habitantes tienen la desdicha de vivir en una ciudad inhóspita, en la que la infraestructura pública, los servicios, el tránsito, el ambiente y la salubridad están en aguda crisis, por obra y gracia de una administración municipal inepta, indolente y presuntamente corrupta. El pésimo estado de las avenidas y más aún de las calles, la basura acumulada por doquier, las aguas servidas, los semáforos descompuestos, la polución sonora, las plazas y los parques abandonados o invadidos son calamidades a las que se suman las aceras rotas y los baldíos descuidados, porque los particulares que deben mantenerlos quedan impunes, en tanto que los vendedores que ocupan espacios públicos, sin pagar el canon, no son desalojados con el auxilio policial, si fuera necesario.
El Mercado N° 4 continúa siendo un foco de corrupción y una bomba de tiempo que puede estallar con resultados catastróficos. Si la “bicisenda” de la calle Iturbe fue un costoso fracaso de la gestión del exintendente Mario Ferreiro (Avanza País), es de esperar que las de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista), al menos, no corran la misma suerte. En cuanto a los barrios periféricos, como los surgidos en los Bañados Norte y Sur, carecen de las obras y de los servicios municipales indispensables, como si sus pobladores no tuvieran iguales derechos que los de otras zonas; como están más o menos ocultos, no hay motivos para temer que sus condiciones de vida sean observadas por los “huéspedes ilustres” de la “madre de ciudades”, razón por la que ni siquiera recibirán un auxilio municipal de emergencia.
Nada de lo antedicho parece inquietar al intendente ni a la mayoría de los 24 ediles, entre cuyas prioridades descuella la satisfacción de los intereses de una clientela política integrada por unos nueve mil funcionarios, contratados y jornaleros, que no solo lastran el deficitario presupuesto municipal a costa de las inversiones, sino que también obligan a un endeudamiento anual para abonar sus remuneraciones, “reajustadas” sobre todo en función del calendario electoral. Es que los “operadores políticos” tienen que ser bien atendidos, a expensas de todos.
Se estima que la evasión de tributos municipales oscila entre el 40% y el 45%, lo que resulta comprensible, tanto por la ineficiencia y la posible complicidad del aparato recaudador como por el desgano de pagarlos, dada la miserable prestación en obras y servicios. Resulta así un círculo vicioso causado por los vicios municipales que se vienen arrastrando desde hace décadas. Una administración que, como la actual, dio la sensación de que ni siquiera se abstuvo de robar durante una pandemia mediante contrataciones amañadas, mal podría generar confianza alguna en los contribuyentes.
Si es incapaz de ocuparse de cuestiones típicamente comunales, lo será aún más cuando asuma tareas delegadas por el Estado central, como la construcción o reparación de centros educativos y la provisión de la merienda escolar, con recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). Y bien, la Municipalidad asuncena no los recibe del Ministerio de Hacienda desde 2014, junto con las transferencias de royalties y de ingresos fiscales por los juegos de azar, por incumplir la ley que exige rendir cuentas de los montos recibidos. ¿Por qué será que no cumple con dicho requisito?
No se trata solo –ni mucho menos– de brindar una buena imagen a los distinguidos visitantes extranjeros, sino de reclamar en voz alta que Asunción sea en todo tiempo una ciudad acogedora para la gente que la habita y que abona sus impuestos y tasas. Los vecinos no tienen por qué continuar soportando un vergonzoso desgobierno municipal, por lo que tienen que despertarse y reclamar, con firmeza y perseverancia, dentro de lo que dispone la ley, que sus autoridades –intendente y concejales– cumplan con sus obligaciones y promesas electorales, como corresponde.