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Hay seis proyectos de ley remitidos por el Poder Ejecutivo al Congreso relativos a reformas estructurales, no solamente del Estado, sino también de otras áreas del funcionamiento institucional y económico, más otros tres que se presentarán antes del fin de este período gubernamental, según anunció el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas. Por lo que se sabe y por lo que han manifestado sus voceros, todos cuentan con el visto bueno del Gobierno que asumirá el 15 de agosto, por lo que solo resta esperar que el nuevo Poder Legislativo los trate cuanto antes con las debidas celeridad y responsabilidad.
Los que ya están presentados son el de fortalecimiento de la institucionalidad fiscal, que establece nuevos lineamientos para aprobación y manejo del Presupuesto; el de garantías mobiliarias, que formaliza y dinamiza el uso financiero de bienes muebles, instrumentos de futuro y créditos por cobrar; el de transparencia e inclusión financieras; el de resolución de la insolvencia, que modifica la ley de quiebras, que data del año 1969; el de la función pública, que pone nuevas reglas para la contratación, ascenso y carrera civil de los funcionarios; y un nuevo marco regulatorio para las empresas públicas.
Los tres que están por presentarse también son de gran trascendencia: el de estructura del Estado, que evita la superposición de funciones; el de formalización del empleo, que, entre otras cosas, crea un régimen especial dentro del IPS para trabajadores dependientes de mipymes; y el de creación de una superintendencia de jubilaciones y pensiones.
Por supuesto que tendrán que ser sometidos a cuidadosos análisis y amplios debates, confrontados con las posturas individuales y políticas, y hasta ideológicas, de los exponentes de las distintas fuerzas con representación parlamentaria, como corresponde en una democracia. Pero si tanto se habla de cambios profundos, tal como se prometió profusamente en las recientes campañas electorales, entonces las reformas estructurales tienen que estar en lo más alto de la agenda.
Además, hay al menos cuatro razones adicionales por las que es muy importante tratar estos grandes temas ahora y no dejarlos para después. La primera es que se está inaugurando un nuevo Gobierno, que contará por un tiempo con popularidad, capital político y con un voto inicial de confianza que le darán margen para impulsar transformaciones. Más temprano que tarde esa ventaja se diluirá, tal como lo hemos visto una y otra vez a lo largo del período democrático. Pronto la dinámica del poder y el desgaste de la gestión gubernamental le harán perder fuerza, incluso dentro de su propio partido.
La segunda razón es una cuestión de cálculo que los gobernantes suelen perder de vista. Los cambios estructurales son necesarios, pero difíciles. Indefectiblemente impactan en algunos sectores en lo inmediato y, a la vez, por lo general, tardan en dar los resultados esperados en beneficio de las mayorías, incluyendo a muchos de esos que se ven afectados en el corto plazo. Si los gobiernos deciden enfrentar el costo al principio, podrán recoger los frutos políticos del éxito de esas medidas al final de sus mandatos. Pero si esperan, ellos pagarán el precio y otros se llevarán los réditos.
La tercera razón es coyuntural. Este es un momento favorable desde el punto de vista económico, con buenas perspectivas de crecimiento por las buenas cosechas y el efecto de rebote después de muy malos años por la pandemia y las sequías. Siempre es más propicio realizar reformas en tiempos de auge económico, lo que no solamente suaviza su impacto, sino que permite un mejor y más rápido aprovechamiento de sus beneficios. Lamentablemente Paraguay desaprovechó los “vientos de cola” de la década del 2010, cuando muchas de estas reformas pudieron y debieron haberse realizado, en cuyo caso hoy el potencial del país habría sido muy superior. No hay que repetir la experiencia. Los ciclos económicos son fluctuantes. Llegarán las épocas de vacas flacas y, una vez más, será tarde.
La cuarta razón es que en poco tiempo habrá que concentrarse en el Presupuesto 2024, lo que consumirá todo el esfuerzo y la atención, con los complicados procesos de negociación y típicos roces fuera y dentro del Gobierno. Lo ideal sería estudiar estos proyectos de ley y avanzar en el proceso de aprobación antes de noviembre.
Hasta el momento los nuevos congresistas que asumieron efectivamente el 1 de julio se han dedicado mayormente a cuestiones internas de orden político. Independientemente de la relevancia que ello pueda tener, la principal función constitucional de quienes ocupan las bancas en ambas cámaras es legislativa. Es hora de que comiencen a darles máxima prioridad a los grandes temas nacionales y a demostrar a la ciudadanía que están a la altura.